La Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazó el martes, el Proyecto de la Cámara 1256 (PC1256), radicado por el representante penepé Jorge “Georgie” Navarro, que pretende centralizar la administración y reducir la participación de organismos internos en la institución.

Con pancartas en mano y declarando “¡lucha sí! ¡Entrega no!”, un grupo de catedráticos, estudiantes y exprofesores se congregaron en el Salón Ernesto Ramos Antonini del edificio anexo de la Cámara de Representantes exigiendo que no se apruebe el proyecto radicado por Navarro y que, por el contrario, se atienda el Proyecto de la Cámara 880 (PC880), que persigue lo opuesto: “crear las disposiciones necesarias para que los propios universitarios puedan transformar la Universidad de forma creativa, dinámica y continua”.

El PC880 se radicó en septiembre de 2025, mientras que el PC1256 el 5 de mayo.

“Estamos altamente preocupados”, admitió a Primera Hora Lida Orta Anés, profesora jubilada del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y cocoordinadora de la CMRU.

“Sería terrible que el de Navarro lo vean y lo evalúen y lo aprueben antes del 880 y eso es lo que estamos pendiente, que eso no ocurra”, puntualizó.

¿Qué dice el proyecto de “Georgie”?

El PC1256, radicado el 5 de mayo, propone establecer una “intervención…excepcional, temporera, improrrogable y proporcional” a lo que consideró un “riesgo institucional”, aludiendo a la presunta “crisis estructural y multifactorial sin precedentes” de la institución tras la salida de cinco de los 11 rectores.

También se sustenta en la aparente falta de actualización del Plan Fiscal, por lo que quiere modificar la ley por las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal. Asimismo, mencionó las paralizaciones y huelgas estudiantiles, que considera ponen en riesgo las subvenciones de fondos federales del Departamento de Educación federal.

Propone la intervención policiaca y fortalecer a la propia Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico por un término improrrogable de cinco años, incorporando como miembros con voz y voto a Jordán Conde, a los rectores de los 11 recintos y unidades autónomas.

Así, busca conferir a esa Junta de Gobierno las facultades extraordinarias y centralizadas para todas las determinaciones institucionales. De esta manera, suspendería las facultades decisionales de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y los Claustros, “las cuales se reducirán a funciones consultivas”.

“Esta solución preserva la legitimidad institucional de la Junta de Gobierno como cuerpo permanente, incorpora la voz operacional de quienes dirigen los recintos diariamente, evita la creación de estructuras burocráticas adicionales y permite el restablecimiento ordenado de la gobernanza ordinaria al vencimiento del término dispuesto”, lee la medida.

“La Asamblea Legislativa reconoce y respeta plenamente el principio de autonomía universitaria. No obstante, el principio de autonomía no es absoluto ni excluye la facultad legislativa de intervenir cuando concurren circunstancias extraordinarias que ponen en riesgo cierto, presente y verificable la continuidad operacional, la solvencia fiscal y la viabilidad institucional de la Universidad”, continuó.

De ser aprobado, enmendaría los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 9A de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”.

“Literalmente le da un cheque en blanco a la presidenta (de la UPR, Zayira Jordán Conde)”, explicó Orta Anés.

“Le dice ‘esto es lo que te estamos autorizando desde la Legislatura a hacer’. Así que, no queremos pensar que la gobernadora (Jenniffer González Colón) sabe de esto o de alguna forma ha estado envuelta en esto. Nos crea mucha suspicacia”, lamentó.

“Rechazamos tajantemente las intervenciones indebidas que el mismo propone en la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico, que atentan contra la propia existencia de la UPR como universidad pública del Estado, su autonomía tanto en el manejo de su presupuesto como en las decisiones curriculares”, comentó en declaraciones escritas la representante pipiola Nelie Lebrón Robles, una de las autoras del PC880.

El proyecto que apoya la comunidad universitaria

Desde septiembre de 2025, está el PC880 en el escritorio de la presidenta de la Comisión de Educación, Tatiana Pérez.

Esta medida busca ocho puntos clave:

1. garantizar la autonomía fiscal, administrativa y académica del sistema universitario y las unidades institucionales que lo integran
2. potenciar el principio de mérito y rendición de cuentas
3. lograr una participación efectiva en la toma de decisiones de los distintos sectores universitarios, cumpliendo con el principio de representatividad
4. descentralizar la institución
5. exigir, desde la ley, el ejercicio efectivo de una función de planificación y agilizar los procesos y la toma de decisiones mediante la revisión de las funciones y las estructuras establecidas por ley
6. posibilitar la renovación institucional y la despolitización mediante el establecimiento de términos fijos para los cargos de más alta gobernanza
7. garantizar un financiamiento público robusto
8. fortalecer y enriquecer la capacidad de la Universidad para recibir acreditaciones y reconocimientos locales e internacionales

De aprobarse esta ley, se derogaría la “Ley de la Universidad de Puerto Rico” para crear una nueva.

“Precisamente, lo que este proyecto quiere hacer es garantizar que la democracia y la política partidista se mantengan fuera de la Universidad”, dijo Orta Anés.