El representante por acumulación, Ramón Torres Cruz, envió una comunicación al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, para exigirle que se inicie la investigación del desempeño de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

La solicitud la lanzó luego de que se diera a conocer que un hombre, identificado por la Policía como Carlos Manuel Estéfano Pino, de 67 años y con historial de violación, sodomía y asesinato, es persona de interés de la muerte de una enfermera en Caguas. Los presuntos hechos ocurrieron cuando el individuo se encontraba bajo libertad bajo palabra.

Torres Cruz le recordó a Parés que ya fue aprobada una resolución de investigación contra la Junta. Se trata de la Resolución de la Cámara 657, aprobada de manera unánime el pasado 19 de marzo de 2026.

La medida ordena una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de la Junta, incluyendo los mecanismos para evidenciar el cumplimiento de las condiciones impuestas a quienes reciben el beneficio, así como las métricas utilizadas para evaluar la rehabilitación como fundamento principal de estas concesiones.

El legislador expuso que Estéfano Pino es investigado por su posible vínculo con el asesinato de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro, en Caguas.

De hecho, oficiales de Corrección y la Policía lo detuvieron ayer, jueves, mientras ocurre la investigación del crimen.

Según se reveló, el hombre se encontraba en libertad desde el 2018, pese a que estaba sentenciado a cumplir 167 años de prisión.

Según se desprende de un documento judicial en el que se le concedió la eliminación de su información del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso de Menores, el 18 de noviembre de 1980 Estéfano Pino fue convicto por violación y sodomía. Estas penas fueron extinguidas el 15 de junio de 1997, mientras disfrutaba del privilegio de libertad bajo palabra.

No obstante, el 25 de marzo de 1991 fue acusado por asesinato en primer grado de una mujer y sentenciado a 99 años de prisión consecutivos con cualquier pena pendiente. Ya para el 21 de marzo de 2018, menos de 21 años desde que comenzó a extinguir la pena por el crimen, se le concedió la libertad bajo palabra.

“Ante estos señalamientos, es imperativo que la Comisión de Gobierno active el vehículo legislativo ya aprobado para examinar a fondo el desempeño de la Junta de Libertad Bajo Palabra, sus procesos administrativos, el volumen de casos pendientes y los criterios utilizados para conceder este beneficio a convictos de delitos violentos”, expresó Torres Cruz en comunicado de prensa.

Dijo que le preocupa el hecho de que el presidente de la Junta, Samuel Silva, supuestamente expresó que la liquidación de la sentencia no estaba en el expediente.

Aunque no es miembro en propiedad de la Comisión de Gobierno, Torres Cruz reiteró su disposición a colaborar en el proceso investigativo y de fiscalización en el uso adecuado de estos beneficios cuando está en juego la seguridad de nuestras familias.