La gobernadora Jenniffer González Colón informó esta tarde la radicación de un nuevo recurso legal ante el Tribunal Supremo contra LUMA Energy.

El anuncio se produjo horas después de que el Tribunal de San Juan paralizara los procedimientos de la demanda presentada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual busca anular la validez del contrato de LUMA Energy.

Este recurso anunciado hoy es presentado por el Gobierno de Puerto Rico, representado a la Gobernadora. Se solicita una Sentencia Declaratoria para que el Tribunal declare nula, inválida y sin efecto jurídico la extensión del contrato suplementario bajo el que el conglomerado opera el sistema de transmisión y distribución eléctrica.

La demanda persigue restablecer el Estado de Derecho aplicable a las alianzas público-privadas energéticas; proteger el interés público, la salud, la seguridad y la economía del Pueblo de Puerto Rico; y dar paso a una transición ordenada de la operación de LUMA.

El Gobierno solicita que el Tribunal declare nula y sin efecto jurídico la Carta-Extensión del 30 de noviembre de 2022; que, como consecuencia, el Supplemental Agreement y el T&D OMA terminaron por sus propios términos el 30 de noviembre de 2022; y que LUMA mantiene la obligación contractual de colaborar en un proceso de transición ordenada, incluyendo la entrega de información, sistemas y coordinación operacional.

LUMA responde

En reacción, LUMA Energy sostuvo que el Tribunal Federal del Título III es el foro adecuado para atender cualquier reclamación relacionada con este asunto. La empresa recordó que tanto el contrato original como su posterior extensión “fueron creados, negociados y ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico”, y aseguró que, una vez el nuevo documento sea recibido formalmente, su equipo legal lo evaluará y responderá por los canales legales correspondientes, guiados por el mejor interés de sus clientes.

Además, LUMA afirmó que estas acciones, que calificó como motivadas políticamente, “ponen en peligro el progreso real y medible logrado desde 2021”, al arriesgar proyectos críticos dirigidos a modernizar y fortalecer la red eléctrica del país, con un efecto perjudicial para la ciudadanía.

Mientras el gobierno continúa, según indicó, emprendiendo acciones legales infundadas, la empresa reiteró que sus más de 4,000 empleados permanecen comprometidos con la operación, el mantenimiento y el fortalecimiento del sistema eléctrico, con el objetivo de lograr una red segura, confiable y resiliente para Puerto Rico.