El Departamento de Justicia solicitó este lunes al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) un término de 90 días adicionales para continuará con la investigación preliminar relacionada con el referido contra la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por el escándalo de corrupción que involucra a un centro de inspección de vehículos del que era propietaria.

Una vez termine esa investigación, se determinará si se recomienda o no al PFEI la designación de un fiscal especial independiente para evaluar el informe que someta Justicia sobre el caso.

Pérez Peña ha estado en el centro de la polémica desde que se hicieran públicas unas irregularidades en el proceso de inspección de vehículos y venta de marbetes en el centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, negocio que, para la fecha en que ocurrieron esos sucesos, estaba a bajo su nombre.

Específicamente se le atribuye a ese negocio la emisión fraudulenta de cientos de marbetes.

Además, se le imputa un presunto uso de influencias para que se despidiera a Arturo Deliz Vélez, la persona que, a instancias del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), investigó su caso y dio a conocer las irregularidades.

Ante esa situación, los representantes Swanny Enit Vargas y Ramón Torres Cruz presentaron un referido al Departamento de Justicia, que remitió el caso a su División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), para que hiciera la evaluación correspondiente.

Luego de conocerse las alegaciones de corrupción institucional y presuntas represalias dentro del DTOP contra Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección de la agencia, el representante Domingo Torres García presentó otro referido ante Justicia para que se investigara esa situación relacionada al escándalo que enfrentaba la secretaria Pérez Peña.

Paralelamente, Deliz Vélez demandó al DTOP por esas presuntas represalias contra empleados que denuncian irregularidades y fraudes.

El DTOP indicó que atendería la demanda y que haría una investigación administrativa. El Departamento de Justicia también está indagando las denuncias que hizo Deliz Vélez.

De acuerdo con la pesquisa del investigador, el centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, localizado en el barrio Juan Martín, del mencionado municipio, habría emitido cientos de marbetes fraudulentos, y se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta. Al momento de la investigación, se habían detectado 1,975 transacciones fraudulentas, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500.

Sin embargo, la multa fue rebajada a tan solo $5,000, otra situación que también ha levantado cuestionamientos, e incluso sería objeto de una vista ejecutiva ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, según había anunciado su presidente el representante José “Cheíto” Hernández.

Por su parte, Pérez Peña ha alegado públicamente que, aunque aparecía bajo su nombre, estaba desvinculada de Yabucoa Auto Service HM, que describió como un negocio familiar, que era administrado por su padre, no por ella.

La secretaria, además, ha sido tajante en que no renunciaría a su puesto al frente del Departamento de Vivienda.

Como parte de cadena de acontecimientos del caso, el pasado 20 de febrero el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, entregó al Departamento de Justicia el informe que le habían solicitado sobre la controversia en torno a Pérez Peña y la presunta venta irregular de marbetes en el negocio que estaba bajo su nombre.

El secretario sostuvo entonces no haber visto el reporte debido a que varios legisladores habían presentado querellas contra Pérez Peña y el caso había pasado a manos de Justicia para una investigación a fondo.

Entretanto, la gobernadora Jenniffer González Colón había estado defendiendo a Pérez Peña, alegando que ninguna de las querellas incidía presentadas en su contra incidía sobre sus funciones en gestiones de Vivienda, sino que se trataban de asuntos “en su gestión personal y privada en un negocio previo a ser juramentada como secretaria”.

No obstante, la gobernadora dijo que había decidido no intervenir en el proceso, ni tener acceso al informe del DTOP, de manera que el caso siguiera su curso en Justicia.