Piden cuentas a la designada secretaria de Justicia por su postura sobre inmigración y aborto
El Senado formalizará la votación sobre la nominada a las 3:00 p.m., junto a las designadas a Estado y Trabajo.

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El gobierno de Jenniffer González Colón se encamina a contar con tres secretarias de importancia mayor en la línea de sucesión, si el Senado da paso esta tarde a los nombramientos de Rosachely Rivera Santana al Departamento de Estado; a Lourdes Gómez Torres como titular de Justicia y a María Del Pilar Vélez Casanova en el Departamento del Trabajo.
En la vista de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, liderada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que se celebró esta mañana en el salón Leopoldo Figueroa, quedó establecido claramente el respaldo de varios senadores y senadoras a las nominadas, tal como se anticipaba. En horas de la tarde, a partir de las 3:00 p.m., se espera que el Senado formalice la confirmación de las tres nominadas.
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Aunque Rivera Schatz indicó la semana pasada que las designadas cuentan con su “apoyo”, aseguró que el Alto Cuerpo haría la evaluación “de rigor”.
En la vista, sin embargo, también hubo algunos cuestionamientos y en particular se trató el tema de la manera en que el gobierno ha estado colaborando con autoridades federales respecto a la política migratoria promovida por el presidente Donald Trump, y las redadas y deportaciones masivas que se están llevando a cabo.
A preguntas de senadores, Rivera Santana se reafirmó en más de una ocasión en que se debía “respetar la dignidad humana, independientemente de cuáles sean las políticas públicas que tengamos que acoger dentro del marco legal”.
“Hay que buscar de alguna manera los servicios necesarios para respetar la dignidad del ser humano, sin atropellos y sin procesos que puedan ser denigrantes a la vida humana”, afirmó la alcaldesa de Gurabo, agregando que desde el Departamento de Estado se ofrecen servicios para ayudar a las personas a regularizar su estatus migratorio y convertirse en ciudadanos estadounidenses
La nominada a Justicia, sin embargo, aunque también habló de respetar la dignidad humana y hacer cumplir la ley de manera imparcial, fue más parca en sus respuestas sobre el tema de los migrantes.

Por ejemplo, a la pregunta de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, sobre la colaboración del gobierno, y en particular del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), con las autoridades federales en su política contra los inmigrantes, se limitó a establecer que “tenemos que cumplir con las leyes federales” y evitó entrar en más detalles sobre el asunto.

Vélez Casanova también sostuvo que, si bien ofrecerían servicios a inmigrantes en el Departamento del Trabajo, también había que cumplir con la ley federal.
En otros asuntos, la nominada a Justicia fue cuestionada por la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, sobre un asunto relacionado al tema del aborto, en particular si entendía que el estado de derecho vigente en la Isla debía ser la derogación federal del caso Roe vs Wade, o el caso local conocido como Pueblo vs Duarte, que concede el derecho al aborto. Gómez Torres respondió que entendía que “la política pública actual es el derecho a la vida”, y los artículos 98, 99 y 100 del Código Penal que prohíbe el aborto, con algunas excepciones, es decir, que, a su entender, prevalecía la decisión federal sobre Roe vs. Wade, y la consiguiente derogación tácita de Pueblo vs. Duarte.
Por otro lado, el presidente senatorial recordó la renuncia de un gobernador en el verano del 2019, refiriéndose a Ricardo Rosselló, y le preguntó a Rivera Santana si estaba lista para ocupar la gobernación en caso de que ocurriera algo similar.
Tras expresar que confiaba en que la gobernadora González Colón no fuera a enfrentar tal situación, Rivera Santana expuso que gracias a su experiencia para afrontar situaciones difíciles al frente del municipio de Gurabo, podía responder que “sí, estoy preparada, capacitada y lista” para asumir la responsabilidad si llegaba a ocurrir tal circunstancia.
¿Qué ha pasado antes?
El escaño de Estado ha confrontado problemas con las nominaciones previas de Verónica Ferraiuoli y Arthur Garffer, quien es secretario del Departamento de Seguridad Pública.
Ferraiuoli estuvo bajo fuego desde el inicio de su designación luego de que trascendiera, entre otras cosas, que la licenciada no radicó a tiempo sus planillas de contribución sobre ingresos por los años 2021, 2022 y 2023.
Mientras que Garffer no cumplía con los requisitos de residencia, lo que se le hizo saber a la gobernadora.
Ambos nombramientos fueron retirados por la mandataria.
Posteriormente González Colón envío el nombre de la alcaldesa de Gurabo para la secretaría de Estado.
Ferraiuoli continúa colaborando estrechamente con la gobernadora en el nuevo cargo de “coordinadora de eficiencia”, una posición creada por la mandataria y que describió como la versión local del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos.
En el caso de Justicia, la historia fue similar, pues su primera opción, la exfiscal Janet Parra, tampoco tenía los votos para ser confirmada.
Parra se vio involucrada en varias controversias, que incluyó a un miembro de su escolta indagando sobre reuniones de fiscales en el Capitolio, además de haber sido investigada por un posible conflicto de interés al intentar defender a mediados de 2022 -y a semanas de haber renunciado a su cargo como fiscal en Justicia- a dos individuos de la organización criminal liderada por Delwin Berrios Navarro, conocido como Tun Tun. Según trascendió, esta organización era investigada por Justicia.
Posteriormente, la gobernadora nominó a Lourdes Gómez Torres a Justicia.
Mientras que María Del Pilar Vélez Casanova ya venía desempeñándose de manera interina en el Departamento del Trabajo.
Tras la dilación de Fortaleza de hacer los nombramientos en propiedad, Rivera Schatz advirtió el pasado 22 de mayo que el Senado podría tomar acción sobre los cargos que se ejercían de manera interina.
En Puerto Rico, en caso de que el gobernante no pueda cumplir con su trabajo o esté fuera del país, el orden de sucesión, según la ley, sería los titulares de Estado, Justicia, Hacienda, Educación, Trabajo y Recursos Humanos, Salud y Agricultura.