El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó este lunes que, luego de que el equipo legal de la Uniformada revisara el tema de las escoltas para exgobernadores, a raíz de la determinación de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced de declararse culpable de un caso de corrupción ante el tribunal federal, se determinó que la ley no contiene ninguna disposición que permita retirarle el privilegio.

“Quiero compartir la decisión final con relación a la escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez y lo que fue la opinión legal que le dio paso. Esta lee como sigue: según el marco jurídico vigente, la escolta de los exgobernadores de Puerto Rico es un derecho adquirido, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso Hernández Colón. La legislación actual no establece disposición alguna que contemple la pérdida de dicho derecho por una convicción en el foro federal ni estatal. La única manera de retirar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable únicamente de forma prospectiva”, leyó González.

“En consecuencia, aun cuando la exgobernadora Wanda Vázquez se declaró culpable en el tribunal federal, la Policía de Puerto Rico no puede, bajo la normativa vigente, eliminarle la escolta, salvo que exista una legislación nueva que expresamente contemple esa limitación o que ella renuncie a dicho beneficio. Por tanto, se debe mantener la escolta conforme a lo dispuesto en la Ley 83 2025 y la jurisprudencia aplicable, hasta tanto la Asamblea Legislativa disponga lo contrario mediante una enmienda legal expresa y prospectiva”, continuó citando la opinión legal.

A preguntas de la prensa, sobre si esa determinación significaba que la escolta de la exgobernadora no se podía siquiera alterar, González aclaró que las escoltas a exgobernadores en general estaban bajo evaluación para determinar que su tamaño y tiempo sean “lo necesario para hacer el trabajo”.

“Después que se firmó la ley separando el DSP (Departamento de Seguridad Pública) de la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Seguridad y Protección regresó a la Policía de Puerto Rico y lo primero que pedí fue que me hagan un análisis de todas las escoltas, para asegurar que todas las escoltas tengan el mismo personal, que en cuestión del tamaño, el tiempo, es lo necesario para hacer el trabajo. Y estamos en ese proceso”, comentó.

“Estamos analizando en estos momentos el tamaño correcto de todas las escoltas para ser justos ‘across the board’ (para todas las partes)”.

González agregó que comunicó la decisión legal sobre las escoltas a la gobernadora Jenniffer González y al equipo legal de La Fortaleza, pero acotó que no había hablado del asunto con la Asamblea Legislativa.