El grupo de legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció que estarán radicando proyectos similares en Cámara y Senado para devolver al pueblo de Puerto Rico el control de su sistema eléctrico y poner fin a los contratos de privatización con las empresas LUMA Energy y Genera PR.

Según explicaron los líderes del PIP, el Proyecto de la Cámara 797 y el Proyecto del Senado 695, enmendarían la Ley 83 de 1941, que dicta los procesos relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y establecen nuevas disposiciones dirigidas a evitar que se repitan los errores que la plagaron en el pasado, como la politización, los nombramientos apartados del principio del mérito, la mala administración, falta de transparencia, falta de mantenimiento, criminalización de sindicatos, entre otras.

El nuevo marco legislativo que propone el PIP plantea una reorganización de la AEE y su Junta de Gobierno bajo principios de mérito y transparencia, con el fin de eliminar la injerencia partidista y reforzar la rendición de cuentas.

“Ante el fracaso evidente y reiterado de la privatización, la única vía sensata es recobrar el control del sistema eléctrico, superando los males de la antigua operación de la AEE, y entendiendo el servicio de energía como un derecho humano”, sostuvo la senadora María de Lourdes Santiago.

“Los frecuentes apagones y el aumento sin precedentes en la factura de luz son un claro ejemplo del fracaso de LUMA, la privatización y la politización de nuestros servicios esenciales. El bipartidismo debilitó por décadas la energía eléctrica y vendió la idea de la privatización como la varita mágica que veía a resolver todos los problemas. Hoy está claro que fue un fracaso rotundo. La energía es un derecho fundamental, que no debe estar en manos privadas que operan sin rendición de cuentas. Es momento de brindarle al pueblo seguridad energética”, agregó, por su parte, el representante Denis Márquez.

Los líderes del PIP enfatizaron en que los proyectos van mucho más allá y recogen un sinnúmero de recomendaciones de expertos en el sector energético, ingenieros, economistas, el sector de energía renovable, entre otros, de manera que se logre devolver a Puerto Rico un sistema confiable de energía eléctrica.

Juan Dalmau, secretario general del PIP, indicó que el portal patrianuevapr.com el público puede encontrar un resumen del proyecto, al igual que el proyecto como tal, y exhortó al público a revisarlo y expresarse sobre este importante asunto.

Además de Dalmau, Santiago y Márquez, también estuvieron presentes durante el anuncio el senador Adrián González, las representantes Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón, así como el ambientalista Juan Camacho, el abogado Rolando Emmanuelli, el ambientalista Víctor Alvarado, y el economista Edwin Irizarry.

Dalmau insistió en que este es “un proyecto necesario y urgente”, pues “el colapso de nuestro sistema energético en manos de dos empresas privadas, LUMA y Genera PR, ha tenido un impacto devastador a nivel humano y a nivel social en Puerto Rico”.

“Creo que hay un consenso de país, más allá de líneas partidistas, más allá de líneas ideológicas, que el modelo actual no funciona y que tiene que superarse. Hoy tenemos un sistema energético más inestable que antes y más costoso que antes. Eso es inaceptable, particularmente para los que consideramos que el acceso a la energía eléctrica debe ser tratado como un derecho humano. Va a la médula de la calidad de vida, va a la médula de los cuidados de salud, va a la médula de la educación y del desarrollo económico del país”, agregó.

Dalmau destacó que en el pasado líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) han criticado a LUMA y Genera, “pero lo han hecho de la boca para afuera. No han presentado medidas concretas para manejar esta situación”, bajo la excusa de que no hay otras propuestas.

“Pues aquí estamos aquí estamos presentando una propuesta en blanco y negro para un nuevo modelo de gobernanza, que se recoge básicamente en unos puntos fundamentales”, agregó Dalmau, antes de enumerar seis elementos claves de su propuesta:

-El sistema energético tiene que revertir a manos del pueblo de Puerto Rico.

-La democratización de la composición de la Junta de Gobierno de nuestro sistema energético, para que cuente con representación de la sociedad civil, de expertos en sistemas energéticos renovables, de expertos en energía como los académicos recinto de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, además de los representantes de abonados, entre otros.

-Un traslado operacional, que actualmente está en manos de las privatizadoras, hacia un nuevo ente de gobernanza energética en manos del pueblo de Puerto Rico.

-Tiene que haber una política de un desarrollo de energía renovable, con métricas de cumplimiento.

-Transparencia en la gobernanza, que el país conozca cada contrato, cada iniciativa, cuáles son las metas y cómo se están cumpliendo.

-Fin a la política partidista dentro de los modelos de la gobernanza energética, dejar de usar la afiliación político partidista como criterio de reclutamiento y en cambio usar el mérito.

El licenciado Emmanuelli subrayó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas de la AEE “le han dicho a la jueza Taylor Swain en el proceso de Título III (de quiebra) que la privatización resultó en un proceso mucho más costoso para la generación y transmisión de energía eléctrica y que estamos peor de lo que se estaba anteriormente, y que a pesar de las grandísimas inversiones, que van cerca de los $2,000 millones, en esa privatización, no ha habido ningún avance”.

El representante Márquez explicó que el proyecto de ley enmienda “varias de las leyes vigentes en Puerto Rico, empezando por la ley de la política pública energética, la ley de transformación y alivio energético, en todo aquello que tiene que ver con enunciados y planteamientos sobre lo privado, haciendo, como se titula el proyecto, un rescate público a nuestro sistema eléctrico”.

Detalló que el proyecto también democratiza la Junta de Gobierno de la AEE, “con cuatro representantes, sí, nombrados por el gobernador o gobernadora en su momento dado, pero solo uno a discreción del criterio de la gobernadora. Los otros tienen que ser nombramientos a base de recomendaciones académicas de los que saben del tema de energía, particularmente de los profesores y profesoras de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Mayagüez”.

Agregó que también tiene que haber en esa Junta representación de los grupos ambientalistas que trabajan con el tema de energía renovable, y, para que no vuelva a la quiebra, también debe nombrarse una persona a base de los expertos de economía de la Asociación de Economistas. Los tres miembros restantes serían representantes de los consumidores del país, residenciales, comerciales e industriales, bajo unos criterios de que “no pueden ser activistas políticos, no pueden haber aportado a partidos políticos durante muchos años, no pueden tener contratos con compañías subcontratadas por la AEE, que sus términos van a ser de cuatro, cinco y seis años, y que no puede haber una destitución por parte del gobernador o gobernadora de turno si no hay una justa causa”.

También se enmendaría la ley del Negociado de Energía para disponer que sus miembros también cumplan con “esos mismos criterios de limpieza gubernamental y no criterios político partidistas”.

De igual forma, se fortalece “todo lo que tiene que ver con auditoría interna” de la AEE y dispone que sea divulgado públicamente; se establecen criterios específicos de limitación a los nombramientos de confianza, establece las categorías de empleados de carrera, de empleados por contrato, siempre bajo el principio del mérito; y dispone para que todos aquellos empleados que fueron distribuidos a través del gobierno tras la privatización de la AEE, y para que los que estén en las privatizadores conserven su derecho a continuar trabajando en la AEE.

“Y además establecemos criterios de no permitir aportaciones económicas a partidos políticos para de esa forma, de una vez y por todas, atender el asunto de eliminar la política partidista de la AEE”, agregó.

Santiago recordó que “es un compromiso del partido que está en el poder (PNP) la cancelación del contrato de LUMA. Ese tema ya está adjudicado. Y por la misma vía va el contrato de Genera, y las gravísimas implicaciones de sus conflictos de interés. Sobre eso ya en este país no hay discusión”. Agregó que luego de la cancelación del contrato solo había dos posibilidades, una de ellas “buscar otra privatizadora, que va a operar bajo los mismos supuestos de LUMA”.

“No podemos seguir con otra privatizadora. La única vía que nos queda es el rescate para devolver al pueblo de Puerto Rico el control de la generación, la transmisión y la distribución. Lo que hacen estos dos proyectos, por lo tanto, es establecer la zapata jurídica para que eso ocurra”, afirmó.

“Vamos a ver si le van a dar las vistas públicas, vamos a ver si se va a llevar a votación, vamos a ver quién está a favor de este nuevo modelo energético que proponemos, con las protecciones necesarias de que sea eficaz, confiable y accesible, y quiénes en el fondo prefieren que esto continúe en manos de LUMA y de Genera por beneficios económicos particulares”, insistió Dalmau.

A preguntas de la prensa, sobre cómo ocurriría ese cambio que se busca, si tendría que ser con el mismo sistema eléctrico que se dice una y otra vez que está muy deteriorado y no hay dinero suficiente para arreglaro, Dalmau indicó que ese asunto económico se atendería destinando el dinero, como debe ser, “al servicio, la infraestructura, el mantenimiento” del sistema, en lugar de destinarse, “como ocurre con las privatizadoras, que parte del dinero que se asigna está dirigido al lucro de esa privatizadora, a los salarios de los ejecutivos de esa privatizadora”.

Recordó que el proyecto establece que no se trata de volver a la antigua AEE, sino de “incluir elementos de energía renovable, modernización, así que eso daría una mayor captación económica dirigida al sistema”.

Márquez agregó que los estudios que hicieron economistas y profesores como parte del proyecto demuestran que, al pasar a manos públicas el sistema eléctrico, se generarían unos ahorros de $800 millones.

Sobre el hecho de que la JSF ha dicho que prefiere que el sistema esté bajo un ente privado, el líder del PIP indicó que la Ley Promesa no establece “una condición sin la cual no podemos acogernos a una quiebra en la AEE que sea un ente privado. Puede ser un ente público”. Por otro lado, indicó que la JSF “no puede ahora justificar mantener un ente privado cuando los propios informes de la JSF lo que han señalado es que el ente privado ha estado aumentando la facturación energética tanto comercial como industrial como residencial, lo cual coloca a Puerto Rico en una instancia de precariedad que impide su desarrollo económico”.