Bayamón. Los rumores se escuchaban desde principios de año y, finalmente, fueron confirmadas en una conferencia de prensa en abril: cientos de familias que residen en la comunidad Juana Matos, en Cataño, serían reubicadas a Bayamón.

Si bien es cierto que esa comunidad catañense es propensa a inundaciones por estar en una zona inundable, sucesivamente poniendo en riesgo a sus residentes, la movida es una que tomó al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, de sorpresa y todavía, al día de hoy, se desconocen los detalles de cómo será la logística.

“Nosotros desconocíamos totalmente de eso”, reaccionó el alcalde en entrevista con este diario. “Nosotros nos enteramos por la prensa, cuando salió el primer artículo en la prensa y los artículos del alcalde (de Cataño, Julio Alicea Vasallo,). Nosotros nadie, nunca se comunicó con la municipalidad de Bayamón para preguntarnos. Ningún acercamiento”, reiteró.

A meses de aquel anuncio, el silencio de parte del gobierno sobre la movida de esta comunidad, donde residen unas 187 familias, ensordece.

El Departamento de la Vivienda, agencia encargada del proyecto, nunca respondió a las múltiples peticiones de Primera Hora que, desde mayo, pidió que explicase, puntualmente, los detalles de este plan, que podría incurrir en una inversión de $100 millones de fondos federales de las Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario tras Desastres (CDBG-DR, en inglés) y demoraría cerca de cinco años.

Esa incertidumbre ha sido perenne, pues para el 15 de julio, Rivera Cruz tampoco había recibido confirmación de la continuidad de este proyecto.

Primera Hora igualmente insistió desde mayo en entablar una entrevista con Alicea Vasallo, pero al cierre de esta edición tampoco respondió.

¿Qué se anunció?

En abril, se confirmó del traslado de los residentes de Juana Matos a un terreno en Minillas, en Bayamón, mediante conferencia de prensa.

La iniciativa es del Programa Multisectorial para la Mitigación Comunitaria, liderado por Vivienda.

Esta decisión, presuntamente, contó con el aval del 97% de los habitantes de la comunidad quienes respondieron a una consulta de Vivienda, reportó el rotativo El Nuevo Día en aquel entonces.

El terreno

Cuando se anunció el proyecto, no se reveló la ubicación exacta del terreno donde moverían a las familias. Empero, Rivera Cruz intuyó que se referían a unas 45 cuerdas en el barrio Minillas, que ubica por la carretera PR-174 y cuyo dueño es San Augusto Development. Lo supuso por las imágenes que se presentaron en aquella conferencia de prensa.

Aprovechando una reunión que tenía pautada con Vivienda para dialogar sobre proyectos de mitigación en su pueblo, el alcalde abordó al personal de la agencia pública para que le confirmaran específicamente la localización del terreno y si, en efecto, se había llevado a cabo estudios de viabilidad en el área. Los representantes no supieron responder sus interrogantes.

“Para mi sorpresa, ellos aceptaron que nunca habían hecho ningún acercamiento con el municipio. Aparentemente esto es una corporación sin fines de lucro (PathStone), de esas muchas que se crean después de huracanes y cosas, la que está haciendo las gestiones junto con el Departamento de Vivienda. Entonces, yo les pregunté, ‘¿ustedes han hecho algún ‘research’ del área, de los terrenos, estudios?’ Para mi sorpresa, no habían hecho absolutamente nada”, relató.

Acorde a Rivera Cruz, la “finca” no tiene infraestructura para agua potable ni para servicio sanitario o energía eléctrica.

De hecho, el funcionario bayamonés recabó en la poca accesibilidad e infraestructura de las comunidades en la limítrofe de estos terrenos resaltando que, “en el 2024, en nuestros récords, tenemos 90 días donde la municipalidad tuvo que mover cisternas, camiones, a toda esa área, toda esa periferia, para estarle suministrando agua a la población”.

“De hecho, para llevar infraestructura allí la distancia es considerable. Eso es un área que históricamente ha tenido problemas tanto de servicio energético como de servicio de agua. Hay un problema grande”, recalcó mientras mostraba mensajes en su celular que había recibido de sus constituyentes en Villa de San Agustín y Cerro Gordo denunciando que llevaban días sin el servicio de agua potable.

“De cierto punto en adelante, (esa área) se sirve a Los Filtros en la periferia y Los Filtros es una planta que está teniendo muchos problemas. La planta de Los Filtros tienen que hacerla nueva completa. En el caso de suministro de energía eléctrica, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos querellas que van de aquí a Ponce”, repitió.

Además, por el terreno transcurre una quebrada, la cual tendría que ser canalizada para construir hogares. También, hay un ojo de agua y el terreno se tendría que “dinamitar, porque hay cantera”.

“La construcción te saldrá en la mitad del presupuesto”, analizó.

“Cuando yo le digo ‘¿ustedes sabían que eso no tiene infraestructura eléctrica, no tiene infraestructura de agua, tienen problemas de suministros constantes con una de las áreas donde más problemas tenemos? ¿Ustedes sabían que eso era una antigua cantera?’ No lo sabían. Me aceptaron que ellos no habían, no tenían ningún estudio, no tenían estudios ambientales, no habían verificado eso”, subrayó.

“Si tú me preguntas a mí, construir sobre roca es sumamente costoso. Son muchos los análisis que ellos tienen que hacer antes de determinar a donde van a reubicar gente o donde van a construir”, añadió al recordar que, en el pasado, desarrolladores intentaron establecer urbanizaciones en esta área sin éxito.

De no ser estos los terrenos que considera Vivienda, Rivera Cruz resaltó que hay otros 100 cuerdos en el barrio, pero son aún menos accesibles.

Hay otras opciones

La inquietud de Rivera Cruz no nace de la renuencia de recibir nuevos residentes en el pueblo, sino en garantizarle a toda persona vivienda segura con todos los servicios básicos necesarios. De mudar una comunidad entera allí, aseguró, su misión sería casi imposible.

“Ellos nunca nos tomaron en consideración, no nos preguntaron quién iba a recoger la basura, el aumento el costo del recogido de basura…los servicios que hay que dar, porque entonces hay que dar servicios. Uno no puede dejar a la gente sin los servicios básicos. Nada de eso se tomó en consideración”, señaló.

Por ende, le sugirió al personal de Vivienda que consideren otorgar vales para que ocupen una de las miles de casas vacantes en la Isla, que, según el Buró del Censo de Estados Unidos de 2020, suman a 257,625.

“Hay casas en Bayamón, hay casas en Toa Baja, hay casas en San Juan, hay casas en Carolina, hay casas en Trujillo Alto. Se estima que en Puerto Rico hay 300,000 unidades vacantes, vacantes disponibles en el mercado. A lo mejor le puedes dar $300,000 400,000 pesos a cada familia y se compran lo que ellos quieren si lo vemos desde la perspectiva del costo y entonces le brinda la oportunidad de que cada familia decida”, sostuvo.

Otra recomendación del exsenador fue mitigar el área de Juana Matos para “sacar” un predio de la zona inundable, para aquellos residentes que no quieren mudarse.

“Mi sugerencia es evalúen bien, porque si no tienen condiciones, el proyecto casi casi o es imposible o lo terminarían dentro de 10 años. Hay distintas opciones que todavía el Departamento de la Vivienda pudiera explorar. Yo creo que el Departamento va a seguir buscando opciones. Si están todos estos elementos presentes y es un proyecto que su costo se va a elevar dramáticamente”, dijo esperanzado.