El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) aguarda porque, de un momento a otro, llegue la renuncia del suspendido alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, confirmó el secretario de la colectividad, Carmelo Ríos.

Sin embargo, el exfiscal federal Osvaldo Carlo, señaló que desconoce si su representado en el caso de corrupción pública que le imputan las autoridades federales tome la decisión de salir del cargo.

Aceptó, de paso, que será la próxima semana cuando se reunirá con Pérez Otero para discutir los pormenores de la acusación federal, ya que se encuentra en la capital federal.

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“Mi posición defiendo a un montón de personas es que no dejan profesiones para defenderse. Eso es una decisión personal y política”, señaló.

Comentó que ha sido claro en que defendería a Pérez Otero de los cargos por soborno, conspiración para cometer soborno y extorsión aun si “renuncia o se queda como alcalde”.

Desde el gobernador Pedro Pierluisi hasta la Legislatura Municipal de Guaynabo le han reclamado la renuncia a Pérez Otero, quien ayer fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Por otro lado, Carlo reveló que varios alcaldes han solicitado su asesoramiento, así como de otros abogados que litigan en el foro federal, tras haber sostenido conversaciones con Oscar Santamaría. Este contratista se declaró culpable en el foro federal por haber pagado sobornos al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado.

Pero, con el caso de Pérez Otero, al que supuestamente le pagaba $5,000 mensuales a cambio de un contrato para la empresa Island Builders, salió a relucir a través de una fotografía que Santamaría llevaba, por lo menos, desde agosto pasado colaborando con la investigación federal.

Carlo reveló que “los que han tenido contacto con Oscar Santamaría han salido a asesorase, incluso alcaldes que cuando oigo la historia no hay nada ilegal. Hay preocupación. No es para menos en el escenario que vive Puerto Rico”.

Comentó que, a menos que no haya ocurrido un intercambio de dinero, no hay “nada ilegal” que un alcalde haya recibido a Santamaría en una reunión en la que se hable de posibles contratos.