El gobernador Pedro Pierluisi indicó este miércoles que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) “está fiscalizando” a las personas y entidades recipientes de beneficios contributivos bajos la Ley 60, y ha cancelado cientos de esos decretos a aquellos que no cumplen.

Su afirmación se produjo en respuesta al allanamiento el día antes a la residencia de una persona recipiente de dichos beneficios bajo la Ley 60, Michele Taburno Vasarely, en el que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), a petición de autoridades francesas, incautaron varias obras de arte de gran valor de Victor Vasarely y su hijo, Jean Pierre Yvaral, que son objeto de una extensa disputa legal y acusaciones de robo de obras de arte que se extiende por Francia y Estados Unidos.

Además de este caso, también ha trascendido que otros sujetos beneficiados por la Ley 60 también tienen problemas legales.

“Yo lo que estoy viendo es que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio está fiscalizando y ya ha cancelado más de 300 decretos. Eso habla por sí solo. Antes básicamente muy pocos se habían cancelado. Así que sí está supervisando a estas personas y entidades que han recibido decretos”, afirmó Pierluisi.

“Ya el detalle de cuáles son los requisitos para uno obtener un decreto de exención bajo el Código de Incentivos, es decir la Ley 60, ese detalle se lo dejo en manos al secretario de Desarrollo Económico y Comercio (Manuel Cidre) o al licenciado (Fermín) Fontán que es el que dirige la Oficina de Incentivos Contributivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio”, sostuvo el gobernador, agregando que ha asignado más recursos a esa oficina y “ahora tienen más abogados allí laborando”.

A la pregunta sobre si el proceso para otorgar esos decretos debería ser más riguroso, el gobernador respondió que “ellos lo que tienen que hacer es cumplir la ley. La ley se tiene que hacer cumplir como está”.

Cuestionado con el hecho de que el secretario de Hacienda, Francisco Parés, ha sugerido que la ley no es suficiente y debería tener más garras, el gobernador aclaró que “la ley vigente a quien le da la potestad de cancelar el decreto es al secretario de Desarrollo Económico y Comercio”.

“El secretario de Haciendo indica que le gustaría tener mayor inherencia en estos asuntos. Para que ese sea el caso habría que enmendar la ley. Ahora mismo hay proyectos de ley en la Legislatura pendiente, no tengo el detalle de cada uno de ellos, que versan sobre el Código de Incentivos”, agregó.

“Yo lo que estoy de acuerdo es que el secretario de Hacienda pueda intervenir y expresar su sentir, y que, a base de la ley actual, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio debe tener deferencia al secretario de Hacienda, porque es el perito en el área contributiva. Si el secretario de Hacienda, por ejemplo, recomienda la cancelación de un decreto, eso debe gran peso en manos del secretario de Desarrollo Económico y Comercio”, comentó, agregando que “no tengo objeción a que el secretario de Hacienda tenga injerencia directa, pero no tengo ese proyecto ante mi consideración”.

Sobre si deberían ser más rigurosos los requisitos para otorgar un decreto, sostuvo que “no voy a opinar al vacío, pudiera haber algún requisito que se cambie, pero realmente ahí lo importante, yo entiendo, es que tienen que suplir todo tipo de información al Departamento (de Desarrollo Económico y Comercio), y el detalle, lo establece la ley”.

Reconoció que, aunque “sí hay varios (de los recipientes de decretos) envueltos (en problemas)” acotó que “aquí se han emitido cerca de 5,000 decretos para inversionistas individuales, y por otro lado se ha emitido posiblemente una cifra similar para empresas que se dedican a la exportación de servicios y de bienes”.

“Lo que he visto es que sí, algunos han generado controversia. También he visto que se han cancelado 300 decretos. Y eso lo que me confirma es que el Departamento (de Desarrollo Económico y Comercio) está activo, está vigilante, y cuando tiene causa para cancelar un decreto, lo hace”, insistió Pierluisi.