Carlos Manuel Estéfano Pino, de 67 años, fue entrevistado ayer, miércoles, por investigadores de la División de Homicidios de Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, con relación la pesquisa de la muerte de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro, de 36 años, quien tenía dos hijos.

Sin embargo, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, el capitán Harry Soliván Díaz, sostuvo que en esta etapa de la pesquisa todavía se le considera como persona de interés y no como sospechoso.

Por definición, una persona de interés no ha sido arrestada ni acusada formalmente por el delito que se investiga. La policía, simplemente, tiene motivos para creer que podría aportar información relevante o tener algún vínculo con el caso.

Mientras que, un “sospechoso” es alguien contra quien los investigadores ya tienen pruebas directas o indicios sólidos que apuntan a su participación en el crimen.

“Nosotros lo entrevistamos, respondió las preguntas que se le hicieron”, afirmó parcamente el capitán sin ofrecer detalles sobre el contenido de sus declaraciones o si presentó alguna coartada.

La Junta de Libertad Bajo Palabra expidió el viernes pasado una orden de arresto contra Estéfano Pino ya que desde el 1 de junio su oficial socio penal había perdido el contacto con él y ya para el 25 de ese mes un agente le notificó que lo estaban buscando con relación al caso de Torres Castro.

Mientras la investigación avanza, Estéfano Pino permanecerá tras las rejas.

“Todavía estamos recopilando evidencia, tan pronto terminemos de recopilar lo que necesitamos, incluyendo la certificación y causa de muerte de la víctima que todavía está pendiente (en el Instituto de Ciencias Forenses), le presentamos todo a la fiscal Lisa Morales”, detalló Soliván Díaz.

Como parte de las gestiones investigativas se disponen a consultar con la fiscalía el allanamiento en la residencia en Gurabo del detenido y de la guagua Toyota RAV4 color vino, en la que pernoctaba al momento de su arresto de parte de la unidad de Fuerzas Conjuntas del Departamento de Corrección y Rehabilitación en los alrededores de los Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta.

El capitán aclaró que el tracto de los casos de los años 1980 y 1990 no aparece en el sistema digital de la Policía, por tanto, se encuentran en la búsqueda de los expedientes de estos casos antiguos.

El cadáver de la mujer fue hallado el 24 de junio a eso de las 9:27 p.m. en su residencia ubicada en el kilómetro 27.4 de la carretera PR-01, barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas.

Según el informe de la Policía, la progenitora de la víctima, Keila Castro, notificó que la última vez que la vio fue el 21 de junio a las 7:00 p.m. ya que compartieron durante el Día de los Padres.

Posteriormente, esta se mantuvo en comunicación con ella mediante mensajes de textos a través de la aplicación de WhatsApp.

El 23 de junio a eso de las 9:00 p.m. llegó a su residencia debido a que no sabía nada de su hija y encontró la vivienda cerrada. Su vehículo marca Mitsubishi color rojo estaba estacionado, sin embargo, no respondía.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias abrió la puerta con la autorización de la querellante y se localizó el cadáver en la habitación principal cubierto con una sábana color violeta. Se observaron hematomas en el rostro.

Solivan Díaz aclaró ayer que en un inicio se le informó al investigador que la víctima tenía una relación con el sexagenario, no obstante, durante el desarrollo de las entrevistas se indicó que no convivían y que el hombre era vecino de Gurabo.

Familiares de la víctima en entrevista con “Las Noticias” (TeleOnce) indicaron durante el velorio que el hombre y la occisa se conocieron en una actividad de la iglesia y que no eran pareja, sino que ella lo ayudaba por compasión.

Su historial

Según se desprende de un documento judicial en el que se le concedió la eliminación de su información del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso de Menores, el 18 de noviembre de 1980 Estéfano Pino fue convicto por violación y sodomía. Estas penas fueron extinguidas el 15 de junio de 1997, mientras disfrutaba del privilegio de libertad bajo palabra.

No obstante, el 25 de marzo de 1991 fue acusado por asesinato en primer grado de una mujer y sentenciado a 99 años de prisión consecutivos con cualquier pena pendiente. Ya para el 21 de marzo de 2018, menos de 21 años desde que comenzó a extinguir la pena por el crimen, se le concedió la libertad bajo palabra.

Este comenzó a inscribirse en el Registro de Ofensores Sexuales el 24 de mayo de 2024, a pesar de que el sistema se activó a esos fines el 1 de julio de 1997. En su caso, no estaba obligado a hacerlo, según lo planteado, debido a que la ley excluía a aquellos que al momento de su aprobación encontraban en libertad por haber cumplido la sentencia impuesta, pero con la derogación de la ley se añadió una disposición para que personas con casos como el de él de manera retroactiva fueran incluidas.

Finalmente, su información fue eliminada del registro.