El legislador popular José “Cheito” Rivera Madera solicitó este jueves que se destituya a la representante del interés público ante la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), Liza Ortiz, ya que a su juicio no defendió ninguno de los puntos exigidos por el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, para dar paso a la privatización de la generación de energía.

De inmediato, Ortiz expuso que “yo respeto la libre expresión de cada persona y no tengo ninguna reacción sobre las expresiones del representante”.

Según Rivera Madera, la abogada no siguió los postulados que en acuerdo estableció Hernández, junto al presidente del Senado, José Luis Dalmau, para avalar el proceso que se realiza para conceder mediante una APP de la generación de energía a una empresa privada.

Explicó que señaló a Ortiz y no al representante del interés público, Eduardo Ferrer, ya que la primera representa a la Cámara y el segundo al Senado.

Pero, más allá de solicitar la destitución de la abogada, el legislador lo que pretendía en una serie de tuits era “desmantelar todos y cada uno de estos seis puntos que se presentan aquí para justificar el voto a favor de los representantes del interés público ante la Junta de las APP y regalar a un consorcio extranjero la generación de energía en PR (Puerto Rico) sin poner ni $1″.

Los requisitos que expresaron los presidentes legislativos que debían ser incluidos en el contrato establecían que cualquier ahorro alcanzado se refleje en una reducción en la factura; que ninguna APP sobre la generación puede arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos; que ningún contrato podrá servir de pretexto para la contratación de socios, aliados, subsidiarias ni entidades ligadas a la compañía operadora; que para ejecutar cualquier contrato debe dársele prioridad a la contratación de empresas y empleados locales; que la rendición de cuentas, el acceso a la información y las métricas relacionadas al desempeño del contrato deben garantizársele a la Asamblea Legislativa de manera transparente, así como que las extensiones y acuerdos posteriores deberán contar con la aprobación de los representantes del interés público.

Rivera Madera alegó que el contrato sería el mismo de LUMA Energy y que no generaría ahorros; que a los empleados no se les honraría el convenio colectivo; que el negocio quedará en manos de una filial de una empresa con contrato en la AEE; que “los contratos de las APP tienen mil y una salidas diferentes para no rendir cuentas” y que a la larga habrá que hacer extensiones de contratos.

Selló su expresión al establecer que todo lo prometido quedó en “mentiras”.

Los detalles del contrato no han sido revelados. Es que falta que la Junta de Gobierno de la AEE y el gobernador Pedro Pierluisi lo avale.