Río Grande y Canóvanas están en estado de emergencia.

La gobernadora Jenniffer González Colón emitió una orden ejecutiva para declarar la emergencia, debido a que los dos pueblos se encuentran desde el lunes en un plan de interrupciones programadas de agua potable.

Según se informó, se registró una reducción significativa de los caudales que alimentan la Planta de Filtración Guzmán Arriba de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), situación que obligó a establecer las interrupciones programadas de 48 horas, alternando entre dos zonas preestablecidas en estos pueblos.

“Mi prioridad es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestras familias. Ante esta situación, tenemos activos todos los recursos del Gobierno de Puerto Rico para asegurar que las comunidades afectadas reciban el apoyo necesario y que se mantenga la continuidad de los servicios esenciales”, expresó la gobernadora.

Detalló que esta orden ejecutiva, la número 32-2026, “nos permite que tanto la Guardia Nacional, como el resto de las agencias de gobierno puedan ayudar a estos pueblos. Estamos hablando de Canóvanas, estamos hablando de Río Grande”.

A modo de ejemplo, indicó que las agencias pueden moverse a las comunidades impactadas para entregar agua para beber o acudir a llenar cisternas en el sector hotelero, industrial, comerciantes o residentes.

Específicamente, la orden de emergencia activó a la Guardia Nacional para apoyar las operaciones de respuesta de la AAA y de las agencias gubernamentales involucradas en la emergencia.

“Entre las funciones que podrá desempeñar la Guardia Nacional se encuentran la distribución de agua potable mediante camiones cisterna, el transporte de personal, equipos y suministros, el establecimiento de centros de distribución y otras tareas logísticas y operacionales necesarias para atender la emergencia”, dice la orden.

La medida también faculta al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Jerome Garffer, a extender la declaración de emergencia a otros municipios o comunidades que enfrenten condiciones similares y requieran recursos extraordinarios para garantizar el acceso al agua potable.

También se instruyó al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y a todas las agencias de la Rama Ejecutiva a poner a disposición los recursos fiscales, humanos, materiales y operacionales necesarios para atender la emergencia de manera rápida, coordinada y efectiva.

Se informó que la orden ejecutiva entró en vigor de manera inmediata y permanecerá vigente mientras subsistan las circunstancias extraordinarias que motivaron la declaración de emergencia o hasta que sea modificada o revocada mediante una orden posterior.