La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, informó que LUMA Energy presentó un recurso de apelación luego de que la jueza Laura Taylor Swain rechazara su solicitud para detener el pleito que la agencia mantiene con el consorcio. El caso busca que LUMA compense a los clientes cuyos enseres resultaron dañados por fallas en el servicio eléctrico.

El conflicto entre LUMA Energy y el DACO se originó en julio, cuando la empresa admitió haber rechazado todas las reclamaciones de consumidores por daños a electrodomésticos causados por interrupciones o ineficiencias en la red eléctrica. En total, LUMA recibió 1,828 reclamaciones, ninguna de las cuales ha sido pagada.

La demanda de DACO solicita además que se declare nula la sección 4.1 del acuerdo entre LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esa cláusula, aprobada por el Negociado de Energía, amplía las circunstancias bajo las cuales el consorcio puede negar compensaciones por este tipo de incidentes.

LUMA, por su parte, sostiene que si prospera la solicitud de DACO, la medida podría provocar un aumento en la tarifa eléctrica para los consumidores. Los aumentos en la factura, no obstante, no son una determinación unilateral de LUMA Energy.

“No nos sorprende su curso de acción. Con soberbia y arrogancia, desde el primer día, cuando acudimos al Tribunal de Primera Instancia, han sostenido que DACO no tiene jurisdicción, que nuestros planteamientos carecen de fundamento y que no llegaríamos a primera base. Dijeron que el Tribunal Supremo no acogería el caso, que no era de alto interés público y que sería despachado. El Tribunal Supremo, luego de escuchar los argumentos, lo acogió”, recordó Rodríguez Erazo sobre el pleito, que también sentenció que la apelación mostrará a LUMA que “se equivocaron entonces y se equivocan ahora”.

La funcionaria también sostuvo que con la radicación de este nuevo recurso, LUMA presenta que prefiere gastar millones de dólares en abogados, en lugar de utilizar esos recursos para responder a los consumidores.

“Al pueblo de Puerto Rico le debe quedar claro lo siguiente: LUMA evita rendir cuentas. No responde al pueblo, ni al gobierno, y ahora tampoco a la propia jueza Taylor Swain, a quien acudieron para intentar detener el caso”, precisó.

La posibilidad de que LUMA tenga que indemnizar a sus clientes por enseres dañados representa un desafío importante para el consorcio, que durante meses se ha quejado y alegado la necesidad de asignaciones presupuestarias adicionales de parte del Gobierno de Puerto Rico.

Entre otras cosas, LUMA alega no contar con fondos suficientes en el Fondo de Emergencia, que originalmente se estimaba tendría unos 30 millones de dólares disponibles.

En abril, el consorció pidió a la administración deJenniffer González Colón entre $500 y $800 millones adicionales para “mejorar” la infraestructura de la red.

En mayo, la empresa solicitó un aumento en la tarifa de la luz, argumentando que los recaudos se destinarían específicamente a la atención de situaciones de emergencia, pero la petición fue denegada por el Negociado de Energía.

Luego, en julio, el presidente de LUMA, Juan Saca, reconoció un aumento en las interrupciones del servicio durante el último trimestre, aunque rechazó responsabilidad por la situación, sino que culpó a la AEE por, alegadamente, no asignar los fondos necesarios para mejorar la infraestructura.

Por su parte, la AEE y la administración de González Colón aseguran que el consorcio enfrenta problemas de gestión. De hecho, una de las principales promesas de campaña de la actual gobernadora fue precisamente retirar a LUMA de la operación del sistema eléctrico.