Los presidentes de la Asociación y la Federación de Alcaldes, así como el gobernador Pedro Pierluisi firmaron este miércoles unos acuerdos de colaboración que buscan ayudar al desarrollo de los municipios sin imponerle cargas económicas que le corresponden al Estado.

Dichos acuerdos contemplan que los municipios no tengan que aportar dinero de sus arcas para mantener el plan de salud gubernamental, conocido como Vital, así como transferir fondos estatales para que los municipios se hagan cargo de responsabilidades que le corresponden al gobierno, como lo pudiese ser el mantenimiento de las carreteras.

Estos convenios se alcanzaron tras una reunión que sostuvo el ejecutivo con los miembros de ambas organizaciones, presididas por el popular Luis Javier Hernández y el novoprogresista Ángel Pérez, en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

En una conferencia de prensa, Pierluisi dejó claro que defenderá a los municipios ante la Junta de Supervisión Fiscal para evitar que se le impongan más cargas económicas o le reduzcan el fondo de equiparación.

Por ejemplo, detalló que hará “las gestiones necesarias ante la Junta de Supervisión Fiscal para que el gobierno central deje de estar cobrándole a los municipios o exigiendo a los municipios que hagan aportaciones al plan de salud del gobierno de Puerto Rico”.

“Ese plan de salud, que ahora se le llama Vital, es un programa de salud estatal, no es municipal y siempre yo he sido de la opinión que quien debe financiarlo es el gobierno estatal, utilizando fondos federales y en la medida que los fondos federales no den abasto, entonces con recursos propios. Le expresé a todos los alcaldes y alcaldesas que tan pronto el gobierno federal extienda o aumente los fondos federales que tenemos disponibles para el plan Vital, que eso debe ocurrir en algún momento este año antes del 1 de octubre, que es el principio del próximo año fiscal del gobierno federal, pues, que cuando sepamos y tengamos claridad de cuál es la cantidad de fondos federales que viene a Puerto Rico para el plan Vital, es ahí que yo voy a plantar bandera, aunque ya la Junta lo sabe, para que los municipios no tengan que continuar esas aportaciones. Eso va a ser de gran ayuda para los municipios”, agregó.

El otro reclamo que Pierluisi prometió que defendería es a los fines de que la Junta no imponga la reducción de $44 millones que se incluyó en el plan fiscal del gobierno para el fondo de equiparación. Si no se hace la reducción en el presupuesto del próximo año fiscal, los municipios tendrían disponible $130 millones.

“Estas transferencias, mal llamadas subsidios, son indispensable para los municipios particularmente municipios que no tienen gran población. Sus presupuestos han sido seriamente golpeados ya con los recortes que se han hecho. Yo estoy insistiendo que paren esos recortes ya, porque es que no hace sentido que se pretenda reestructurar el gobierno de Puerto Rico o las finanzas del gobierno de Puerto Rico y no se le dé atención a las finanzas municipales, porque los municipios complementan los servicios que da el gobierno central y, si están en mala condición, pues, quien sufre las consecuencias es el pueblo. La Junta si viene aquí a supervisar, pues tiene que supervisar para que el gobierno en su totalidad, es decir gobierno central y gobierno municipal, mejoren su efectividad”, afirmó el mandatario.

El otro acuerdo alcanzado es a los fines de que el gobierno transfiera fondos estatales a los municipios de forma coordinada y legal cuando realicen aquellas labores que por años le han sido delegadas.

“Me consta que los municipios muchas veces rinden servicios que le corresponde rendir al gobierno central, cosas como mantenimiento de carreteras estatales, mantenimiento de escuelas, transportación escolar, por dar tres ejemplos. (Estas son) áreas en las que los municipios tradicionalmente han entrado a rendir servicios y el gobierno no los ha compensado adecuadamente. La lista es larga, porque hay otros buenos ejemplos”, manifestó Pierluisi.

Para lograr una coordinación efectiva, el gobernador nombró un comité, que estará compuesta por un miembro de la Federación, un miembro de la Asociación, así como una persona que le represente. En este caso, será el secretario auxiliar de la gobernación para asuntos municipales, el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo.

“Ese grupo de trabajo lo que va a hacer es darse a la tarea de identificar todas las posibles competencias y, entonces, identificar el presupuesto que tiene el gobierno central para esos servicios y proponer, pues, maneras en las cuales podemos municipalizar esos servicios. Puede ser, por ejemplo, un convenio entre el gobierno central o una agencia del gobierno central y un municipio o puede ser un memorando de entendimiento y cualquier otra recomendación que recibamos”, explicó.

El grupo tendrá 60 días para rendir un informe. Se espera que estos convenios comiencen a funcionar para el próximo presupuesto, el cual entra en vigor el 1 de julio.

Tras dar a conocer estos acuerdos, los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes se mostraron conformes.

Hernández, quien es alcalde de Villalba y representa a los populares, expresó que “en todas las emergencias del país, se ha demostrado que los municipios somos quienes brindamos el servicio más directo a la gente. Mediante la descentralización no solo se acercan los servicios esenciales a nuestros ciudadanos, sino que también redunda en un ahorro en el gasto del gobierno estatal. Agradezco su apoyo a este acuerdo histórico entre la Asociación y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. En los próximos 60 días el Comité de Descentralización rendirá un informe para convertir los acuerdos en legislación”.

Por su parte, Pérez, quien administra el municipio de Guaynabo y lidera a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, comentó que muchas de las responsabilidades a las que el gobierno les asignaría fondos ya son realizadas por los municipios. Habló, por ejemplo, del desyerbo y acondicionamiento de las carreteras o de las instalaciones deportivas.

“Yo entiendo que esto es un momento histórico”, sostuvo, al afirmar que una vez la Junta de Supervisión Fiscal dé el visto bueno se sometería legislación para darle carácter de ley a esta propuesta que pretende descentralizar al gobierno.