La jueza superior Thainie Reyes Ramírez le dio al Departamento de Educación hasta el próximo 30 de junio para saldar todas las facturas pendientes que tengan con proveedores de servicio de Educación Especial o de lo contrario se exponen a sanciones o hasta el desacato.

La advertencia la lanzó ayer, miércoles, al responder a un pedido de Educación de suspender su petición original de acceder a la cuenta en la que se guarda el dinero de multas diarias de $11,000 que ya paga Educación por sus reiterados incumplimientos hacia la población de Educación Especial. Específicamente, buscaban que se les cediera $25 millones para pagar las facturas que adeudan a los terapistas y asistentes de servicio que laboran con los estudiantes bajo el programa de remedio provisional.

Educación proyectó que las deudas acumuladas entre finales de marzo al 30 de junio fuese de unos $40 millones.

Según publicó Primera Hora el pasado viernes, Educación reclamó al tribunal el dinero, ya que se quedó sin fondos para pagar a los proveedores de servicio cuando el gobierno del presidente Donald Trump congeló el 28 de marzo los Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER). Este dinero lo recibían desde la pandemia del COVID-19 y Educación los utilizaba para pagar el servicio que se provee a través de remedio provisional.

Pero, Educación presentó a eso de las 10:27 a.m. de ayer una moción para retirar el reclamo “urgente” de fondos que realizaron al tribunal. Aluden a que la Oficina de Gerencia y Presupuesto logró identificar $43,780,985, los que supuestamente “garantizaría la liquidación de la totalidad de las facturas que se presenten hasta el 30 de junio, eliminado así la necesidad de recurrir a la utilización de fondos provenientes de sanciones judiciales”.

El documento acepta que la Junta de Supervisión Fiscal todavía no ha autorizado la utilización de los fondos. Sin embargo, anticipan que la validación ocurrirá “en los próximos días”.

La jueza, ante la moción presentada, indicó en su orden que “el Departamento deberá satisfacer todas las facturas aprobadas y pendientes de pago correspondientes a los servicios brindados bajo el mecanismo de remedio provisional en o antes del 30 de junio de 2025”.

Además, se le ordenó a “presentar al Tribunal un informe detallado en o antes del 7 de julio de 2025, que incluya la cantidad de facturas pendientes, las razones específicas del impago, y las medidas que el Departamento tomará para satisfacer las facturas pendientes”.

Pero, la advertencia más contundente contra Educación fue la de posibles sanciones por incumplimiento.

“No es la primera ocasión en que se plantea al Tribunal la falta de asignación de fondos, lo que ha amenazado la continuidad de los servicios esenciales provistos bajo el Programa de Educación Especial. Este Tribunal reitera que el Departamento tiene la obligación de mantener el nivel de recursos y esfuerzos para asegurar el ofrecimiento de los servicios de educación especial que ameritan los estudiantes. Se le advierte al Departamento que cualquier incumplimiento futuro en cuanto a la asignación, disponibilidad o desembolso de fondos destinados al Programa de Educación Especial podrá conllevar la imposición de sanciones adicionales, incluyendo el desacato”, afirmó la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Esta intervención del Tribunal surge a raíz del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, en el que se mantiene una vigilancia constante sobre Educación por los servicios que ofrecen a la población de Educación Especial.

Los padres involucrados por año en este pleito, de hecho, acudieron ayer al tribunal, por vías de su abogado José Torres Valentín, para rechazar que se le concediera a Educación usar parte de los fondos de las multas diarias que pagan por incumplimiento. Esa cuenta tiene acumulado unos $36 millones.

Se expone que, de manera “arbitraria”, bajo la ley Promesa se ha expuesto que el dinero se utilizaría para indemnizar a las familias afectadas con un pago de $5,100.

“Sin embargo, lejos de ser creativos para consensuar un remedio con el uso de los fondos depositados en el Tribunal que indemnice dignamente los daños a las familias perjudicadas por años ante la negligencia ya adjudicada contra el Departamento de Educación, aflora la creatividad para el uso de dichos fondos en beneficio de la agencia para remediar su caos presupuestario e incumplimiento con su obligación en el pago de las facturas de los proveedores de remedio provisional”, dice el escrito de oposición.

Por tal razón, se le pidió al tribunal que no permita a Educación acceder a los fondos.