A nueve años del devastador paso del huracán María, los puertorriqueños continúan frustrados a causa de que la reconstrucción del país no tome forma, debido a una combinación de problemas en la coordinación federal y local, burocracia, falta de capacitación técnica e “incompetencia” gerencial, diagnosticó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera.

El mayor síntoma que se hace sentir en el Congreso de los Estados Unidos, a causa del retraso en el uso de los fondos federales asignados para mejorar lo que María destrozó el 20 de septiembre de 2017, se percibe en la amenaza latente de que el dinero se destine a otras prioridades de la nación.

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Para el comisionado, la reconstrucción de la red eléctrica es lo que debe tener prioridad. Pero, señaló que este renglón es uno de los que más sufre de la combinación de problemas que identificó para lograr que se ponga en función el uso de fondos federales. Se agrava, según aludió, con los recientes señalamientos de corrupción en el contrato de generación de energía temporera a la empresa Power Expectations.

Bajo los preceptos identificados, Hernández Rivera aseguró que “Puerto Rico se encuentra insatisfecho y frustrado, porque gran parte de la ayuda prometida no ha llegado”.

De inmediato, pasó a identificar la “combinación de factores” que, a su juicio, ha limitado el que se avance en la reconstrucción.

Lo primero que apuntó fue una falla en la coordinación de proyectos, tanto a nivel federal como estatal.

“Por ejemplo, me consta que el Zar de Energía, (Josué Colón), apenas se comunica con LUMA, no sé con Genera. Cuando tú tienes esos tres poderes sin comunicarse y sin coordinar, se va a retrasar toda la obra de reconstrucción que es necesaria”, comentó.

Aceptó, de paso, que muchos de los problemas ocurren por trabas y burocracia de las mismas agencias federales, en especial la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). Por ello, con motivo de este aniversario del huracán María, Hernández Rivera presentó una propuesta para impulsar cambios en la agencia que “aportaría a la solución” de varios de los problemas que han retrasado la reconstrucción.

La medida, bautizada como el Puerto Rico Disaster Recovery Completion Act of 2026, busca extender hasta el 31 de diciembre de 2035 el periodo de ejecución y la fecha límite para completar los proyectos de recuperación.

Mientras su propuesta se apruebe en el Congreso, el comisionado residente no cree que haya que tomar medidas desconocidas para lograr encaminar la reconstrucción. Aseguró que los informes del Inspector General y de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, en inglés) han dado recomendaciones que solo tienen que ejecutarse para “reducir la burocracia, mejorar la coordinación entre agencias y fortalecer la capacitación técnica”.

“Yo creo que no hay que reinventar las ruedas”, puntualizó.

Mientras, lo que se percibe en el Congreso estadounidense a nueve años del paso del huracán María es asombro ante “las fallas” que se registran.

Recordó que, recientemente, “vinieron conmigo tres congresistas del Comité de Homeland Security, que tiene una jurisdicción sobre FEMA. Ellos se asombraron porque hay una gran cantidad de problemas que son consecuencias del mal manejo de los mismos puertorriqueños, empezando por el asunto energético”.

Hernández Rivera abogó, de hecho, por un sistema energético “más estable y con una energía más barata”. Reiteró que los fondos para lograr la transformación del sistema están disponibles, sólo que los proyectos no se han encaminado.

Pero, reiteró que los problemas de comunicación entre el gobierno y la empresa LUMA Energy, a la cual intentan cancelarle el contrato, no han permitido el progreso de las obras, opinó el comisionado.

Añadió que “creo que este escándalo de Power Expectations le está haciendo un grave daño a la reconstrucción energética de Puerto Rico, porque en la medida que tengamos que hacer más procesos similares para atraer nuevas fuentes de generación o nuevos proveedores de cierta infraestructura, vamos a entrar a esos procesos con una credibilidad lacerada. Y eso afecta mucho nuestra capacidad a largo plazo”.

Otro percance que Hernández Rivera apuntó para mover la reconstrucción fue el desempeño de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Primero, recordó que la gobernadora Jenniffer González Colón ha incumplido su promesa de eliminar tal dependencia. Luego, afirmó que el desempeño ha sido “más inestable que lo que tuvo Pedro Pierluisi” en el pasado cuatrienio en la gobernación.

Señaló que los alcaldes mantienen sus quejas en contra del COR3, debido a que “la lentitud, burocracia, etcétera, todavía persisten”. Dijo que a ello se le suma el que en el cambio de administración se perdieron “empleados talentosos, con conocimiento y capacidad técnica”.

Sobre la posibilidad de que se pierdan los fondos de la reconstrucción, Hernández Rivera explicó que “no hay una amenaza inminente, pero me consta de personas de Puerto Rico que viajaban a Washington a reunirse con otros congresistas y que algunos ayudantes de esos congresistas les han dicho que tienen que moverse más rápido, porque si no les van a quitar el dinero”.

Aseguró que, en su función de comisionado residente, “voy a estar enfocado en las necesidades básicas de los puertorriqueños, que ya nosotros hemos adelantado en el trabajo de mejorar el desembolso de estos fondos, luchando contra políticas absurdas de FEMA que fueron derogadas y que están causando que más fondos salgan. Y que yo voy a seguir pensando en cómo logramos bajar la inestabilidad de nuestra red (eléctrica), cómo hacemos nuestra red más estable, para luego hacerla más barata y más limpia”.

“El único llamado del gobierno es que trabaje mejor, que deje de distraerse por peleas políticas, que deje de distraerse por pequeñeces de destaque, que deje de mirar al otro lado cuando surgen firmas fraudulentas en contratos de generación temporera y que se enfoque principalmente en resolver el problema de luz de los puertorriqueños”, concluyó Hernández Rivera.