El Departamento de Justicia solicitó este lunes al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) un término de 90 días adicionales para continuar con la investigación preliminar relacionada con el referido contra la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por el escándalo de corrupción que involucra a un centro de inspección de vehículos del que era propietaria.

En una conferencia de prensa que ofreció en horas de la tarde, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez y la fiscal Sonia Martínez, directora de División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), explicaron que no se trata de pedir tiempo adicional para atender el caso, sino que los 90 días son parte del proceso para conducir la investigación preliminar, según los términos establecidos en la ley que rige el PFEI. Aclararon que los 15 días laborales de la investigación que ya transcurrieron sirvieron para “evaluar la información que se recibe y determinar si se va a iniciar una investigación preliminar”.

“Nosotros tenemos que hacer una investigación responsable, tomar las declaraciones juradas que sean necesarias, investigar todas las alegaciones que se presenten, recibir los documentos que se hayan presentado, y en 15 días nosotros responsablemente no podemos culminar esta investigación”, afirmó la fiscal Martínez ante las preguntas de la prensa.

“Estamos haciendo una investigación responsable del caso. Estamos citando personas, solicitando documentos. Yo he dado total deferencia a la Unidad. Aquí está la directora. Vine aquí a acompañarla. Pero ella y los fiscales que han sido asignados son los que están trabajando este caso”, insistió la secretaria.

Martínez aclaró que esta investigación preliminar, cuyo término de 90 días calendario, no laborables, comienza hoy, no necesariamente tiene que tomar los 90 días, sino que puede completarse antes. No obstante, acotó que, de entenderlo necesario podrían solicitar igual cantidad de días adicionales, según lo provee la ley, que extenderían la investigación entonces a 180 días.

Una vez termine la investigación, someten un informe al PFEI, en el que hacen una recomendación sobre si entienden se debe o no designar un fiscal especial independiente al caso.

“El Panel del FEI evalúa el informe que se le rinda, con todos sus anejos, y determina si va a designar un fiscal especial independiente. Independientemente de la recomendación que se haga en el Departamento de Justicia, ellos determinan si van a designar o no un fiscal especial independiente para hacer una investigación más a fondo si ellos así lo entienden, o para radicar cargos si así lo entienden”, abundó el fiscal.

Pérez Peña ha estado en el centro de la polémica desde que se hicieran públicas unas irregularidades en el proceso de inspección de vehículos y venta de marbetes en el centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, negocio que, para la fecha en que ocurrieron esos sucesos, estaba a bajo su nombre.

Específicamente se le atribuye a ese negocio la emisión fraudulenta de cientos de marbetes.

Además, se le imputa un presunto uso de influencias para que se despidiera a Arturo Deliz Vélez, la persona que, a instancias del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), investigó su caso y dio a conocer las irregularidades.

Ante esa situación, los representantes Swanny Enit Vargas y Ramón Torres Cruz presentaron un referido al Departamento de Justicia, que remitió el caso a su División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), para que hiciera la evaluación correspondiente.

Luego de conocerse las alegaciones de corrupción institucional y presuntas represalias dentro del DTOP contra Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección de la agencia, el representante Domingo Torres García presentó otro referido ante Justicia para que se investigara esa situación relacionada al escándalo que enfrentaba la secretaria Pérez Peña.

Paralelamente, Deliz Vélez demandó al DTOP por esas presuntas represalias contra empleados que denuncian irregularidades y fraudes.

El DTOP indicó que atendería la demanda y que haría una investigación administrativa. El Departamento de Justicia también está indagando las denuncias que hizo Deliz Vélez.

De acuerdo con la pesquisa del investigador, el centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, localizado en el barrio Juan Martín, del mencionado municipio, habría emitido cientos de marbetes fraudulentos, y se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta. Al momento de la investigación, se habían detectado 1,975 transacciones fraudulentas, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500.

Sin embargo, la multa fue rebajada a tan solo $5,000, otra situación que también ha levantado cuestionamientos, e incluso sería objeto de una vista ejecutiva ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, según había anunciado su presidente el representante José “Cheíto” Hernández.

Por su parte, Pérez Peña ha alegado públicamente que, aunque aparecía bajo su nombre, estaba desvinculada de Yabucoa Auto Service HM, que describió como un negocio familiar, que era administrado por su padre, no por ella.

La secretaria, además, ha sido tajante en que no renunciaría a su puesto al frente del Departamento de Vivienda.

Como parte de cadena de acontecimientos del caso, el pasado 20 de febrero el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, entregó al Departamento de Justicia el informe que le habían solicitado sobre la controversia en torno a Pérez Peña y la presunta venta irregular de marbetes en el negocio que estaba bajo su nombre.

El secretario sostuvo entonces no haber visto el reporte debido a que varios legisladores habían presentado querellas contra Pérez Peña y el caso había pasado a manos de Justicia para una investigación a fondo.

Entretanto, la gobernadora Jenniffer González Colón había estado defendiendo a Pérez Peña, alegando que ninguna de las querellas incidía presentadas en su contra incidía sobre sus funciones en gestiones de Vivienda, sino que se trataban de asuntos “en su gestión personal y privada en un negocio previo a ser juramentada como secretaria”.

No obstante, la gobernadora dijo que había decidido no intervenir en el proceso, ni tener acceso al informe del DTOP, de manera que el caso siguiera su curso en Justicia.

Reacciona Ciary Pérez

La secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, se expresó esta tarde mediante declaraciones escritas sobre el término adicional de 90 días solicitado por el Departamento de Justicia al PFEI.

“Relacionado al asunto en discusión pública, no emitiré comentarios adicionales mientras exista un proceso en curso. Me reafirmo confiada en que las evaluaciones se lleven a cabo con responsabilidad, transparencia y conforme a derecho”, expresó al destacar que continuará enfocada en su agenda de trabajo.

“Siempre he actuado con integridad y continuaré enfocada en cumplir con mis responsabilidades al frente del Departamento de la Vivienda. Mis prioridades están claras en continuar trabajando por el bienestar de las familias de Puerto Rico como lo hemos hecho”, agregó la funcionaria.

Pérez Peña reiteró que estará disponible para cualquier requerimiento de información que estimen necesario como parte del proceso y que estas serán sus únicas expresiones públicas sobre el particular.