Los planes del presidente Donald Trump de indultar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable de un cargo menos grave por violación a leyes electorales, representarían " una humillación más contra el pueblo de Puerto Rico", a juicio del candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau.

La opinió la emitió luego de que trascendiera que Trump contempla conceder el perdón presidencial a la exgobernadora y a los otros dos coacusados del caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, porque el caso federal fue una persecución política.

Dalmau afirmó, en declaraciones escritas, que “Wanda Vázquez fue acusada y se declaró culpable por corrupción. No se trata de alegaciones políticas ni de interpretaciones ideológicas: se trata de hechos probados en el Tribunal Federal. El perdón otorgado por Donald Trump es una humillación más contra el pueblo de Puerto Rico. Ese mismo Donald Trump que ha estado vinculado, por acción u omisión, a redes que encubren traficantes sexuales de menores”.

Añadió que, “ante esta realidad, Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz no pueden seguir guardando silencio. O denuncian y condenan el perdón a una corrupta convicta y el encubrimiento de Donald Trump o quedan retratados como cómplices por asociación de la corrupción. No vengan ahora contra Wanda, es contra Trump. Sin hipocresías. Puerto Rico no puede tolerar más la política del silencio colonial de los sumisos que protege a criminales mientras castiga al pueblo. Aquí se exige claridad moral: o se está del lado de la justicia, o se está del lado de la impunidad”.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La vista de sentencia de los acusados está pautada para el 29 de enero. Quedaría sin efecto si finalmente se concede el indulto.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.