Los inquilinos de los residenciales públicos no verán un aumento en la tarifa de energía eléctrica ahora que Luma Energy asumió la transmisión y distribución energética del país, afirmó este jueves el gobernador Pedro Pierluisi.

La aclaración la hizo mientras aludía a comentarios realizados por líderes de los residenciales en este proceso de transición que se realizó entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA.

“Salió a relucir que residentes de residenciales públicos se preocuparon que quizás ahora iba a haber un alza en la tarifa que pagan por la luz y eso no es así. Lo que paga los residentes de los residenciales públicos en cuanto a energía está establecido en ley. Eso Luma no lo puede cambiar, lo tiene que cumplir”, manifestó durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Específicamente, varios líderes de residenciales públicos realizaron un reclamo público ante su preocupación de que aumente el precio de la factura de la luz y de que los subsidios que reciben sean eliminados.

“Como bien expresamos en nuestro anterior comunicado los residentes de vivienda pública somos el único sector que si se les suspende el servicio de energía eléctrica pierde también su vivienda. Es decir, cualquier aumento en el costo de la luz tiene un efecto en cadena aterrador porque implicaría para nuestras comunidades de limitados recursos el riesgo, no sólo de quedarse a oscuras por no tener con qué pagar, sino que la suspensión por falta de pago, nos dejaría también en la calle, porque es política de la Administración de Vivienda Pública la cancelación del contrato de vivienda”, expresaron en una carta.

Los residentes de Vivienda Pública pagan una tarifa fija de luz que fluctúa entre $30 y $50, según lo establece la ley 22 del 2016.

Por otro lado, el gobernador expuso que todo aumento que tenga a bien Luma solicitar una vez su contrato cumpla tres años de vigencia, o sea, en junio de 2024, tiene que ser aprobado por el Negociado de Energía.

“Ya Luma garantizó que no va a haber un aumento de tarifa en los primeros tres años de su contrato. El rol del gobierno es fiscalizar el contrato, lo que el contrato dispone es lo que el gobierno va a velar que se cumpla. La política pública de esta administración es que no deben haber aumentos por costos administrativos de la Autoridad. Si hay aumento del costo de la luz en Puerto Rico, debe ser por causas que no controlamos, como por ejemplo, que se eleva el precio del petróleo”, manifestó.

Pierluisi dijo estar confiado de que el Negociado de Energía hará su trabajo para el beneficio del pueblo y que los ajustes en el costo energético sea solo justificado.

“Ahora tenemos un mejor sistema en Puerto Rico, porque tenemos un ente regulador. Antes era un monopolio por la libre. Ahora tenemos a un ente regulador que yo sé que va a hacer su trabajo”, puntualizó.