El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, rechazó que la isla vuelva a estar bajo un cierre total o “lockdown” como el que hubo a principio de la pandemia del COVID-19, aunque sí reconoció que se evalúan tomar medidas más restrictivas y por un periodo prolongado de 21 días en “áreas cerradas” donde se ha percibido “falta de disciplina colectiva”.

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Aunque se le insistió conocer si se refería al cierre de comedores en restaurantes o de centros comerciales, el secretario rechazó dar una respuesta concreta, explicando que las determinaciones se tomarán tras completada una reunión pautada para mañana, viernes, a las 8:00 a.m. en el Departamento de Salud entre el grupo asesor científico y miembros del Task Force Económico.

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“Se le presentaron datos al grupo económico y pidieron tiempo para evaluar mañana y ver qué recomendaciones, en balance, se le harán a la gobernadora (Wanda Vázquez Garced)”, dijo González a su salida de un cónclave que tuvo desde tempranas horas del día con ese mismo grupo y la Primera Ejecutiva en la Fortaleza.

La orden ejecutiva actual que impone medidas para desacelerar los casos de COVID-19 en Puerto Rico está vigente hasta el sábado 15 de agosto. Se espera que mañana la gobernadora anuncie al país las nuevas reglas sociales y de impacto económico que se estipularán en los esfuerzos para combatir la enfermedad.

El cirujano William Méndez, miembro del grupo asesor médico, participó de la reunión y esta mañana expresó en una emisora radial que recomendaría el cierre de comedores en los restaurantes por ser un lugar de riesgo de contagios.

Estamos tratando de lograr un balance entre la economía y la salud pública”, se limitó a decir a su salida del Palacio de Santa Catalina.

Por su parte, el doctor Pablo Rodríguez, director del Hospital de Trauma en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, dijo que la idea de regresar a una fase 1 (lockdown) “lo voy a dejar abierto para que ella (gobernadora) decida”.

¿Deben haber más restricciones de las actuales?, se le requirió saber a lo que el galeno contestó con un “entendemos que sí”.

Mientras, el secretario de la Salud aseveró que la gobernadora sopesará la salud de los puertorriqueños sobre cualquier otro asunto.

“El balance para la gobernadora de Puerto Rico es salud sobre economía y eso no va a ceder en esta orden ejecutiva”, sostuvo González.

Según cifras del Departamento de Salud, la Isla suma hasta hoy 24,446 casos de COVID-19 y 306 muertes, entre confirmados y probables. Sólo en los 13 días que van de agosto se ha informado el fallecimiento de 88 personas.

“El corazón lo tengo en el piso (a causa de los fallecimientos)… son casi cinco muertes por día. No tengo forma de describir lo que siento… eso me tiene bien preocupado. Se me parte el alma”, destacó a preguntas de Primera Hora.

Ante este escenario que tanto el secretario de Salud como el secretario del Departamento Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, describieron como “preocupante” se les preguntó a ambos conocer si la próxima orden ejecutiva será más restrictiva.

“Sí, definitivamente… más restrictivo hablando de centros cerrados”, respondió González al hacer hincapié en que la nueva orden buscará que la ciudadanía cumpla con todos los requisitos impuestos los cuales incluyen: uso compulsorio de mascarilla, distanciamiento físico, lavando constante de manos y que los dueños de negocios eviten conglomeraciones en sus comercios.

El secretario de Salud dijo que con la aceleración de casos actuales, las proyecciones son que para para el 1 de septiembre hayan unos 30,000 casos positivos en Puerto Rico.

Agregó que la mayoría de los casos registrados en Puerto Rico de COVID-19 han surgido por contagios comunitarios y no por parte de viajeros. “Somos los puertorriqueños que estamos siendo indisciplinados al no cumplir con las medidas restrictivas”, dijo adjudicando responsabilidad a la población menor a 50 años los cuales representan el 70% de todos los casos.

Mientras, Laboy reconoció que la situación de la pandemia es “bien preocupante y los números están ahí”.

“Pero también hay mucha preocupación en la ciudadanía y en el sector privado porque la economía está bien débil… así que se evaluarán todas las recomendaciones para lograr un balance”, destacó.

¿La economía aguanta más restricciones?, le iniquirió la prensa a Laboy quien respondió que lo que sí es evidente es que las circunstancias actuales de la Isla en términos económicos son diferentes a las que hubo en marzo.

“He sido vocal que ni los fondos federales ni los estatales que existen son suficiente dinero para evitar un colapso de la economía…por lo tanto, hay que buscar balance… hay que atender la pandemia pero minimizar el impacto económico”, expresó.

Detalló que de marzo a junio se han perdido 80,000 empleos. “Estamos en riesgo de perder entre el 20% y el 30% de nuestras pequeñas y medianas empresas… la situación económica es seria. El sector económico está altamente afectado”, dijo al agregar que esto incluye al turismo, las ventas al detal y de servicio.

Por su parte, Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas, limitó sus expresiones sobre el tema pues prefiere esperar a que la gobernadora se pronuncie luego de la reunión con el Task Force Económico.

“En la reunión la gobernadora más bien quiso que le compartiéramos ideas ante el aumento de casos… ver de qué manera podemos ayudar para que se controle la propagación de la pandemia… hoy no se pactó nada que fuera final y firme. Prefiero esperar”, dijo Argüelles a este diario al aseverar que “la salud va por encima de todo”.

Con Argüelles participaron de la reunión otros representantes del sector privado como el expresidente de la Asociación de Restaurantes (Asore), Ramón Leal; el presidente del Task Force Económico, Emilio Zavala; el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Agosto; la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; y la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo, Clarissa Jiménez, entre otros.

Agosto, por ejemplo, dijo que cualquier decisión que se vaya a tomar debe hacerse tomando en consideración la merma en beneficios federales que llegaron en los primeros meses del toque de queda, incluyendo el Programa de Asistencia por la Pandemia (PUA).

“Creo que el gobierno está buscando, antes de publicar la orden ejecutiva, ver las distintas propuestas que tienen sobre la mesa... sin salud no hay economía, en eso estamos claros. Tenemos una reunión mañana para ver cómo podemos llegar a un entendido para proteger la salud y la economía”, manifestó Agosto.

La actual orden ejecutiva firmada por la gobernadora establece un horario de toque de queda de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana y el cierre de comercios los domingo.

En el caso de los restaurantes, el 50 % de la ocupación máxima en los salones comedores tiene que permitir el distanciamiento físico de 6 pies los comensales. En caso de que esta ocupación máxima no permita el distanciamiento físico, el restaurante tendrá la obligación de disminuir la ocupación hasta tanto pueda permitir el distanciamiento físico adecuado. Los domingos, permanece el modelo de operaciones de servi-carro o entrega (“carry-out” y/o “delivery”).

Se mantiene la restricción de que a partir de las 7:00 p.m., de lunes a sábado, se prohíbe el consumo, venta y expendio de bebidas alcohólicas en todos los comercios y establecimientos autorizados por la actual orden ejecutiva. Los domingos, durante todo el día, se prohíbe el consumo, venta y expendio de bebidas alcohólicas en los comercios autorizados.

En cuanto a las escuelas, tal como anunció el Departamento de Educación, las clases presenciales comenzarán el 17 de septiembre de 2020, tanto en los colegios privados como en las escuelas del sistema público, si el control del desarrollo del virus lo permite. “Eso continúa igual debido al nivel de contagios que estamos viendo”, determinó González al sostener que lo mismo aplicaría a las universidades.

Por otra parte, se prohíbe el uso de las áreas comunes, entiéndase, piscinas, gimnasios, canchas o cualquier lugar análogo, de los condominios, urbanizaciones o cualquier otro complejo de vivienda, sometido o no al Régimen de Propiedad Horizontal, para desalentar todo tipo de actividad que propenda al aglomeramiento de residentes y visitantes.

Las playas podrán ser utilizadas para fines deportivos (incluyendo caminar o nadar) y los balnearios permanecerán cerrados los domingos. También continúa el cierre de las marinas.

En términos de la industria turística, las hospederías, incluyendo los alquileres a corto plazo (“Short Term Rentals”), que no cuenten con un Número de Identificación de Hostelero de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), tienen una prohibición total de apertura y operación en todo momento, por lo que sus propietarios e inquilinos estarán sujetos a las penalidades impuestas por incumplimiento, según dispuestas en la presente orden ejecutiva.