La gobernadora Jenniffer González Colón anunció la firma de dos medidas de su administración, ahora convertidas en ley, dirigidas a fortalecer la fiscalización del uso de fondos públicos y a prohibir la influencia económica de entidades extranjeras en el sistema electoral de Puerto Rico.

Una de las nuevas leyes, la Ley 52-2026, crea la “Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Propiedad Pública”, estableciendo un marco regulatorio para que se notifiquen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico todas las pérdidas o irregularidades relacionadas con bienes y fondos públicos. La medida sustituye un modelo declarativo por uno procedimental, digitalizado y con consecuencias concretas, con el fin de reforzar la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.

Según el comunicado, en la última década el Gobierno de Puerto Rico ha perdido más de $4.2 millones en fondos públicos debido a propiedad extraviada o manejada de forma irregular por 81 entidades gubernamentales que no cumplieron con el requisito de notificación al Contralor.

La segunda medida, la Ley 53-2026, enmienda la Ley 222-2011 para prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico. La pieza legislativa surge tras el caso radicado contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por alegadas violaciones a las leyes de financiamiento de campañas.

“Cumpliendo con el compromiso contraído con nuestro Pueblo, este Gobierno reconoce la importancia de garantizar que nuestro proceso electoral quede libre de toda influencia corporativa extranjera, que pueda atentar con nuestro sistema democrático. De esta manera también protegemos nuestro sistema electoral de otros intereses ajenos a nuestras costumbres y tradiciones. Por ello, este Gobierno considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunden en fortalecer el derecho electoral, nuestro sistema de financiamiento de campañas políticas, y con ello, el sagrado derecho al sufragio universal”, dijo la gobernadora.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue acusada en el foro federal por presuntamente aceptar la promesa de un donativo de campaña por parte del empresario venezolano, Julio Herrera Velutini, a cambio de intervenir en un asunto relacionado a una investigación. El caso fue posteriormente desestimado luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto.