Puerto Rico comienza una semana crucial con el fin del actual ejercicio fiscal y la necesidad de aprobar un nuevo presupuesto anual acorde a la crisis financiera que atraviesa desde hace una década, así como de hacer frente al vencimiento de pagos de deuda y una apremiante falta de liquidez.

Con la economía en retroceso desde hace casi una década, la tasa de desempleo más elevada de Estados Unidos, una sangrante migración, una descomunal economía subterranea, una enorme carga de obligaciones del sector público y una asfixiante deuda de $73,000 millones, la isla encara el martes el fin de su actual ejercicio fiscal.

A partir del miércoles habrá de entrar en vigor un presupuesto fiscal de unos $9,800 millones cuya tramitación legislativa aún no ha concluido y que destinará más de $1,400 millones sólo a pagar deuda, la cantidad más elevada en la historia de la isla (el 15 % de presupuesto).

De esa cantidad, unos $1,000 millones serán para pagar compromisos derivados de las obligaciones generales del Estado (GOs), los únicos instrumentos de deuda cuyo pago está amparado por la Constitución de Puerto Rico, que establece que éstas deberán tener preferencia antes que cualquier otro gasto público.

A ello hay que sumar los mas de $640 millones que se destinarán a pagar sistemas de retiro y los $250 millones que se reservarán por si los ingresos no alcanzan las previsiones del Gobierno.

El 1 de julio también entrará en vigor una reforma tributaria que, aunque no es tan ambiciosa con el Gobierno quería, supondrá la subida general de los impuestos del 7 al 11.5 %.

Con ella el Gobierno espera elevar la recaudación impositiva en más de $1,000 millones, pero se teme que contraiga el consumo.

A todo ello se suma los efectos de una de las peores sequías de la historia reciente de la isla y que mantiene a más de 400,000 hogares y negocios de la isla con corte en el suministro de agua, lo que está elevando el gasto del monopolio público que gestiona este recurso y afectando a miles de negocios, que no pueden operar con normalidad.

Unos 275,000 clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tienen agua un día sí y otro no; mientras que cerca de 135,000 tienen suministro sólo uno de cada tres días.

En el ámbito sanitario, se calcula que unos 500 médicos abandonan cada año esta isla de 3.6 millones de habitantes y las autoridades locales pelean estos días en Washington para evitar un recorte del 11 % en los fondos federales que recibe para el sistema de salud de Medicare.

A nivel educativo, se han cerrado más de cien escuelas por la caída en el número de estudiantes derivada de la mayor oleada migratoria desde la II Guerra Mundial.

En el sector público, las grandes empresas de servicios están al borde de la quiebra, entre ellas la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que lleva meses negociando con sus acreedores para que no la lleven a los tribunales.

El 1 de julio la AEE se enfrenta a un nuevo vencimiento de deuda, en este caso de $400 millones, por lo que en estos días se han intensificado unas negociaciones con los bonistas que contemplan la privatización de este gigante burocrático con serias deficiencias en el servicio que presta.

Como ella, otras muchas empresas públicas tienen problema para pagar sus deudas, mientras que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno, advierte que no tiene liquidez suficiente como para iniciar el año con garantías de que se puedan pagar las nóminas del sector público, el mayor empleador de la isla.

El 1 de julio tendrá que hacer frente además a pagos como el vencimiento de más de $1,000 millones.

Para tratar de salir del atolladero, se busca la ayuda de Washington, ya sea para que modifique la Ley de Quiebras e incluya a Puerto Rico como un estado más -así sus empresas públicas podrían ampararse en su Capítulo 9-, o para que elimine la ley de cabotaje que obliga a importar todo en barcos de bandera estadounidense, lo que encarece enormemente la entrada de importaciones, de las que Puerto Rico depende en un 80 % para su consumo diario.

Gran parte de la sociedad considera que la solución pasa por revisar el estatus político de la isla, considerada un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, con mucha independencia en asuntos internos, pero sometida a la legislación federal y sin los mismos derechos que cualquier otro Estado.

Sin embargo, la división interna que existe sobre esta materia favorece la pasividad de Washington, que también ha dicho en varias ocasiones que no acudirá al rescate financiero de la isla.