La Junta de Supervisión Fiscal favorece y respalda la decisión de la jueza Laura Taylor Swain que revoca la Ley 29, que exime a los municipios de pagar el retiro (PayGo) y el plan de salud. Así lo dejó saber esta noche el ente federal a través de una comunicado con declaraciones de su directora, Natalie Jaresko.

“Esta es una decisión importante que apoyará los esfuerzos de responsabilidad fiscal en Puerto Rico”, subrayó Jaresko, en declaraciones escritas. “El pago de pensiones a los retirados del gobierno debe asegurarse de forma tal que no requiera transferir esta carga al gobierno de Puerto Rico. Los municipios y el gobierno central tienen que presupuestar sus propios pagos para los jubilados de manera responsable y realista. La responsabilidad fiscal, un claro mandato de la Ley PROMESA, está cimentada en prácticas presupuestarias concienzudas y transparentes que garantizan que el gobierno pueda asumir siempre sus obligaciones”, dijo.

“En este contexto, la Junta de Supervisión siempre ha apoyado y se mantendrá apoyando a los municipios”, apuntó Jaresko.

“Solamente en los pasados seis meses, la Junta de Supervisión ha autorizado el incremento de apoyo al gobierno de $100 millones a fin de cubrir los gastos de los municipios relacionado con el COVID-19, y el desembolso de $15 millones tras los terremotos devastadores de principio de año”, anadió.

La jueza Swain concedió a la Junta su petición de un procedimiento sumario, declaró que la Ley 29 es inaplicable y prohibió contundentemente al gobierno de Puerto Rico implementar o hacer cumplir esta ley. Además, el tribunal concluyó que, a menos que lo certifique la Junta, las Resoluciones Conjuntas para reasignaciones con fondos del año anterior, se hicieron en violación a la Ley PROMESA.

La Ley 29 pretendía liberar substancialmente a los municipios de Puerto Rico de sus obligaciones y reembolsar al gobierno de Puerto Rico cientos de millones de dólares correspondientes al pago de pensiones y cobertura médica de sus jubilados, transfiriendo así esos costos al gobierno central con carácter permanente. Esta ley, que hubiese comprometido las finanzas del gobierno, era incompatible con el Plan Fiscal Certificado y fue promulgada en violación a la Ley PROMESA.