Las alcaldesas de Ponce y Salinas, María "Mayita" Meléndez y Karilyn Bonilla, respectivamente, reaccionaron hoy a la evaluación de la Organización No Gubernamental (ONG) Abre Puerto Rico que las colocó como incumbentes que sacaron F en el manejo de las finanzas públicas.

El tamaño de un presupuesto, la extensión territorial, la cantidad de población, el tipo de industrias que operan en la jurisdicción, lo servicios que se ofrecen al pueblo, las diferentes competencias, la complejidad administrativa de las empresas municipales, los abastos de agua, entre otras consideraciones son algunos de los aspectos que distinguen los 78 municipios de la Isla, declaró la alcaldesa de Ponce.

“No podemos aplicar los mismos criterios de evaluación a todos los municipios. No hay plantilla de empleados igual a otra y mucho menos con las necesidades de servicios específicas de cada población, no hay forma de comparar las operaciones. Maricao tiene alrededor de 200 empleados y Bayamón sobre 1,800, no podríamos evaluar ambas ciudades bajo los mismos criterios si habláramos sobre esto. Asimismo la población y los servicios que se ofrecen a través de la operación municipal es única de cada Ciudad de Puerto Rico. Por ejemplo, hay municipios donde proporcionalmente el cobro de patentes es más importante mientras en otros es la Contribución sobre la Propiedad Mueble. Igual sucede con el IVU, para los municipios pequeños eso no es funcional”, dijo.

“Mis decisiones como Alcaldesa van mucho más allá de una opinión matemática simplista. Mis decisiones se basan en lo real, en lo tangible, en las necesidades de mi gente. A mí me rige mi visión de servir y hacer más con un presupuesto que le hemos reducido sobre $34 millones. Estamos operando un municipio con menos ingresos pero seguimos ampliando servicios. Que vengan a hacer la matemática con  las madres que puede echar hacia adelante teniendo a sus hijos en un lugar seguro como Head Start, con los ancianos que pueden tener un lugar donde alimentarse y recrearse como nuestros centros de cuido, con esos estudiantes que pueden llegar a la universidad sin pagar un centavo con nuestro programa SITRAS, como también la gente que llega de las zonas rurales a la urbana en un nuestro sistema de transporte colectivo gratuito,” aseguró Meléndez Altieri.

Además sostuvo que eso de agrupar a todos los municipios bajo las mismas condiciones no es correcto. “Las operaciones varían de municipio en municipio, ninguna es igual porque cada una cuenta con una situación socioeconómica diferente. Hubo cambios en la población, imposiciones del Gobierno Central y recortes presupuestarios dictados por la Junta de Supervisión Fiscal que crean escenarios particulares”, añadió. 

La alcaldesa reiteró que la publicación está usando los números en abstracto y a los números hay que ponerle contexto. “La información sobre las finanzas municipales es pública sin embargo diferimos de la forma editorial que se analizan esos números año tras año, la cual se realiza anualmente de una forma injusta y hasta simplista de alternativas,” explicó.  

Por su parte, la Administración Municipal de Salinas envió un comunicado donde expresa que respeta y valoriza toda evaluación justa, transparente y objetiva "sobre el desempeño de nuestra gestión para servir a nuestros ciudadanos. Toda observación constructiva que venga acompañada con sus correspondientes recomendaciones debidamente documentadas es útil para continuar esforzándonos a buscar soluciones a nuestro pueblo. Siempre hay espacio para mejorar" pero expresó desacuerdo con el informe publicado por la Organización ABRE Puerto Rico.

Bonilla enumeró las siguientes justificaciones: 

1-    Es necesario evaluar la aplicabilidad y los méritos de los indicadores que ABRE utilizó para determinar si los mismos corresponden a nuestra realidad jurídica, política y económica.

2-    El limitar los resultados matemáticos de estos indicadores a simples comparaciones entre los municipios no es justa, equitativa y sobre todo útil para determinar la salud fiscal de un municipio en Puerto Rico. La estructura económica y jurídica de los Municipios de Puerto Rico No es homogénea.

3-    La metodología que ha estado utilizando ABRE durante los pasados años No se ajusta a la realidad fiscal local. Esta herramienta analítica fue desarrollada principalmente para evaluar las operaciones de las Ciudades en los Estados Unidos. No toma en consideración la estructura legal y ni contributiva de nuestros municipios, ni mucho menos el excesivo control fiscal que ejerce el Gobierno Central sobre nuestras operaciones fiscales.

4-    La "salud fiscal" de una entidad gubernamental o privada no se puede determinar de forma exclusiva al comparar datos de los informes financieros con los resultados financieros de otras entidades o corporaciones.

"En lo que si estoy de acuerdo con ABRE es que todos los municipios hemos enfrentado un fuerte tsunami de acciones del Gobierno Central para minar y destruir las finanzas municipales", dijo Bonilla, aludiendo en su caso a $1,000,000 en recaudos, la quiebra de los sistemas de retiro que a su pueblo le cuestan $740,332.24 anuales y desmantelar el Sistema de Salud de Puerto Rico, lo que los obliga a aportar $461,854 anuales "para cubrir los desaciertos del Gobierno Central".

Bonilla dijo que tienen logros en finanzas como bajar el déficit de $9 millones a $4.2 millones, y bajar la deuda heredada de $3.5 millones a $700,000.