La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció en un comunicado que certificó el presupuesto para el año fiscal 2025-2026, que asciende 32.7 mil millones de dólares.

El anuncio se da luego que el mes pasado la gobernadora Jenniffer González Colón presentara el su presupuesto para el año fiscal 2025-2026 y asegurara que se trataba del primer presupuesto balanceado como lo requiere la Junta, pero el ente fiscal advirtiera de un aparente descuadre de $109 millones en ASES, a causa de un alza mayor a la proyectada en las tarifas contractuales de las aseguradoras que gestionan el Plan Vital.

Finalmente, se logró superar la desavenencia para lograr un presupuesto balanceado y certificado por el ente fiscal, antes del 30 de junio. La Junta informó que el nuevo presupuesto se compone de tres partidas: $13.1 mil millones para el Fondo General, $5.4 mil millones para el Fondo de Ingresos Especiales y $14.2 mil millones de fondos federales.

“Juntos hemos elaborado un presupuesto responsable que refleja la incertidumbre sin precedentes respecto al financiamiento federal, el crecimiento económico y los costos de Medicaid en el próximo año fiscal”, afirmó el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica Jr, en declaraciones escritas. “La gobernadora y el liderato legislativo trabajaron con la Junta de Supervisión para proteger los servicios esenciales que brinda el gobierno y proteger las prioridades del gobierno ante la actual incertidumbre a la que nos enfrentamos”, añadió.

Según el ente fiscal, más del 60% del total del financiamiento gubernamental ha sido destinado a salud, educación, seguridad pública, vivienda y pagos a los retirados. El nuevo presupuesto aumenta el gasto total del Fondo General en 1.5% respecto al año fiscal anterior, excluyendo ciertas reclasificaciones de ingresos del Fondo General como ingresos especiales. La JSF detalló que el financiamiento adicional incluye apoyo para el programa de educación especial del Departamento de Educación, y para financiar la parte de los salarios de los bomberos, profesionales de emergencias médicas, y los oficiales correccionales cuyos sueldos se cubrían con fondos de estímulo relacionados con COVID-19, que vencen, brindados por el Gobierno estadounidense.

El financiamiento brindado por el Gobierno estadounidense disminuyó en unos $1.2 mil millones, en parte por el recorte en los fondos federales asignados para educación.

Además, el presupuesto consolidado retendrá el 5% del gasto de la mayoría de las agencias durante ocho meses para evitar déficits en caso de que disminuyan los ingresos del Fondo General, disminuya el financiamiento federal o aumenten los costos de Medicaid. Esto no aplica a aquellos fondos destinados al pago de pensiones, seguridad pública, ciertos costos de transportación y las distribuciones a los municipios del impuesto sobre ventas.

El presupuesto incluye además una reserva para cubrir el aumento en el costo de salud relacionado con la porción de la cobertura de Medicaid que corresponde al Gobierno de Puerto Rico y que este se encuentra negociando con los proveedores médicos. También se han identificado gastos que podrían reasignarse para cubrir las posibles reducciones del financiamiento federal o aumentos adicionales en los costos de Medicaid.

También fueron certificados los presupuestos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), COFINA, el CRIM la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT)

La Junta de Supervisión ya había certificado los presupuestos para la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO).