La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este martes el proyecto de ley conocido como la Reforma Judicial.

Entre otras cosas, la medida transfiere facultades administrativas de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, para compartirlas o delegarlas en el pleno del Tribunal Supremo, incluyendo la designación de jueces regionales y otros puestos.

Además, la medida reorganiza la estructura administrativa del Poder Judicial, elimina de manera prospectiva la categoría de juez municipal para uniformar la composición del Tribunal de Primera Instancia, reafirma el modelo constitucional de administración compartida entre el Tribunal Supremo y el Juez Presidente, y crea el Patronato del Poder Judicial como un mecanismo para allegar recursos destinados a la conservación, restauración y modernización de la infraestructura judicial.

La propuesta es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Al firmar la medida y convertirla en ley, la gobernadora no justificó ni explicó su acción.

La nueva ley deroga la Ley Número 201-2003, conocida como la Ley de Judicatura del Estado Libre Asociado. Crea, entonces, la “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”, cuyo propósito es modernizar la organización, administración y funcionamiento de la Rama Judicial.

“Decir que este proyecto quiere quitarle poderes a la presidenta del Tribunal Supremo es mentir. En ninguna de las disposiciones del proyecto se le quita la autoridad para designar al administrador o para ejercer las funciones que le corresponden conforme a la Constitución”, sostuvo Rivera Schatz cuando la medida fue aprobada en el Senado el pasado 25 de junio.

Reacciona Maite Oronoz

Tras conocerse la determinación, Oronoz Rodríguez expresó su lamento por la firma Proyecto del Senado 1096.

“Lamento profundamente la decisión de la gobernadora de firmar el Proyecto del Senado 1096. Durante el trámite legislativo y ante la propia gobernadora, expusimos las serias preocupaciones constitucionales y operacionales que suscita esta medida. Pese a ello, el proyecto se convierte en ley sin que se hayan atendido los cuestionamientos fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento de nuestros tribunales”, manifestó la jueza presidenta en comunicación escrita.

Explicó que la nueva legislación “redistribuye la autoridad para tomar decisiones esenciales en la administración judicial, sin alterar la responsabilidad que nuestra Constitución le asigna a la Presidencia del Tribunal Supremo. Este desajuste entre la facultad de tomar decisiones y la obligación de responder por sus consecuencias plantea serias interrogantes sobre la dirección administrativa y la capacidad de respuesta del sistema judicial”.

“No estamos ante un asunto meramente organizacional. Administrar los tribunales requiere tomar decisiones oportunas sobre recursos, personal y servicios en las distintas regiones judiciales. Nos preocupa que los cambios aprobados introduzcan incertidumbre en estos procesos y afecten la capacidad institucional de atender las necesidades de las personas que acuden a nuestros tribunales”, añadió.

“Ante este nuevo escenario, continuaré cumpliendo con firmeza y responsabilidad los deberes que me impone la Constitución. Asimismo, seguiré trabajando junto a mis compañeros jueces asociados y a toda la judicatura, con quienes comparto el compromiso de servir al país y garantizar el buen funcionamiento de nuestros tribunales.

Desde la Presidencia, examinaremos con rigor y seriedad el alcance de esta legislación, sus consecuencias para la administración de los tribunales y las alternativas jurídicas e institucionales disponibles para atender los cuestionamientos planteados.

Seguiremos defendiendo la independencia individual y organizacional de los tribunales, la continuidad de los servicios y la capacidad de respuesta de los tribunales a las necesidades del Puerto Rico de hoy. Ese compromiso trasciende a quienes ocupamos hoy los cargos públicos y protege a cada persona que acude al sistema de justicia”, finalizó.