El portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Domingo Torres García, presentó un referido formal ante el Departamento de Justicia solicitando una investigación criminal inmediata, la preservación de evidencia y una evaluación independiente ante serias alegaciones de corrupción institucional y represalias dentro del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Estas solicitudes surgen tras alegaciones relacionadas con un presunto patrón de represalias contra el exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP, Arturo Deliz Vélez, quien “identificó un esquema fraudulento en un centro de inspección vehicular vinculado a una funcionaria de alto rango del Ejecutivo”.

La controversia está relacionada al centro de inspección Yabucoa Auto Services, vinculado a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, y su familia.

En el documento radicado, el legislador solicita al Departamento de Justicia:

• La investigación criminal inmediata por posibles violaciones al Código Anticorrupción relacionadas con represalias contra un servidor público que investigó presuntas irregularidades.
• La investigación por posible abuso de poder e influencia indebida desde posiciones de alto rango dentro del aparato gubernamental.
• La preservación inmediata de evidencia electrónica, incluyendo comunicaciones, mensajes, correos electrónicos y registros de reuniones entre funcionarios involucrados.
• Una evaluación ética independiente sobre el posible uso indebido del poder para interferir en procesos investigativos.
• Que la investigación sea atendida por instancias independientes con jurisdicción sobre asuntos de integridad pública.

“El país merece una investigación seria, independiente y libre de presiones. Cuando se levantan alegaciones de corrupción y represalias contra quien cumple con su deber, corresponde a las instituciones actuar con firmeza y transparencia”, expresó Torres García.

El legislador destacó que la fiscalización responsable es un deber constitucional y una herramienta esencial para proteger el interés público, la integridad del servicio público y el respeto al estado de derecho.

Torres García también destacó que esta gestión forma parte de un esfuerzo sostenido de la delegación del PPD en la Cámara de Representantes para reforzar la rendición de cuentas en el gobierno.

En ese contexto, señaló que los representantes Ramón Torres y Swanny Vargas han impulsado acciones investigativas relacionadas con esta controversia, mientras que el referido presentado atiende otro ángulo del mismo asunto.

El legislador expresó, que “los compañeros (…) han impulsado una investigación contra las alegadas violaciones de la secretaria de Vivienda. En esta ocasión, se presenta un referido de investigación por actuaciones que podrían considerarse represalias por parte del secretario de DTOP. Básicamente, es una misma controversia, con ángulos totalmente diferentes”.

“El pueblo de Puerto Rico puede tener la certeza de que continuaremos utilizando todas las herramientas constitucionales para asegurar que cualquier alegación de corrupción sea investigada con rigurosidad y que se protejan los derechos de quienes actúan conforme a la ley”, concluyó el Representante.

El pasado jueves, Deliz Vélez demandó al DTOP por presuntas represalias contra empleados que denuncian irregularidades y fraudes. Posteriormente, la agencia emitió unas declaraciones -sin atribuciones- de que la demanda “se atenderá oportunamente durante el trámite correspondiente”, mientras se encamina una investigación administrativa.

El Departamento de Justicia, por su parte, también indaga en las denuncias que ha delatado Deliz Vélez.

Específicamente, la denuncia apunta a que el centro de inspección Yabucoa Auto Service, ubicado en el barrio Juan Martín en Yabucoa, habría emitido cientos de marbetes de manera fraudulenta. Según las denuncias, el establecimiento figuraba registrado a nombre de la secretaria de la Vivienda, al menos, hasta noviembre de 2025.

Deliz Vélez reveló, según reportó El Nuevo Día, que al centro de inspección se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta, y que, en el caso de Yabucoa Auto Services, se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500 en multas.