La gobernadora Wanda Vázquez anunció hoy una ayuda económica de $500 para los contribuyentes del sector privado y pensionados, a raíz de la emergencia del coronavirus COVID-19 en la Isla.

“Como parte de las ayudas económicas para nuestro pueblo, le estoy solicitando a la Junta de Supervisión Fiscal que autorice los fondos necesarios para poder enviar una ayuda económica a cada contribuyente de $500 en la Isla, así como a los pensionados, independientemente de si rindieron o no la planilla del año pasado”, indicó la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Añadió que este dinero “se unirá a otros incentivos federales que ya han sido anunciados, así como los $1,200 por personas y los $500 por hijo que el Departamento de Hacienda estará trabajando con el Tesoro federal".

Según detalló el secretario de Hacienda, Francisco Parés, a Primera Hora, en la Isla hay unos 300,000 pensionados y 700,000 empleados del sector privado. Sin embargo, no todos podrían recibir este incentivo para mitigar el impacto económico que ha generado la pandemia del coronavirus en la Isla.

El titular indicó que durante la negociación con la Junta se podrían establecer límites que pudieran reducir el grupo de beneficiarios, como, por ejemplo, algún tope de ingreso económico.

Se espera que este incentivo genere una inversión del gobierno de $250 millones provenientes de alguna de las dos fuentes de financiamiento que se han identificado. Una de estas son sobrantes que se anticipan tendrá el Fondo General por un dinero separado para costear el Medicaid.

La gobernadora justificó la utilización de este dinero, pues el gobierno federal asignó la suma para costear el programa de salud.

Vázquez precisó que este beneficio, unido con un con el paquete de incentivos que ya concedió de $787 millones y que dio $500 a personas que laboraban por cuenta propia, así como $1,500 para pequeños y medianos comerciantes, provocaría que el gobierno inyecte a la economía un monto total de $1,000 millones en esta emergencia provocada por el coronavirus.

De igual forma, la gobernadora informó que ordenó cancelar todo contrato del gobierno que tenga relación con el abogado de Apex y exdirector de la Autoridad para el Transporte Marítimo, Juan Maldonado de Jesús. De igual forma, pidió anular el contrato de Eduardo Laureano con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Vázquez también señaló que un funcionario federal vigilará las compras del Departamento de Salud.

Mientras, al ser abordada sobre los recientes pedidos de la ciudadanía para que renuncie, Vázquez afirmó que continuará con su candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.

En la conferencia estuvieron presentes los secretarios de Estado, Elmer Román; de Hacienda, Francisco Parés; de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero; del Trabajo, Briseida Torres; de Salud, Lorenzo González; de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, así como de Educación, Eligio Hernández.

La primera ejecutiva no emitía expresiones públicas desde el pasado sábado, cuando en un programa transmitido por la Corporación para la Difusión Pública (WIPR – Canales 6 y 3), en el que no se permitió la presencia de periodistas de otros medios de comunicación, anunció la tercera extensión del toque de queda y cuarentena obligatoria para lidiar con la emergencia de salud pública causada por el COVID-19.

Ese día, extendió la cuarentena hasta el 3 de mayo, flexibilizó varias actividades económicas y retomó el toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. Días después, por pedido de los alcaldes, restableció el toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

Por esta presentación en WIPR, los comisionados electorales del Partido Popular Democrático, Lind Merle Feliciano, y del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, le radicaron sendas querellas ante la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones por controlar la información pública en medio de la pandemia del coronavirus. Ambos catalogaron el programa como uno de “propaganda”.

La controversia de las pruebas

Previo a la extensión del toque de queda emitida el pasado sábado, la gobernadora realizó el miércoles, 8 de abril, una conferencia de prensa en la que se expresó molesta por las investigaciones que se habían publicado en los medios de comunicación, principalmente del diario El Nuevo Día, por la compra irregular de pruebas de coronavirus a una empresa dedicada a la construcción, Apex General Contractors, a sobreprecio y con vínculos al Partido Nuevo Progresista (PNP) en el poder. Además, por expresiones hechas por la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, sobre supuestas presiones para firmar un contrato.

Según expresó Vázquez en aquella ocasión, en el proceso de adquisición de las pruebas no hubo ninguna irregularidad.

La gobernadora reiteró que la orden a Apex siguió “el mismo procedimiento como cualquier compra”. En el tracto, Vázquez mencionó que, al menos, cinco personas estuvieron involucradas en la contratación y que nadie ha mencionado que recibieron presiones indebidas para avalarlas.

Pero, desde que la gobernadora defendió el proceso, han salido a relucir múltiples irregularidades dadas a conocer por investigaciones periodísticas y en las vistas públicas que realiza la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para indagar en la controversia.

Entre los señalamientos está que el coordinador del task force médico del coronavirus, Segundo Rodríguez, fue quien le dio el teléfono de Maldonado de Jesús a la exsecretaria auxiliar en Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, para que se iniciara el proceso de la compra.

También trascendió que una de las firmas del contrato, la del empresario Aaron Vick, fue falsificada. Este aparece como “suplidor” en representación de la firma constructora.

Además, la empresa australiana a la que Apex alegó que le compraría las pruebas, Promedical, emitió unas declaraciones escritas a El Nuevo Día en la que estipuló que la empresa “no ha tenido ninguna conversación, ni ha firmado ningún contrato, con Apex General Contractors. Además, la empresa australiana no ha recibido ninguna orden ni recibido pagos de Apex General Contractors”.

Según ha salido a relucir, Apex logró entrar a Salud gracias a que Maldonado le envió un mensaje de texto al coordinador del task force médico y este último le dio el teléfono a Rosa para que se iniciaran los trámites de compra.

Entonces, Apex envió a Salud el 26 de marzo una primera cotización de un millón de pruebas a $42 cada una. Posteriormente, ese mismo día, envió otra corregida, en la cual bajó el precio a $38 cada una, pero pidiendo el 50% de adelanto.

Ese mismo día fue que salió la orden de compra y la agencia pagó un adelanto de $19 millones.

En las vistas camerales, trascendió que Maldonado envió el contrato a las 2:49 p.m. y que a las 3:32 p.m. ya Graciela Malavé, gerente de evaluación del área de bioseguridad bajo contrato de servicios profesionales en el Departamento de Salud, lo había evaluado y autorizado la compra.

El 31 de marzo el contrato fue cancelado, bajo el alegato que las pruebas no habían llegado y las mismas no contaban con el aval de las autoridades federales. No obstante, el director de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar Chávez, confirmó que el Oriental Bank congeló la cuenta bancaria en la que se depositaron los $19 millones por razones de seguridad y la empresa no pudo realizar la compra. No fue hasta el 4 de abril que Apex pudo devolver el dinero al gobierno por el fallido proceso.

Ayer, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, aceptó que el proceso de adquisición de pruebas le había parecido irregular, porque había otra empresa que ofrecía 500,000 pruebas a $13 cada una. En la vista cameral, sin embargo, se había señalado que el precio ofrecido por esas pruebas era de $10 cada una.

“Eso incita y sí genera la duda”, planteó.

Otro de los señalamientos que se dio a conocer es que el director de campaña de Vázquez en su intento de aspirar en las próximas elecciones generales, Jorge Dávila, también refirió a empresarios a Salud para que vendieran pruebas para detectar coronavirus.

Este jueves continúan las vistas públicas camerales en la que se indaga sobre todo este proceso de compra.

Actualmente, en el país 1,043 personas han sido diagnosticadas con COVID-19. De ese total, 56 son víctimas fatales.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus COVID-19, pueden llamar a la Línea PAS de ASSMCA al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al 787-999-6202.