La gobernadora Jenniffer González Colón todavía no ha determinado el futuro del secretario de Corrección, Antonio Quiñones Rivera, tras haber sido acusado de un presunto acoso laboral y discrimen de género.

No obstante, le emitió una orden a que esté vigilante al proceso de sustitución de Physician Correctional, a cargo de los servicios de salud a los confinados. Alegó que la empresa creó otras corporaciones para supuestamente licitar por el contrato que el gobierno busca eliminarle.

Así lo informó la funcionaria este miércoles en una conferencia de prensa realizada en Naguabo.

Fue el pasado sábado que González Colón informó que consideraba retirar a Quiñones Rivera de sus funciones. Esto, luego de que se dieran a conocer alegaciones en su contra, hechas por una exayudante especial que se querelló por acoso laboral, discriminación por sexo y abuso de autoridad.

Al preguntársele qué acciones había tomado, informó que “mañana, (jueves) tiene una reunión con el secretario de la Gobernación, (Francisco Domenech) para discutir esto. La información que tengo es que hay varias querellas ante la agencia federal, una agencia federal de ‘unemployment’, que está atendiendo (las querellas) y que nosotros como gobierno vamos a cooperar con toda la investigación que nos pida esta agencia sobre las querellas presentadas”.

De paso, indicó que le había dado una “instrucción clara” al secretario de Corrección para eliminar el contrato de Physician Correctional, tras identificarse una irregularidad que llevó a la liberación de un preso que cometió un feminicidio. Entonces, reveló que dentro del proceso de licitación, en el que participan 12 empresas, hay presuntas conexiones con la empresa que desea sacar del gobierno.

“Esta compañía de Physicians Correctional le falló al pueblo de Puerto Rico, lo dije durante la campaña, le di instrucciones al secretario de que se cancele este contrato y se busque un nuevo operador. Y, la información que tengo, por voz de secretario es que están en el trámite de quiénes son las compañías que van a estar licitando para este nuevo contrato. Yo creo que el secretario tiene evaluar eso bien, porque lo que me dicen es que el contratista de Physician Correctional hizo varias compañías para también licitar para este mismo contrato. Así que todo eso lo tiene que evaluar el Departamento de Corrección al momento de establecer quiénes van a ser el nuevo operador del sistema”, manifestó.

Se le preguntó a González Colón si sabe quién es la empresa o empresas asociadas. Pero, su respuesta no fue precisa.

Respondió que “yo creo que lo tienen que ver en quiénes son los agentes residentes, quiénes son los dueños, dónde se inscribieron, todo ese tipo de cosas. Y yo no tengo esa información”.

Se le insistió a que explicara quién era la empresa o empresas vinculadas a Physician Correctional. Su segunda respuesta fue que “desconozco, porque eso es un asunto que lo trabaja el Departamento de Corrección de manera directa”.

González Colón solicitó terminar el contrato con Physician Correctional, tras la consternación ciudadana por el incidente registrado en el caso de Hermes Ávila Vázquez, quien cometió un feminicidio contra Ivette Joan Meléndez Vega mientras disfrutaba de un pase extendido concedido por Corrección por unas condiciones médica que no padecía, como ser paciente de SIDA y ser parapléjico.

En la investigación del caso, trascendió que un panel de médicos de Physician Correctional analizó el caso. Nunca detectaron que el hombre podía caminar y no sufría de enfermedades terminales.