La gobernadora Jenniffer González Colón explicó este viernes por qué la petición realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en enero de 2025 y que viabilizó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas entregara información de 6,321 personas con estatus migratorio no definido constituye a su juicio un “mandato federal”.

De paso, culpó al exgobernador Alejandro García Padilla de ser el responsable de que el gobierno tuviera información de los migrantes, ya que en el 2013 firmó la ley que le dio derecho a tener licencias e identificaciones del DTOP.

En conferencia de prensa en La Fortaleza, la primera ejecutiva alegó que la agencia federal tenía derecho a acceder a los datos, ya que las licencias tienen Real ID, una información que es “federalmente protegida”.

“Por lo tanto, toda información que tiene que ver con el DTOP, Puerto Rico es custodio de esa data por virtud del Departamento de Transportación federal. Por lo tanto, nosotros recibimos fondos federales. Nosotros podemos ser, en cualquier momento, el gobierno federal puede decirme no te voy a dar fondos federales, porque me está restringiendo el acceso a la información que es nuestra. Así que cuando el gobierno de Puerto Rico tiene un subpoena federal requiriendo información, el gobierno tiene que cumplir”, insistió.

La explicación la dio, luego de que el liderato de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciara ayer, jueves, que el subpoena era administrativo y no tenía carácter en ley. Su directora, Annette Martínez, insistió en que el DTOP debió haber requerido una orden judicial con el requerimiento y no entregar la información a tres días de solicitada.

La gobernadora catalogó las expresiones de la ACLU como “políticas” y dijo que sus argumentos eran “incorrectos de su faz”.

“Hay un subpoena federal que yo vi, que se le dio al DTOP para la entrega de una data, y el gobierno de Puerto Rico cumplió con el mandato federal. No es que se le entregó voluntariamente ni ‘random’, como han tratado de implicar, que dicho sea de paso se da como producto de una legislación de Alejandro García Padilla, quien es que pide la codificación de esa data, no es de esta legislación”, sostuvo.

La gobernadora dijo que no se reveló la entrega de la información de las personas con estatus migratorio no definido, porque el subpoena alude a que estaba prohibida su divulgación.