El Departamento de Justicia anunció este viernes que referió a la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) con la recomendación de que se designe un fiscal especial que determine si deben radicarse cargos criminales en su contra por las irregularidades detectadas en un negocio familiar de inspecciones de vehículos y venta de marbetes.

En comunicado de prensa, la secretaria Lourdes L. Gómez Torres detalló que la determinación fue adoptada tras la culminación de la investigación preliminar.

La investigación preliminar inició tras un referido presentado por los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano sobre posibles irregularidades vinculadas a centros de inspección de vehículos de motor y la alegada intervención de la exsecretaria del Departamento de la Vivienda.

La investigación fue realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), la cual evaluó la totalidad de la prueba recopilada, incluyendo declaraciones juradas, documentos y otra evidencia pertinente. Como parte del proceso investigativo, se realizaron entrevistas y declaraciones juradas, y se diligenciaron varios requerimientos de información dirigidos a diversas agencias gubernamentales.

“A base de dichos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Ciary Y. Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental”, se informó.

El Departamento de Justicia reitera que esta determinación se realiza en una etapa preliminar y no constituye una adjudicación final de responsabilidad penal.

Por otro lado, como parte de la evaluación realizada, el Departamento de Justicia identificó aspectos relacionados con los procesos administrativos aplicables a centros de inspección de vehículos de motor que ameritan revisión adicional por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

En ese sentido, se recomendó a dicha agencia evaluar internamente estos procesos y, de identificar posibles violaciones de carácter penal, referir los mismos a las autoridades correspondientes para el trámite pertinente.

La controversia

Las imputaciones contra la exsecretaria de la Vivienda surgieron a principios de febrero, luego de que el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, revelara que se detectó que sobre unos 68 centros de inspección supuestamente cobraron a ciudadanos sus marbetes, sin presuntamente remitir los fondos al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) o aseguradoras, dejando a conductores sin cobertura.

Uno de los centros era el Yabucoa Auto Service, que hasta diciembre de 2025 aparecía a nombre de Pérez Peña.

Deliz Vélez reveló que al centro de inspección se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta, y que, en el caso de Yabucoa Auto Services, se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500 en multas. No obstante, ocurrió una transacción, de la que el DTOP alega que no tiene rastro ni documentos, en la que la multa disminuyó a $5,000.

Mientras surgían detalles de las presuntas irregularidades, la gobernadora Jenniffer González Colón defendió públicamente a la funcionaria. Alegó que las incidencias eran personales y que esta realizaba bien sus funciones en Vivienda.

“Las imputaciones que se han hecho ninguna es a su rol (del Departamento de la) Vivienda”, alegó el pasado 25 de febrero.

Ese mismo día Pérez Peña aseguró que no renunciaría a su cargo.

No obstante, a mediados de marzo el Departamento de Justicia anunció que extendería por 90 días adicionales la investigación contra la ahora exfuncionaria.

En el mismo periodo se reportó un enfrentamiento entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la administración de González Colón. Todo empezó porque el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, habló en defensa de Pérez Peña. Poco después, el presidente del Senado requirió a varias agencias gubernamentales información sobre sus contratos.

La gobernadora entendió que la acción del líder del Senado representó un reto en su contra y alegó que su acto demuestra que aspiraba a la gobernación.

Tras arreciar la disputa pública, se anunció la salida de Pérez Peña de la secretaría de Vivienda el 14 de marzo. La dimisión fue efectiva el 16 de marzo.

La carta que emitió para renunciar, de cuatro páginas, aludió a que “con sentimientos encontrados” renunciaba. Luego, pasó a enumerar los logros que se atribuye durante su administración.

“Renuncio con la cabeza en alto por el trabajo realizado y por el compromiso que siempre guió nuestras acciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No obstante, comprendo las distracciones que han provocado las recientes acusaciones falsas y malintencionadas contra mí y contra mi familia, por lo que no puedo permitir que las mismas minimicen la gestión, avances y logros de su administración, de la cual tuve el privilegio y el honor de formar parte”, afirmó Pérez Peña.