La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón no pudo precisar hoy en la sesión de interpelación de la Cámara de Representantes si la evaluación médica que le hicieron al feminicida Hermes Ávila Vázquez, como parte del proceso de su excarcelación en 2023, fue presencial o mediante el expediente correccional.

“No recibí ningún informe (del panel médico), yo no recibo los informes directamente”, reclamó la titular del DCR a preguntas del representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz.

“Pero en un caso como este donde se dice que pudo haber negligencia, usted es la secretaria, es la que tiene la responsabilidad fiduciaria, ¿usted ha solicitado ese informe?, inquirió Torres Cruz.

“Hay un informe, pero no emana del mismo si (la evaluación) fue presencial”, replicó Escobar Pabón, quien estuvo sometida por más de cuatro horas a un intenso interrogatorio de legisladores de todos los partidos. La interpelación comenzó a la 1:23 de la tarde y pasadas las 5:00 de la tarde, la minoría novoprogresista no había formulado preguntas a la funcionaria interpelada.

El representante Torres Cruz le requirió si había delegado por escrito en la directora del Programa de Desvío, Celia Cosme el autorizar el 19 de abril de 2023, la excarcelación de Ávila Vázquez, quien a un año de estar en la libre comunidad se alega que cometió el feminicidio de Ivette Joan Meléndez, el pasado 22 abril, en Manatí. Este nuevo caso devolvió al convicto a prisión y destapó las irregularidades que rodean la polémica liberación del feminicida que fingía ser parapléjico.

En el turno de preguntas del representante popular, Héctor Ferrer Santiago, la Secretaria reclamó que la salida de Ávila Vázquez bajo el Programa de Pase Extendido no fue al amparo de la Ley 25, de enfermedades terminales, sino mediante el plan de reorganización número 2 de 2011 del DCR.

Sin embargo, el convicto de asesinato que cumplía una condena de 122 años de prisión y solo había completado el 15 por ciento de la sentencia, no contaba con una prognosis de vida de menos de seis meses ni con una condición incapacitante, como era requerido.

“La excarcelación el asesino Hermes Ávila no cumplió con la Ley 25 porque no había una enfermedad terminal, ni con el plan de reorganización porque se necesitaba una certificación de prognosis de vida corta que no existe y una condición limitante. (El pase) lo otorgaron a base del reglamento 9242 en el que intercambiaron la letra “y” por una “o” de condición incapacitante”, sostuvo Ferrer Santiago. Añadió que tampoco cumplió con el requisito de ser recibido en la libre comunidad por un familiar.

“No se cumplió con el plan de reorganización del Departamento de 2011, ni con la Ley 25 ni con el reglamento 9242 “, sostuvo Ferrer Santiago.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón interrogó a la Secretaria del DRC por el tiempo transcurrido de un año, entre el período del 7 de marzo de 2022, cuando la agencia recibió la recomendación médica de Ávila Vázquez y el 19 de abril de 2023 cuando se le concedió la excarcelación al convicto.

“Pasó un año básicamente un año entre los propios hechos ante el DCR que demuestran que no se cumplió con el requisito de una prognosis de vida corta como establece el artículo 16 del plan de reorganización del DCR y como lo define el reglamento 9242 de seis meses, que es el concepto general en la medicina cuando hay unas condiciones de salud terminales. Por lo tanto, entre el 2022 y 2023 pasó un año y la división o programa de pase extendido tenía ante sí que no se estaba cumpliendo con artículo 16 del plan de reorganización”, cuestionó Márquez Lebrón.

La funcionaria replicó que el DCR “tenía ante sí la evaluación por condición fisiológica limitante”, pero el legislador sostuvo que independientemente de la certificación médica requería una certificación de prognosis de vida corta. “Hubo una negligencia del DCR al liberar una persona que no cumpla con la ley habilitadora”, dijo el legislador.

“Estoy de acuerdo con que se llegue al final y que se encuentre que cualquier funcionario de haber sido negligente le caiga todo el peso de la ley”, dijo Escobar Pabón.

“Estoy convencido de que hubo un acto de negligencia y de irresponsabilidad administrativa”, sostuvo Márquez Lebrón.

La funcionaria, quien presentó a la Cámara, una ponencia casi idéntica a la que sometió el pasado viernes a las comisiones conjuntas del Senado de Salud Mental y de lo Jurídico, dijo hoy que la empleada del DCR que se alega tenía vínculos no profesionales con Ávila Vázquez fue suspendida sumariamente de empleo este lunes13 de mayo. Añadió que la enfermera, que no ha sido identificada, fue notificada de la intención de ser destituida de su puesto.

Faltando cerca de 15 minutos para las 6:00 p.m., en representante novoprogresista José “Quiquito” Meléndez fue el primero en tomar la palabra de su delegación y se quejó de que a la secretaria del DCR le habían requerido reproducir muchos documentos para entregar a distintos legisladores en un término de cinco días y planteó que era poco tiempo.

Escobar Pabón indicó en el turno de Meléndez que ha entregado todos los documentos que se le habían requerido.

El representante novoprogresista también preguntó a la funcionaria sobre las medidas que ha tomado la agencia para evitar que casos como el de Ávila Vázquez, quien burló el sistema carcelario, se repitan.