La senadora María de Lourdes Santiago anunció esta tarde que Eliezer Ríos Santiago, señalado por hostigamiento laboral contra una funcionaria del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), renunció de su cargo en el Senado hace aproximadamente un mes.

En conferencia de prensa, la también vicepresidenta del PIP detalló que Ríos Santiago, quien era asesor de la senadora, dimitó del puesto el 22 de julio y no se ha comunicado con ella desde esa fecha.

Por cuanto la Comisión Especial creada para esta pesquisa determinó que no se incurrió en acoso laboral ni tampoco se proveyó evidencia que pudiera corroborar las alegaciones de comentarios de índole machista, misógina o discriminatoria, la senadora repitió en múltiples ocasiones que Ríos Santiago fue “injustamente” juzgado y que las acusaciones provocaron fricción dentro de su núcleo familiar, destacando que ha sido “bien difícil” para su esposa y tres hijos.

“Gente que sabía que mentía estaban proyectando la imagen de Eliezer de que era un hostigador sexual que estaba bajo la protección del PIP, cuando todo el mundo sabe que el hostigamiento que se le imputaba era haberle pedido a una militante del PIP que entregara documentos de radicación de candidatura del 2019″, manifestó.

Acorde a la vicepresidenta del PIP, Ríos Santiago esperó “que estuviera la determinación de la Comisión Especial que lo exculpa...y determinó que el costo emocional era demasiado”.

Tanto fue su férrea defensa al ahora exempleado que, cuando Primera Hora cuestionó cómo la controversia ha afectado a las demás militantes del partido, Santiago se mantuvo reiterando la “injusticia” contra Ríos Santiago.

“Obviamente, hay mucha gente indignada, por lo que perciben como un gran acto de injusticia”, expresó al adelantar que esta situación “nos ha abierto el espacio de hablar de otras en el partido” y que están “en una etapa ya avanzada de radicar un protocolo de conducta de voluntarios y voluntarias en el contexto del partido” aunque “no lo exija la ley”.

Datos de la querella

Una querella impuesta por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) el 5 de agosto se impuso después de que, en junio, tres militantes del PIP denunciaran hostigamiento sexual y acoso laboral por líderes pipiolos, casos que fueron investigados por la Comisión Especial- creada por el partido político el 15 de junio y puesta en función cinco días después- que determinó no causa.

La querella relata que una fémina pipiola, quien trabajó en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como oficial de inscripción en representación del partido, presuntamente fue víctima de acoso laboral de parte de Ríos Santiago, quien llegó a ser candidato a la alcaldía de Aguadilla. También fungía como coordinador de la colectividad en varios municipios.

Luego, otras dos mujeres, también militantes del partido, igualmente expresaron a través de las redes sociales haber sido víctimas de conducta “constitutiva de hostigamiento sexual” por otro integrante del PIP mediante el intercambio de mensajes escrito y otros incidentes.

Para indagar sobre el asunto, la OPM hizo dos requerimientos de información al PIP el 16 y 18 de junio.

Basado en su información recopilada, la OPM argumentó que el PIP ha “incumplido de manera crasa, prolongada e ininterrumpida” con proveer un lugar de trabajo libre de hostigamiento sexual, con su obligación de implementar la política pública a favor de las mujeres y garantizar que no sean víctimas de discrimen por género, hostigamiento sexual o que su dignidad no sea atentada.

“El PIP ha demostrado, y aún demuestra, un profundo desconocimiento del estado de derecho en favor de las mujeres, como también una falta de conciencia sobre la multiplicidad de políticas del Estado en protección y beneficio de las mujeres”, resalta la querella.

En la misma se desprende que el PIP no provee un lugar de trabajo libre de hostigamiento sexual, incumple en la política pública a favor de las mujeres y no cuenta con un protocolo para prevenir y evitar el acoso laboral, sugiriendo así la imposición de multas administrativas de hasta $30,000, $10,000 por infracción.

Por lo tanto, la OPM le concedió un término de 30 días al PIP para responder mediante contestación escrita, así como documentación que valide su repuesta, a la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y Querellas (PAALIQ). De lo contrario, “se le podrá anotar rebeldía y continuar los procedimientos en su ausencia”.

“Reiteramos: con toda la evidencia en sus manos, la señora subsecretaria de Estado (y procuradora Lersy Boria Vizcarrondo) no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento”, recalcó Santiago.

Arbitrario y un ejercicio de abuso de derecho

Santiago catalogó la querella contra el partido político, impuesta por la ahora exprocuradora Boria Vizcarrondo, como un proceso arbitrario.

La querella se impuso después de que, en junio, tres militantes del PIP denunciaran hostigamiento sexual y acoso laboral por líderes pipiolos, casos que fueron investigados por la Comisión Especial- creada por el partido político el 15 de junio y puesta en función cinco días después- que determinó no causa.

Santiago depreció la querella, y especificó a este diario que considera que se trata de un “abuso del derecho” de parte de Boria Vizcarrondo.

“Las faltas que imputa...es que el PIP, como patrono, no tenía protocolos para carteles puestos en este edificio para las personas que han sido empleadas aquí-ninguna de las cuales es o ha sido querellante. No se imputa que el PIP haya incurrido en acoso laboral ni de ningún tipo y el que lo diga miente”, resaltó en conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario general del PIP, Juan Dalmau, concordó con lo planteado por Santiago y afirmó que el PIP “desde un principio” tomó en serio las alegaciones y cumplió con los requisitos de la Procuradora, pero según él, Boria Vizcarrondo optó por imponer una querella “plagado de falsedades”.

“Eso abrió el espacio, inevitablemente, a que, por razones político electorales, adversarios se despacharan con la cuchara grande. Aquí no hay bobos. Qué casualidad que, justo después de que se publica que el Partido Independentista Puertorriqueño es el partido con más recaudos económicos como colectividad”, comentó el excandidato a la gobernación al resaltar que la imposición de la querella fue una de las últimas acciones de Boria Vizcarrondo, día que coincidió con el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

¿Nuevo protocolo negligente?

El único punto de la querella que Santiago le dio validez fue que el partido carecía de un protocolo específico al amparo de la Ley de Hostigamiento Sexual (Ley 17 de 1988) y la Ley de Acoso Laboral (Ley 90-2020).

En este sentido, la querella apunta a que el partido ha sido vago en establecer medidas para prevenir el hostigamiento previo al 28 de junio de 2022, ya que fue en esta fecha que se publicó el primer documento titulado “Política y Protocolo para Prevenir y Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo” y criticó la creación de este documento, pues consideró que “fue diseñado y redactado de manera apresurada y negligente, en un proceso que duró apenas doce (12) días- entre el 14 al 25 de junio de 2022″.

“Contiene una gran cantidad de información incorrecta sobre el significado y alcance de la Ley Núm. 17 de 1988. Dicho documento (el protocolo) induce a error a los(as) empleados(as) a quienes está dirigido, particularmente al omitir toda mención de la responsabilidad civil que pueda tener el PIP como patrono”, reza la querella al también mencionar que el nuevo protocolo del PIP le atribuye la responsabilidad de actos de esta índole “únicamente al perpetrador” en su carácter personal, lo que considera como “incorrecto y contrario a derecho”.

Santiago, no obstante, rechazó que el nuevo protocolo del partido se haya redactado de manera “negligente y apresurada”, aseguró que el lapso de tiempo dedicado para desarrollar el documento era amplio y clasificó como “falso” de que incurra en error.

“No se redactó de manera apresurada ni negligente. Se le dio toda la información (a la Procuradora). Se le explicó cómo se había redactado el documento y el documento cumple con todos los requisitos de ley”, respondió a preguntas de Primera Hora.

“La falta de seriedad y de rigurosidad, la irresponsabilidad en este acto póstumo de la licenciada Lersy Boria, llega al extremo de decir que ‘el PIP incumplió con las obligaciones que le impone la totalidad de la Ley Número 17 de 1988 de proveer a sus empleadas un lugar de trabajo libre de hostigamiento sexual’ cuando no hay, no ha habido, ningún caso, ninguna alegación, nada que tenga que ver (con) hostigamiento sexual aquí en la sede del Partido”, insistió al asegurar que todo esto se le explicó a Boria Vizcarrondo “a nivel de Plaza Sésamo”.