La saga de fraudes al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) incluye la investigación policiaca de un aparente esquema en el que un grupo de “gestores” se dedica exclusivamente a llenar de manera ilegal la solicitud de beneficio a personas que no cualifican y a cambio les cobran entre un 10% y un 20% del dinero que logren tumbar de los fondos federales.

Así lo dijo a Primera Hora el teniente José Ayala, director de la División de Robo a Bancos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, de acuerdo a información que le ha sido ofrecida a las autoridades por algunas de las personas arrestadas por timar al gobierno solicitando de manera fraudulenta el PUA.

“La información que tenemos es que hay personas que se están dedicando a llenar a otras personas las solicitudes para que cualifiquen y luego que estos tienen acceso al dinero les tienen que pagar cierta cantidad a los gestores. Estamos hablando de entre un 10% a un 20% dependiendo la cantidad del cheque”, expresó el teniente.

“A estos gestores no hemos podido llegar. Las personas arrestadas lo han mencionado pero no quieren cooperar, por lo que no hemos podido llegar a este grupo”, acotó. Hoy trascendió el posible fraude de entre 10,000 a 15,000 empleados públicos que pudieron haber solicitado el PUA de manera fraudulenta.

Se le cuestionó sobre la posibilidad de que empleados del Departamento del Trabajo estén involucrados en el esquema. “No descartamos nada en la investigación”, fue la respuesta. “Pero que sepan que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y si fuera así, los vamos a procesar”, agregó.

3,000 solicitudes que involucran a menores

De otra parte, el oficial con rango en la Policía dijo que de las 100,000 solicitudes ilícitas que ha identificado el Departamento del Trabajo con relación al PUA, unas 3,000 involucran a menores de edad.

“Casos de menores, lo que tengo hasta el momento de acuerdo a lo que me notificaron el viernes en una reunión que hubo de varias agencias que estamos atendiendo este asunto es que son aproximadamente 3,000 casos a nivel de todo Puerto Rico. Esa información la proveyó el secretario del Departamento del Trabajo (Carlos Rivera Santiago)”, reveló.

En cambio, detalló que al momento se han efectuado 67 arrestos vinculados a fraudes del programa de desempleo federal por la pandemia, 62 querellas y se han recuperado $414,196. “De los casos atendidos por la Policía, solo tres son expedientes de menores”, precisó a preguntas de este diario. Ninguno se ha sometido al tribunal, aclaró.

Dijo que los casos que involucren a menores de 18 años son consultados con la Procuradora de Menores de San Juan, Marisol Flores Cortés, quien fue designada por la secretaria del Departamento de Justicia, Inés Carrau para estos fines.

En una entrevista con Primera Hora, la secretaria de Justicia admitió que hay una limitación de “recursos humanos” para atender la avalancha de casos sospechosos que ha identificado el Departamento del Trabajo.

El teniente Ayala también hizo admisión de ese escenario y descansó en la creación de un Task Force de fraude al PUA que se creó recientemente y que involucra al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a otras agencias federales, así como al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), a agentes inspectores del Departamento de Hacienda y los agentes de la Policía y al Departamento de Justicia.

“En el caso de la División de Robo a Bancos tenemos 16 agentes para atender estos casos…definitivamente con ese volume de casos del que se habla vamos a necesitar ayuda y de eso no cabe duda. Necesitaremos recursos humanos pero ya los jefes tienen conocimiento y están haciendo arreglos para atender la situación”, indicó al confesar que en 24 años de servicio “nunca había escuchado de tantos casos sospechosos vinculados a un mismo caso o esquema y eso me llama mucho la atención”.

A preguntas de Primera Hora, la secretaria interina de Justicia dijo estar consciente de que hay poco personal para atender las miles de investigaciones, pero señaló que habrá tiempo para realizar las pesquisas pues algunos posibles delitos no prescriben y otros vencen en cinco años.

“Entiendo la preocupación porque son muchos los casos sospechosos de cometer fraude y pocos los recursos humanos para investigarlos. Pero algunos delitos no prescriben y otros prescriben en cinco años y tenemos tiempo para investigar estas acciones”, expresó.

Aprovechó para exhortar a posibles empleados públicos involucrados en el fraude a que cooperen con las autoridades y de esta forma minimizar las consecuencias legales que tendrán.

“Nuestro llamado a todo aquel que obtuvo estos beneficios de manera fraudulenta es que devuelvan el dinero. Esto no quiere decir que el delito no se haya cometido, pero puede ser un atenuante al radicar el caso”, explicó.

Recordó que algunos de los delitos criminales que se le pudieran imputar a personas vinculadas en fraudes al programa de desempleo conllevan extensas penas de cárcel.

“Por ejemplo, por apropiación ilegal de bienes públicos son 15 años de cárcel; por fraude son ocho años de prisión y por falsificar licencias son tres años”, explicó.

“El catálogo de delitos que se pueden cometer cuando solicitas ilegalmente los fondos PUA varían”, agregó.

Al momento, Justicia ha radicado cargos contra 11 de 67 personas intervenidas por la policía entre julio y septiembre cuando intentaban cambiar cheques del PUA en instituciones bancarias.

“La semana pasada se radicaron 8 casos. En todos se encontró causa probable para arrestos. Para esta semana tenemos casos preparados para radicar. Hemos estado investigando y radicando conforme van llegando los referidos y querellas”, dijo Carrau Martínez.

De otra parte, la funcionaria expresó que al momento “no hay certeza” de que se esté cometiendo fraude con el programa PUA desde las cárceles, como implicó el secretario del Departamento del Trabajo, en una entrevista radial en la que incluso mencionó el nombre de Jensen Medina Cardona, acusado del asesinato de Arellys Mercado en una marina en Fajardo en agosto de 2019.

“No hay certeza de que esta persona (Medina Cardona) haya solicitado y recibido beneficios del PUA… (de hecho), no hay certeza que desde las cárceles u otro lugar los confinados estén solicitando beneficios”, aclaró Carrau Martínez al explicar que la información está bajo investigación.

Hasta el momento el Departamento del Trabajo ha recuperado $12.5 millones, mientras que la agencia ha entregado sobre $5,000 millones en asistencia del PUA, desempleo y otros beneficios.