¿Cualificaba Hermes Ávila Vázquez para ser liberado por su supuesto diagnóstico de salud? ¿Hubo alguna negligencia en el proceso? ¿Recibió ayuda interna?

Son muchas las interrogantes que rodean el caso del sujeto sospechoso del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega el pasado domingo en Manatí, y que ha generado diversas investigaciones en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Pero, ¿qué se sabe?

Desde el 14 de febrero de 2005, Hermes Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas. El DCR lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, tras las evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional.

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  • ¿Quién es Hermes Ávila Vázquez?

El hombre de 52 años es natural de Vega Baja. Tiene una estatura de 5′11″, 228 libras de peso y cicatrices en la espalda por un accidente laboral y en el abdomen debido a una cirugía. Lo apodan “Harry”, “Gary”, “Ary” y “Yary”. Trabajó como obrero de la construcción en la actual comandancia de área de Caguas. Lo que lo llevó a ese municipio fue que se enamoró de una residente del barrio La Barra, a quien afortunadamente no le hizo daño físico que se tenga constancia. Se le han atribuido descripciones de manipulador, mentiroso compulsivo y maestro del engaño.

Hermes Ávila Vázquez figura en silla de ruedas en sus fotos en el Registro de Ofensores Sexuales.
Hermes Ávila Vázquez figura en silla de ruedas en sus fotos en el Registro de Ofensores Sexuales. (Captura)
  • ¿Por qué se le acusa ahora?

El pasado lunes, 22 de abril, Ávila Vázquez fue acusado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, y cargos de destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, al amparo del Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Armas y vehículo hurtado. La jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza de $4 millones, por lo que fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón.

El cadáver de Meléndez Vega fue localizado el domingo a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos en Manatí. Estaba semidesnuda, fue degollada y con heridas en la cabeza.

Tras cometer los hechos, presuntamente, Ávila Vázquez se llevó el vehículo de la mujer marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, el cual fue encontrado estrellado con un poste a orillas de la carretera y se presume que huyó a pie.

Esa noche la víctima estaba en una actividad privada en el negocio De Aquí Pa’ Donde en Vega Baja. Su victimario acudió acompañado por una pareja. Ávila Vázquez frecuentaba el lugar, pues su propietario ocasionalmente lo empleaba para realizar tareas en el establecimiento sin conocer su nefasto pasado, ya que ofreció varias versiones al igual sobre sus alegadas condiciones de salud. Tanto Meléndez Vega como el sospechoso salieron en sus respectivos vehículos privados y no se ha revelado en qué circunstancias se le cruzó en el camino a la víctima.

  • ¿Cuándo fue investigado por primera vez?

Según el Registro de Ofensores Sexuales, el 12 de noviembre de 1991 fue acusado de tentativa de violación, tentativa de sodomía y restricción a la libertad.

  • ¿Cuándo fue investigado por segunda vez?

Para septiembre de 1994, cuando Ávila Vázquez tenía 23 años y residía en el sector Ávila del barrio Guaraguao Arriba en Bayamón, fue acusado junto a otros dos hombres por cargos de asesinato en primer grado, encubrimiento y conspiración con relación a la muerte de tres mujeres cuyos cadáveres fueron encontrados en estado de descomposición entre los meses de mayo y agosto del mismo año.

Las víctimas, todas usuarias de drogas intravenosas, según informes periodísticos de la época, fueron recogidas en la calle Santa Cruz, en Bayamón, fueron golpeadas y estranguladas con su propia ropa, por un juramento que hizo el principal sospechoso, que no era Ávila Vázquez. Alegadamente, el hombre juró matar a toda mujer con quien sostuviera relaciones sexuales, luego de que su exesposa le fuera infiel.

Por estos hechos, la jueza María Buzó Aboy determinó causa contra Ávila Vázquez y se le fijó una fianza de $71,000 por dos casos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Estos cargos pudieron ser desestimados, según información extraoficial. La oficina de prensa de la Administración de Tribunales no ha localizado el expediente judicial del caso por el tiempo transcurrido.

  • ¿Cuándo fue investigado por tercera vez?

Los hechos por lo que fue sentenciado a una cadena perpetua ocurrieron en junio de 2005, cuando la terapista física Celia López García, de 28 años, salió del centro comercial Las Catalinas Mall en Caguas tras comprar un bizcocho para celebrar el cumpleaños de su esposo y, abordando una guagua tipo minivan, la degolló y atacó sexualmente. Según las reseñas periodísticas de la fecha, la marcó con el “frosting” del bizcocho. Este se llevó su vehículo y lo abandonó.

Las pruebas de ADN y un vídeo de las cámaras de seguridad, donde se le veía acechándola, fueron fundamentales para el esclarecimiento del caso. También se logró aclarar que sus compañeros de trabajo en una obra de construcción no tenían nada que ver con los hechos, aunque trató de vincularlos.

Antes de enfrentar estos casos, y mientras se completaban los análisis de ADN, fue acusado por actos lascivos contra una peluquera de Caguas por hechos ocurridos dos semanas antes cuando aprovechó que iba a cerrar el negocio y le rogó que lo dejara pasar porque tenía que comprarle un regalo a su esposa.

En el Registro de Ofensores Sexuales aparece un caso con fecha del 25 de septiembre de 2005 por actos lascivos e impúdicos, que se presume corresponden al incidente con la comerciante en Caguas.

  • ¿Alguna vez se le consideró como un potencial asesino en serie?

Por definición, los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en tres ocasiones con un intervalo entre cada asesinato. Ávila Vázquez fue considerado como un posible asesino en serie ya que, para la primera investigación del crimen en Caguas, y el caso de la peluquera, a los investigadores les llegó información de al menos otros dos casos con características similares a los que fue vinculado en Bayamón, aunque los cargos fueron desestimados.

La secretaria de Corrección, Ana Escobar
La secretaria de Corrección, Ana Escobar (Carlos Rivera Giusti)
  • ¿Por qué fue elegible para quedar en libertad?

El confinado sufrió un accidente laboral que le causó daños físicos cubiertos por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) que derivaron en la otorgación de incapacidad total, para el 6 de noviembre de 2015, debido a varias condiciones de salud no detallaron.

El 17 de julio de 2021, Ávila Vázquez, le solicitó al DCR el beneficio de la Ley 25 del 19 de julio de 1992. Luego de unos exámenes realizados por un médico evaluador y un panel médico, según exige la reglamentación vigente, determinaron que padecía de “condiciones incapacitantes severas en estado avanzado” que lo cualificaban para el beneficio.

La evaluación requirió examinar al paciente y la revisión de toda la documentación clínica acumulada, como parte de los servicios de salud ofrecidos a confinado por la CFSE y el Programa de Salud Correccional, informó por escrito el Dr. Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional.

Por entender que cumplía con los requisitos, el DCR le otorgó la libertad. No se ha aclarado por qué no se tomó en cuenta su peligrosidad para la sociedad.

No se trata de un caso de libertad bajo palabra ni tampoco se hace mediante una orden del tribunal, ya que es un programa interno de la agencia.

Se ha generado un intenso debate sobre si el convicto cumplía o no con los requisitos para que el DCR lo dejara libre bajo el amparo de la Ley Núm. 25, ya que ser parapléjico no le cualifica.

Se ha interpretado que la intención legislativa de esta ley es otorgar un pase expedido para los pacientes en una etapa ya avanzada de alguna enfermedad que no representan un peligro para la sociedad; como un acto humanitario que le permita estar más cerca de sus familiares en los últimos meses de su vida.

  • ¿Con quién vivía al momento de los hechos?

El hombre fue a vivir a la residencia que le facilitó una amiga, que no se especificó si era su pareja, ya que la casa de su progenitora no estaba apta para tener viviendo a una persona con movilidad limitada.

  • ¿Cómo burló el sistema, si podía caminar?

La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, expresó que le resultó insólito que el hombre, presuntamente, haya fingido una condición incapacitante para estar en libertad y encomendó una investigación a fondo, que también le fue asignada a la compañía Physician Correctional, para que revisen el informe del médico evaluador y el panel para determinar cómo se llegaron a esas conclusiones. A su vez, están en comunicación con CFSE para corroborar el diagnóstico.

Como medida cautelar, se envió a trabajar a otra institución a una enfermera correccional con la que tenía amistad Ávila Vázquez.

La funcionaria otorgó un término de 10 días a una firma auditora para que analice la totalidad del expediente médico que le permitió salir de la prisión.

Tampoco se permitirá que en las próximas dos semanas nadie salga bajo programas de desvío o comunitarios si no están seguros de que no ponen en riesgo la seguridad.

  • ¿Quiénes estaban a cargo de su evaluación médica?

La compañía Physician Correctional, no obstante, Ávila Vázquez recibe tratamiento de la CFSE, cuyo administrador, Noé Marcano Rivera, aclaró que la evaluación del paciente, en este caso un confinado, se hace para determinar su capacidad parcial o total permanente para continuar trabajando o para acogerse a algún beneficio.

El alcalde de Naguabo, Noé Marcano,  anticipó que los  municipios no tendrán fondos para  pagar por los servicios. (GFR Media)
Noé Marcano, administrador de la CFSE (Archivo)

Ávila Vázquez pertenecía a una de las brigadas del DCR cuando sufrió el accidente. Fue referido al CFSE para recibir servicios, porque es obligatorio que se active una póliza para cubrir ayuda en caso de accidente.

“Nosotros declaramos incapacidad parcial o incapacidad total (laboral) debido a la lesión del empleado, no para otorgar libertad o condenar a nadie... Hay personas que se determinan con paraplejia, pero caminan y reciben tratamiento en nuestra clínica de trauma de cordón espinal... Si él (Ávila Vázquez) tenía alguna otra condición, según establece la Ley 25, y él se amparó y solicitó la excarcelación, no tiene nada que ver con el Fondo del Seguro del Estado”, sostuvo Marcano Rivera, quien dijo desconocer si antes de que asumiera la posición de administrador en enero, Physician Correctional o el DCR hicieron alguna consulta.

El funcionario indicó que el martes el DCR les remitió una solicitud para la entrega del expediente médico del lesionado, el cual no le pueden dar si no es a través de una orden judicial. Solo pueden compartir información considerada pública.

  • ¿Se puede fingir una condición como esta?

“Por lo que yo he visto de los récords de los especialistas y los laboratorios, como son los MRI (imágenes de resonancia magnética), este paciente tenía una condición que era considerada para tenerlo en las clínicas de trauma de cordón espinal”, sostuvo, por su parte, el Dr. Darwin Marrero, director médico del Hospital Industrial.