Luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón confirmara la renuncia de la Ciary Pérez Peña, el portavoz del Senado de la delegación del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, cuestionó las capacidades de la funcionaria para administrar fondos.

Según opinó, la renuncia se debió haber emitido inmediatamente después de que se conoció que está involucrada en un supuesto esquema fraudulento por venta de marbetes para vehículos.

“Ciary Pérez Peña, como secretaria de la Vivienda, tenía a su cargo miles de millones de fondos federales. La misma que no pudo administrar eficientemente y dentro del marco de la ley un centro de marbetes, tenía el control de miles de fondos de reconstrucción que como cuestión de realidad, esta administración no ha movido. Lo que es peor en este asunto es que la Gobernadora de Puerto Rico nunca le exigió la renuncia a esta funcionaria, a pesar de todas los denuncias alrededor de ella evidenciadas por prueba documental y testimonios bajo juramento que reflejan su intervención para favorecer un negocio de ella y su familia”, afirmó.

Añadió que “los datos están ahí: Jenniffer González decidió mantener en un cargo público a una funcionaria objeto de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia. En fin, ¡un desastre de gobierno!”.

Por su parte, la representante popular Swanny Enit Vargas Laureano, quien fue una de las que radicó la querella contra Pérez Peña en Justicia, dijo que la renuncia “no puede ser el resultado final de este triste capítulo. Al contrario, debe servir para que las agencias llamadas a que la verdad salga a la luz pública, continúen su trabajo y culminen sus investigaciones”.

Las imputaciones contra la exsecretaria de la Vivienda surgieron a principios de febrero, luego de que el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, revelara que se detectó que sobre unos 68 centros de inspección supuestamente cobraron a ciudadanos sus marbetes, sin presuntamente remitir los fondos al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles o aseguradoras, dejando a conductores sin cobertura.

Uno de los centros era el Yabucoa Auto Service, que hasta diciembre de 2025 aparecía a nombre de Pérez Peña.

Deliz Vélez reveló que al centro de inspección se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta, y que, en el caso de Yabucoa Auto Services, se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500 en multas. No obstante, ocurrió una transacción, de la que el DTOP alega que no tiene rastro ni documentos, en la que la multa disminuyó a $5,000.

Vargas Laureano recordó que, junto al representante Ramón Torres, solicitó a Justicia, a la Inspector General y Ética Gubernamental que indagaran en las posibles irregularidades.

“Ahora, lo menos que merecen todos los constituyentes es que las investigaciones sean completadas y se fijen responsabilidades, incluyendo la investigación que se lleva en la Cámara de Representantes sobre 68 Centros de Inspección con irregularidades de la autoría del compañero Conny Varela. Esta renuncia no puede ser una excusa para que no pase nada y los que hayan cometido alguna acción ilegal no respondan por lo que hicieron”, precisó la legisladora.