Ponce. El ingeniero estructural Carlos Pesquera, quien fue contratado por el gobierno como asesor en medio de la emergencia provocada por los terremotos, informó que “no recomendaría el inicio de clases (para la zona suroeste de la Isla) hasta que no cesen las réplicas de magnitud 3 o 4 y se puedan revisitar las escuelas para revalidarlas”.

La expresión la hizo durante una entrevista con Primera Hora realizada en el Centro de Manejo de Emergencias establecido en Ponce.

Según explicó, las evaluaciones que se realizan en las escuelas públicas para “determinar si estas facilidades sufrieron daños”. Pero, como los movimientos telúricos continúan afectando a la Isla, señaló que es necesario establecer un control especial para las estructuras de las zonas más afectadas, que es el suroeste.

Indicó que a hoy la inspección de escuelas va por un 60%. Como hallazgo principal, comentó que las unidades de la zona metropolitana no presentan daños tras los sismos.

El Departamento de Educación espera que se completen estas evaluaciones para que inicien las clases. Preliminarmente, se ha informado que la fecha para que los estudiantes regresen a las aulas es el 22 de enero.

En medio de la emergencia, Pesquera fue designado por la gobernadora Wanda Vázquez como asesor en la mitigación de riesgo por daños causado por terremoto. Una de sus funciones fue diseñar cómo se evaluarían las escuelas.

Para las escuelas que se detecten algún problema, el ingeniero indicó que “estoy en conversaciones con personas conocedoras, contratista para ver cuál es el enfoque más prudente. Evaluando si se hace algo a corto plazo, que sea eliminar cosas que se caen de la mata, lo que existe y se puede remediar o si hacemos un plan más abarcador que tome como factor la columna corta y demuestre que las estructuras están seguras para evitar colapso y pérdida humana”. 

“La clave es identificar los recursos para hacer esto”, añadió.

Según Pesquera, quien fue secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas en la administración de Pedro Rosselló, hay disponibles $3,000 millones en fondos federales para mitigación y una reserva de fondos estatales destinadas para pagar a los inversionistas.