Salinas- Falsificación de documentos para la obtención de permisos, corte de mangles y conexiones ilegales de agua y luz fueron los hallazgos que encontró hoy la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en las estructuras y casas rodantes levantadas en el Camino del Indio, de la Reserva Estuarina y de Investigación Bahía de Jobos.

El presidente de la comisión, Edgardo Feliciano y el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández sentenciaron que hay comisión de delitos y que habrá referidos estatales y federales.

“Esto no se va a atender solamente a nivel estatal, nosotros vamos a recopilar toda la información de la comisión y vamos a llevar los informes tanto a fiscalía federal, al Inspector General de la NOAA, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y vamos a hacer los planteamientos al Cuerpo de Ingenieros”, sostuvo el Presidente de la Camara “No hay duda que hay dejadez”, indicó Hernández luego de una vista ocular de más de tres horas en los terrenos en controversia en cuyas casas y campers no había hoy ni alma.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli dijo que también hay delitos federales por el daño causado a las especies en peligro de extinción y protección de cuerpos de agua en la reserva estuarina.

“Hay delitos. Lo importante es que la agencia encargada ejecute”, indicó la legisladora, quien hace varias semanas sacó a la luz pública el escándalo con la ocupación de terrenos protegidos por el DRNA.

El secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Javier Hernández dijo a los miembros de la comisión legislativa que la agencia hizo un inventario de todas las propiedades en Camino del Indio y en las cuentas de LUMA Energy, de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) había un permiso de OGPe.

“De nuestro sistema no surge querella, no surge ningún tipo de permiso que haya sido emitido por la OGPe. Por lo tanto, nosotros hicimos una certificación de que esos documentos fueron falsificados y por eso es que aunque aparece un permiso, ese permiso, no está en nuestra base de datos, el mismo fue falsificado por las personas que fuesen. Nosotros no sabemos quienes fueron”, indicó el funcionario.

“En nuestro sistema no surge ningún permiso sobre esta área. Por lo tanto, nosotros no podemos proveer información que no existe en nuestro récord”, sostuvo.

Damarise Santini, de la AAA, dijo que en el Camino del Indio hay 13 contadores, cinco de los cuales están vacíos. “Nunca han tenido contador, solamente ocho tienen cuentas y a siete se le enviaron cartas ayer y estamos en la espera de que ellos nos envíen los documentos para validar si son genuinos”, indicó.

El vicepresidente de Asuntos Estratégicos de LUMA, Kevin Acevedo dijo por su parte, que “los postes los hemos estado mirando uno a uno desde que caminamos una milla arriba, las fechas que hemos visto son 1989, 1990, son las fechas en que PREPA, o la Autoridad, fue la que inspeccionó esos postes, lo que te da una indicación de que eso lleva tiempo ahí. Si hay conexiones ilegales hechas después de eso, da la impresión que son conexiones clandestinas, hechas en la noche, sin conocimiento de la AEE cuando estaba en control”, dijo por su parte, el vicepresidente de Asuntos Estratégicos de LUMA, Kevin Acevedo.

Agregó que “todas las autorizaciones fueron hechas previas al 1ero de junio de 2021″, cuando LUMA asumió el control de la distribución de energía eléctrica.

La secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez reclamó que el caso viene investigándose hace mucho tiempo.

“Desde Tania Vázquez, se empezaron conversaciones con Justicia. Ciertamente, con el pasado Secretario (Rafael Machargo) también. Hay investigaciones abiertas en la división legal. Ciertamente, parte de las investigaciones fue indagar en la información que está en el CRIM. Se identificó qué titulares o personas aparecen como titulares dentro de la reserva. Son parte de las personas que hemos identificado y son parte de nuestra investigación. Pudieran haber más”, indicó Rodríguez.

“Ciertamente, hay unas construcciones ilegales de personas con titularidad, todas están en zona marítimo terrestre y es parte de lo que se está investigando”, reconoció.

“Entiendo que ha habido omisión de muchas agencias que tienen injerencia.”, dijo el biólogo y oceanógrafo, Milton Muñoz, coordinador del Programa Ambiental de la Reserva Bahía de Jobos del DRNA, quien preparó un informe de los daños del área ocupada de la reserva en 2015.

“Nosotros como reserva, Recursos Naturales tiene conocimiento de todos estos daños ambientales desde que empezaron a ocurrir dentro de la zona de la reserva. Antes se habían llevado ya casos por construcción de muelles y de rampas sin permiso”, indicó Muñoz.

Detalló que en el área de la reserva hay alrededor de 44 propiedades y casi cada casa “tiene al menos muelle y casi todos tienen muelle y rampa”. Hay casos que están en la oficina legal que se han visto desde el 2002.

“Nosotros tenemos que resolver esta situación de una vez y por todas, recuperar los bosques como el bosque Aguirre más allá de la reserva e imponer multas severas a las personas que ocasionaron este crimen ambiental para poder remover toda esta construcción ilegal y que empiece un sembrado de mangle y un proceso de mitigación, que es el proceso correcto”, sostuvo la representante Nogales Molinelli.

Mientras, el presidente de la Cámara dijo que algunas personas del área en controversia tenían titularidad de los terrenos. “Aquí tenemos un área que ha sido determinada zona reservada para fines desde el punto de vista de recursos naturales. Antes que esta propiedad fuera determinada de esa zonificacion, hay personas que tenían titularidad y hay personas que no y no podemos venir y atacarlos a todos porque no podemos generalizar, sostuvo el líder cameral.

Un funcionario del DRNA indicó en medio del recorrido que había un propietario que le compró el terreno al gobierno federal. “Ellos adquirieron parte de estos terrenos y él le compra al gobierno federal. Él mostró el papel que el documento que el gobierno federal le da para comprar la propiedad”, reclamó el empleado.

Sin embargo, mencionó que se han radicado varias querellas contra todos las propiedades en la zona protegida por incumplimiento a varias leyes federales, debido a que han incurrido en relleno y corte de mangle. “Eso es parte de la investigación (en el DRNA)”, afirmó.