Tras confirmarse la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy en lo que se logra reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador Pedro Pierluisi desglosó los peligros que se tienen si este consorcio se va del país.

“Es el interés público la extensión del contrato suplementario con LUMA”, destacó en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

No obstante, esta extensión implica que el pueblo de Puerto Rico pague más dinero a LUMA Energy que si hubiese entrado en vigor el contrato de 15 años, lo que se suponía ocurriera mañana, jueves.

Según explicó el gobernador a Primera Hora, este año se le pagó a LUMA $115 millones y para el próximo año se le incluiría dinero adicional por concepto de la inflación. Esto llevaría a que el pago sea de $122 millones bajo el contrato suplementario.

Dijo que si, en cambio, hubiese entrado en vigor el contrato de 15 años, el gobierno le hubiese pagado al consorcio $70 millones en su primer año. Además, se impondrían bonificaciones o penalidades.

A medida que pasen los años, dijo, aumentaría la paga a LUMA Energy. El límite anual sería de $105 millones.

El director de la Autoridad de las Alianzas Público Privada, Fermín Fontánez, indicó, por su parte, que las bonificaciones al consorcio van desde $13 millones a $20 millones. Mientras, sería el Negociado de Energía las que impondría las multas.

Pero, el contrato suplementario de LUMA fue extendido, ya que no se ha logrado reestructurar la deuda de la AEE. La acción fue avalada por las juntas de la Autoridad de las APP y de la AEE.

Entretanto, el primer ejecutivo dejó claro que, en el momento en que se logre reestructurar la deuda, entrará en vigor el contrato de 15 años que se acordó.

Alertó que “cancelar el contrato de LUMA sería ir en contra de lo que le conviene a Puerto Rico”.

“Sería una locura, sería una pesadilla”, agregó.

Explicó que una cancelación del contrato de LUMA, como reclaman algunos sectores del pueblo, podría ser detrimental. Estipuló que una nueva empresa costaría más, se atrasaría la reconstrucción, podría provocar que el sistema energético del país no se estabilice y tendría implicaciones “serias” en la reestructuración de la deuda. Alegó que podría llevar a que el tribunal nombre un síndico.

“Todos queremos que se logre la transformación de nuestro sistema eléctrico a uno moderno, resiliente y a base de fuentes de energía renovable. Todos queremos que se agilice la reconstrucción y modernización de nuestra red eléctrica para que tengamos un servicio confiable. Todos queremos que tanto LUMA como la Autoridad de Energía Eléctrica mejoren su desempeño para tener un servicio eléctrico más estable. Todos queremos que se realicen los proyectos de energía solar a gran escala que están en proceso para que tengamos suficiente generación de energía de fuentes renovables. Todos queremos que el gobierno siga incentivando la instalación de placas solares y baterías a nivel industrial, comercial y residencial y todos queremos que la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra, que evitemos que el tribunal nombre un síndico por solicitud de sus bonistas y que logremos un recorte significativo en su deuda para que no se afecte el bolsillo de nuestra gente. En eso estamos todos de acuerdo”, puntualizó el primer ejecutivo.