El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, descartó esta mañana la posibilidad de que existan otras investigaciones activas de crímenes ambientales en la isla, además de la que concierne las supuestas construcciones ilegales en el Camino del Indio en la reserva de la Bahía de Jobos, en Salinas.

“Hasta el momento, lo que tenemos es Salinas”, respondió esta mañana a preguntas de Primera Hora tras ofrecer una conferencia de prensa sobre el inicio del proceso para destituir a la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez.

La exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, había solicitado en el 2019 a la entonces secretaria de Justicia y exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, a que se investigaran las construcciones en la mencionada reserva salinense. Sin embargo, la pesquisa no floreció, ya que “en aquel momento no había elementos para actuar”, dijo Emanuelli Hernández al afirmar que ahora sí existe suficiente evidencia para la investigación correspondiente.

“En términos criminales, la prueba no era suficiente en este momento para actuar de lo que surge de los documentos”, comentó.

“¿Así que, ahora tiene más prueba?”, le cuestionó un periodista.

“Ahora el secretario de Justicia soy yo y créase usted que yo voy a investigar. Aquí el personal sabe que ahí se han cometido delitos y yo voy a investigar”, contestó al catalogar a la investigación como una “criminal” al afirmar que todo el expediente del caso se entregó a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quienes hoy iniciaron vistas públicas sobre el tema.

En cuanto a los que habitan en la reserva natural y tienen acceso a agua potable y energía eléctrica, Emanuelli Hernández indicó que serían las agencias correspondientes, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y LUMA Energy, las que tienen la potestad de limitar este servicio hasta que culmine la pesquisa.

“Justicia no puede decirle a Acueductos ‘tienes que cortarle el agua’, pero ellos sí en su evaluación pueden decir ‘voy a cortar en espera de la determinación (de la investigación)’”, detalló.

En Salinas, las denuncias de crímenes ambientales no se limitan a las construcciones en Bahía de Jobos. La comunidad Ranchos Guayama, por su parte, denunció que el municipio supuestamente tenía una dispensa de parte del DRNA para depositar cenizas al vertedero en Peñuelas pese a la prohibición por Ley, postura que la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón negó. Asimismo, protestó contra la construcción de un polígono aledaño a sus hogares, ya que aseguraron que no tenía los debidos permisos. Tan reciente como el viernes, el grupo Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) pintó “Karilyn: enemiga del ambiente” en la carretera justo frente a la Casa Alcaldía.

También, el excandidato independiente para la gobernación y ambientalista, Eliezer Molina, ha señalado, entre otras cosas, que en Dorado Beach presuntamente se ha construido sobre la zona marítimo terrestre, impidiendo el paso al agua de la playa pública.

Del mismo modo, la venta reciente de dos fincas de 10 cuerdas de terreno en la zona marítimo terrestre de Bahía Ballena, en la Reserva Natural del Bosque Seco en Yauco, es otro tema que se ha traído a la mesa en términos de las luchas ambientales.

“No nos negamos a seguir investigando. Siempre hay espacio para defender el ambiente”, manifestó Emanuelli Hernández a este medio.