La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró este viernes que busca nombrar antes de que culmine el año fiscal, el próximo 30 de junio, a los secretarios de Estado, Justicia y Trabajo.

“Esa es mi meta”, precisó durante una conferencia de prensa realizada en Dorado.

Reveló que está en proceso de entrevistar a los posibles candidatos a llenar las vacantes. La de Estado y Justicia quedaron sin nominado luego de que el Senado rechazara los nombramientos de Verónica Ferraiouli y Janet Parra, respectivamente. Mientras, González Colón retiró el nombramiento de la designada a Trabajo, Nydza Irizarry Algarín. No explicó la razón.

Aclaró que los designados subsecretarios de estas agencias, que están al mando en lo que se nombran a las personas que ocuparán los cargos en propiedad, no quedarían bajo interinato permanente.

“Mi meta no es que un interino se quede permanentemente ahí. La mi meta es tener funcionarios en propiedad y los voy a designar en propiedad. Pero, para eso se hicieron los puestos de subsecretario, para que las agencias cuando ocurran estas cosas por diseño constitucional siempre se quede con alguien que haga el trabajo”, aclaró.

Asimismo, la gobernadora habló sobre la propuesta del “big beautiful tax”, que entre otras cosas elimina la exención de impuestos a los carros híbridos y eléctricos, le impone cargos anuales a sus dueños, así como aumenta de $1,500 a $2,000 el crédito por tener hijos. La medida fue aprobada por la Cámara de Representante federal. Faltaría pasar el cedazo de Senado y obtener la firma de Donald Trump.

Expuso que el aumento del ‘Child Tax Credit’ beneficiaría a los puertorriqueños.

“Tengo que hacer la exhortación porque mucha gente no lo está reclamando porque no están llenando la planilla federal. Así que nosotros, en el gobierno de Puerto Rico, vamos a hacer una campaña de medios para que para el próximo año fiscal la gente someta la reclamación del Child Tax Credit para sus hijos en Puerto Rico, porque hay una proyección mucho mayor de niños en Puerto Rico y los padres no las están reclamando y estamos hablando de, bueno, va a ser casi $2,000, hoy está en $1,500. Va a aumentar, si se aprueba este proyecto de ley, por lo tanto es dinero que estamos dejando sobre la mesa”, sostuvo.

Sobre los impuestos a los autos híbridos y eléctricos, señaló que era esperado que se impusieran cargos.

“Yo creo que todo el mundo sabía que eso iba a pasar”, precisó.

“Ellos han gozado de eximirse contributivamente, no solamente a nivel federal, a nivel local tienen unas exenciones contributivas, eso fue parte de la política pública. Así que una vez eso ocurra, pues, veremos verdad cuáles el impacto y si en Puerto Rico se va a legislar para quitarle las excepciones que tienen”, indicó.

La medida congresional, que exige sea impuesta por jurisdicciones que reciban fondos federales, impondría cargos de $100 anuales a los autos híbridos y $250 anuales a los eléctricos. Además, le elimina las exenciones contributivas que se obtienen en el proceso de compra de la unidad.

“Yo tengo que esperar la aprobación del proyecto de ley, y mi costumbre va a ser no hablar de algo hasta que no se apruebe. Una vez se apruebe, nosotros le vamos a hacer una presentación del pueblo de Puerto Rico de cómo esa aprobación del presupuesto fiscal impactaría no solamente el bolsillo del contribuyente, sino en las operaciones del gobierno”, respondió la gobernadora.

Las expresiones de González Colón ocurrieron durante una visita a Dorado, como parte de su programa “Cumpliendo Contigo”.

En esta ocasión, la primera ejecutiva se reunió con varios jefes de agencias y el alcalde de Dorado, Carlos López, para discutir las necesidades que tiene el municipio.

Entre otras cosas, se informó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas asignará $1.2 millones para un estudio de viabilidad para mejorar el tránsito desde el desvío David Efrón hacia la autopista José de Diego (PR-52) y que se asignarán fondos de la Autoridad de Financiamiento de Vivienda para sacar aguas pluviales que afectan a la comunidad Mameyal por un periodo de seis meses.

Según explicó la gobernadora y el alcalde, la Agencia federal de Protección Ambiental no ha aprobado una troncal en la comunidad, lo que amenaza a una comunidad de 88 viviendas en ser desalojadas. Con el apoyo económico, se intenta evitar que la comunidad sea removida en lo que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado logra los permisos para poner en función la nueva troncal.