El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) obtuvo una victoria frente a LUMA Energy, cuando la jueza Laura Taylor Swain rechazó frenar el pleito de la agencia para que el consorcio pague por los enseres dañados de sus clientes, aunque LUMA advirtió que evalúa sus próximos pasos legales y que una derrota podría generar un impacto económico en las facturas de los consumidores.

El conflicto entre LUMA Energy y DACO comenzó en julio, luego de que el consorcio admitiera haber rechazado todas las reclamaciones por enseres dañados a causa de ineficiencias en el servicio eléctrico. En total, LUMA había recibido 1,828 reclamaciones de clientes por daños a electrodomésticos.

La demanda presentada por la agencia busca declarar nula la sección 4.1 del acuerdo entre el consorcio y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual, tras ser aprobada por el Negociado de Energía, amplió aún más las posibilidades de denegar compensaciones por este tipo de incidentes.

Tras la desestimación de la moción presentada ayer por LUMA, el caso avanzará ahora al Tribunal Supremo. El consorcio recordó que, de concretarse la solicitud de DACO, esto podría derivar en un aumento en la tarifa eléctrica para los consumidores.

Los aumentos en las facturas, no obstante, son evaluados por el Negociado de Energía, no impuestos unilateralmente por LUMA.

“Estamos revisando la determinación del Tribunal Federal de Quiebra para evaluar nuestras opciones legales. Como hemos reiterado anteriormente, cualquier determinación que limite o elimine el relevo de responsabilidad afectaría los mecanismos contractuales establecidos para proteger tanto a la operación del sistema como a los clientes. Esto podría traducirse en un impacto económico negativo en las facturas de los consumidores”, dijo el consorcio a través de declaraciones escritas que no firma ninguno de sus principales ejecutivos.

La posibilidad de que LUMA tenga que indemnizar a sus clientes por enseres dañados representa un desafío importante para el consorcio, que durante meses se ha quejado y alegado la necesidad de asignaciones presupuestarias adicionales de parte del Gobierno de Puerto Rico.

Entre otras cosas, LUMA alega no contar con fondos suficientes en el Fondo de Emergencia, que originalmente se estimaba tendría unos 30 millones de dólares disponibles.

En abril, el consorció pidió a la administración deJenniffer González Colón entre $500 y $800 millones adicionales para “mejorar” la infraestructura de la red.

En mayo, la empresa solicitó un aumento en la tarifa de la luz, argumentando que los recaudos se destinarían específicamente a la atención de situaciones de emergencia, pero la petición fue denegada por el Negociado de Energía.

Luego, en julio, el presidente de LUMA, Juan Saca, reconoció un aumento en las interrupciones del servicio durante el último trimestre, aunque rechazó responsabilidad por la situación, sino que culpó a la AEE por, alegadamente, no asignar los fondos necesarios para mejorar la infraestructura.

Por su parte, la AEE y la administración de González Colón aseguran que el consorcio enfrenta problemas de gestión y que no mantiene deudas pendientes. De hecho, una de las principales promesas de campaña de la actual gobernadora fue precisamente retirar a LUMA de la operación del sistema eléctrico.