El asesor legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que redactó la controvertible orden administrativa que dio paso a la posible legalización de decenas de estructuras edificadas a orillas de La Parguera, en Lajas, incluyendo la de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón, fue nominado lunes como juez superior.

De inmediato, el senador Eliezer Molina tildó la acción de la gobernadora como “un descaro”.

Es que dijo que no sólo “compensó” a Samuel Acosta Camacho por haber hecho “la orden divina” que supuestamente benefició a su familia, sino que también aumentó el rango a las fiscales que procesaron a los manifestantes que acudieron a casa de sus suegros a repudiar una presunta construcción ilegal que afectó los mangles del área.

Mencionó que la Rosa Acevedo González fue nominada en ascenso a Fiscal IV y que Vanessa Verónica Rivera Morales fue ascendida de Fiscal I a II.

“Eso se llama corrupción. Está utilizando las estructuras del estado para compensar a las personas que obran en función a los intereses de la familia de la gobernadora y de la propia gobernadora”, opinó Molina, quien ha estado activo en sus denuncias por construcciones ilegales en La Parguera.

El nombramiento de Acosta Camacho y de las fiscales está contenido en un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza. En el mismo se destacó que la primera ejecutiva realizó “34 nuevas designaciones con relación a la judicatura”.

“Con relación a la Judicatura, la gobernadora designó como Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia a los licenciados Cynthia Marie Vázquez Peña, Viviana Eva Vélez Agosto, Janelise Torres Marrero y Yaritza Enid González Rosado. Como Jueces Superiores a Samuel Acosta Camacho, Mónica Alpi Figueroa, Waleska Cruz García, Ruth Myriam Pérez Pérez, Alexander S. Adams Vega y Rubén Castro Rodríguez”, lee el párrafo que da cuenta de la nominación de Acosta Camacho como juez.

El nombre de Acosta Camacho llamó la atención debido a la controversia que se suscitó a principios de año, cuando el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, entró a la agencia y en menos de una hora de ocupar el cargo firmó la controvertible orden administrativa que archivó los casos relacionados a construcciones ilegales en La Parguera en Lajas, incluida la de los suegros de González Colón.

El asunto fue investigado por el Senado en una Comisión Total. En este proceso, Quiles Pérez alegó ante los senadores que la orden fue redactada por Acosta Camacho, cuando todavía no había ocurrido el cambio de gobierno, según publicó El Nuevo Día.

Afirmó que el funcionario, quien también dirigía la Oficina de Oficiales Examinadores que investigaba las irregularidades cometidas por los propietarios de vivienda a orillas de La Parguera, redactó la orden a petición del exsubsecretario de la agencia, Robert Méndez.

Toda la controversia fue analizada por el Departamento de Justicia, quien el pasado 4 de agosto anunció que no cometió ninguna irregularidad al firmar tal orden administrativa. Unos 14 días después es que el nombramiento de Acosta Camacho como juez superior se da a conocer, así como el ascenso de las fiscales.

El senador Molina prometió que no se quedaría de manos cruzadas ante la alegada “falta de respeto” que se cometió con estos nombramientos.

Dijo que “comenzaré conversaciones con los compañeros en el Senado para que advengan en conocimiento de esta estructura que ha nombrado la gobernadora dentro del Departamento de Justicia y nosotros estaremos moviéndonos al respecto. Pero, es un descaro de que se compense a la persona que hizo la orden divina y lleva como 25 y 30 años trabajando para agencias de gobierno de permisos y que se nombre como juez simplemente por haber viabilizado el que los suegros de la gobernadora se apoderaran de un bien de dominio público y que se le engavetara la multa que DRNA les dio”.

El Senado debe pasar juicio por estos nombramientos para que se concrete la designación del juez, así como el ascenso de las fiscales.