Tras haber catalogado como un “chisme” la controversia de la adquisición de pruebas para detectar el coronavirus a sobreprecio y a empresas sin experiencia en el campo de la salud, el coordinador general del task force médico, Segundo Rodríguez, cambió su tónica y pidió que se canalicen los señalamientos de posibles irregularidades a las agencias investigativas correspondientes.

En una carta publicada anoche en Facebook, el galeno también explicó que es necesario realizarles la prueba de COVID-19 a entre el 20% al 40% de la población o lo que representa entre 640,000 a 1.3 millones de boricuas. Por tal razón, según justificó, “toda información recibida sobre la posibilidad de adquirir las pruebas necesarias para proteger a nuestros ciudadanos fue remitida con inmediatez al Departamento de Salud".

"Es importante enfatizar que todos los mensajes que el task force médico recibe de personas ofreciendo la venta de artículos son referidos al Departamento de Salud para su debida evaluación y el procedimiento correspondiente. La propuesta de APEX (General Contractors) no fue la excepción. Su ofrecimiento fue referido de la misma manera, como se ha hecho con todas las demás que hemos recibido durante las pasadas semanas. El rol del task force médico en todo este proceso es hacer las recomendaciones relacionadas a las medidas específicas que se deben tomar para controlar y prevenir, lo máximo posible, el impacto de la propagación del COVID-19 en Puerto Rico. Todas las recomendaciones que hace el task force médico son basadas en datos y evidencia científica", planteó Rodríguez, quien es rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Según han revelado varias investigaciones periodísticas iniciadas por el periódico El Nuevo Día, Rodríguez fue el que refirió a la empresa APEX, que se dedica al campo de la construcción, a Salud para la compra de pruebas por $38 millones. Lo hizo tras recibir un mensaje de texto del destituido exdirector de la Autoridad para el Transporte Marítimo, Juan Maldonado, a quien alega desconocer.

Salud emitió un contrato, que no fue evaluado por la Junta de Supervisión Fiscal, y le dio a la empresa un adelanto de $19 millones. Pero, las pruebas prometidas nunca llegaron. El gobierno espera ahora recuperar el dinero, en momentos en que diversos entes investigan irregularidades cometidas durante el proceso, el cual incluye alegadas presiones indebidas y la presunta falsificación de una firma, entre otras cosas.

Por otro lado, el epidemiólogo que forma parte del task force médico, Juan Carlos Reyes, desligó al grupo de la determinación que se tomó para que no se permitiesen periodistas durante los programas que transmite la Corporación para la Difusión Pública (WIPR - canales 6 y 3).

"Para nosotros la prensa es muy importante. De nosotros no salió que no haya prensa. Nosotros como científicos no estamos formados para llevar un mensaje. Entendemos que tenemos que corregirlo. Respetamos el trabajo de la prensa", afirmó.

La expresión emitida en la mañana de este martes contrasta con una publicación en Facebook que hizo el pasado domingo y que ya borró de su cuenta en la que parece atacar a los medios de comunicación.

“Todos sabemos que no hemos llegado al tope de la curva pero siempre la prensa tiene algo que decir por qué de esa manera hacen $$$$ y los todologos también!!!”, aludió, sin especificar a quién se refería.