En lo que constituye otro regaño al gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó al gobernador Ricardo Rosselló que declaraba nula una regulación emitida en diciembre pasado por el Procurador del Paciente, por que el gobierno no  presentó un estimado del posible impacto fiscal de la medida.

La JSF advierte además que se podría tomar una decisión similar en cuanto a la Ley 47 del 2017, que enmienda diversos artículos de la Ley Habilitadora del Procurador del Paciente, para la cual el gobierno todavía no ha sometido la documentación exigida por la Junta.

El documento emitido por la JSF explica que, el 30 de agosto de 2017, enviaron una carta de respuesta a la certificación de la Ley 47 de 2017, según las disposiciones de la Ley Federal Promesa, y en la misma le informaron al gobierno que la certificación de la Ley 47 no había cumplido con proveer el estimado formal del impacto fiscal que tendría la ley.

Agrega que en la misiva le dieron instrucciones al gobernador de suministrar ese estimado dentro de los siete días posteriores a la promulgación por parte del Procurador del Paciente de las regulaciones necesarias para la aplicación de la Ley 47.

La misiva destaca además que, de acuerdo con la política de la Junta sobre reglas, regulaciones, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas, se requiere que la JSF apruebe cualquier regla o regulación emitida siguiendo la Ley 47, antes de que sean adoptadas.

“Al parecer, el 13 de diciembre de 2018, el Procurador del Paciente promulgó la Regulación 9063, según la Ley 47. La Regulación 9063 no fue sometida a la Junta de Supervisión Fiscal, según exige nuestra política, antes de su implementación (o en momento alguno). Tampoco han sometido ante la JSF una certificación de cumplimiento revisada para la Ley 47, dentro de los siete días posteriores a la promulgación de la Regulación 9063”, dice la JSF.

“Por tal razón, consideramos la Regulación 9063 nula, hasta que sea revisada y aprobada por la JSF, según nuestra política. Requerimos que la misma sea sometida antes del 8 de febrero de 2019. Además, la certificación de cumplimiento de la Ley 47 sigue incompleta. Ante tal situación, y como hemos señalado antes en nuestra carta del 30 de agosto de 2017, nos reservamos el derecho de tomar las acciones que consideremos necesarias…, incluyendo impedir la puesta en vigor de la ley”, culmina el documento que la JSF le envió al gobernador.