A pesar de que el gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que no apoya la medida y que no la convertirá en la ley, la representante María Milagros Charbonier insistió en una medida que –según detractores- crea una forma de discrimen.

El Proyecto de la Cámara 1018 prohibe "imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona" y define ejercicio religioso como "realizar un acto o el rechazo a realizar un acto el cual es motivado sustancialmente por una creencia religiosa", un lenguaje que ha sido calificado como discriminatorio. La medida es de la autoría de la representante María Milagros Charbonier, Guillermo Miranda y el presidente cameral Carlos "Johnny" Méndez.

Rosselló dijo el viernes mediante declaraciones escritas que “rechazamos cualquier legislación, como el p. de la c. 2018, que impide que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o su orientación sexual. Este tipo de medida no tiene paso en esta Administración”.

En entrevista en WKAQ, Charbonier aclaró que ella firmó como autora de la medida, pero el proyecto es original de Miranda, y que está segura que cuando se discuta la medida se aclarara toda duda sobre la legalidad de la medida.

“A menos que el representante Guillito Miranda lo retire, el proyecto seguirá su curso. Ya está referido a mi Comisión (de lo Jurídico)”, afirmó Charbonier.

La representante Charbonier entiende que la medida aclara el estado de derecho que ya aplica en Puerto Rico y que es similar a  como ya se ha legislado en 22 estados. Dijo que permite que una persona no haga algo si entiende que va en contra de su religión, como por ejemplo surge del artículo 2.19 dela reforma laboral que le da flexibilidad a los empleados a decirle a su patrono no puedo hacer algo por entender que es contrario a su fe.

“Es permitir decir ‘no puedo hacerlo porque mis convicciones son estas’. Veintidos estados lo han establecido”, dijo Charbonier, quien agregó que el concepto protegido por el proyecto de ley “está en la constitución”

“Alguien me dijo que este proyecto es como el Día de las Madres”, agregó Charbonier. “El proyecto puede no aprobarse y esa legislación está sobre Puerto Rico”, sostuvo.

Dijo que como parte de los trabajos de su comisión sobre este proyecto 1018 ya se pidieron memoriales al Departamento de Justicia, a la Comisión de Derechos Civiles, al Colegio de Abogados, y a la Asociación de Abogados. 

El proyecto ya enfrenta la oposición de figuras como el activista de derechos de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero y Transexual (LGBTT), Pedro Julio Serrano si este proyecto se convierte en ley podrían darse situaciones donde comerciantes rechacen dar servicios a ciudadanos  -como alquilar apartamentos o hacer un bizcocho- porque los clientes son lesbianas- , o que el dueño de un negocio de SPA no quiera contratar a un empleado por ser gay. Agregó que las leyes estatales en Estados Unidos actualmente se encuentran en disputas en el tribunal.

Serrano dijo que “haremos todo lo que tengamos que hacer para detener este proyecto — desde participar del proceso legislativo para oponernos hasta desobediencia civil. De ser necesario, además, iremos a los tribunales a detener un proyecto total y absolutamente inconstitucional”.