Cerca de 5,000 empleados llegarían mañana hasta el Capitolio a cuestionar al gobierno los acuerdos a los que se llegó con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respecto al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y las consecuencias que pudiera tener eliminación de las pensiones definidas, el Sistema de Retribución Uniforme y la implementación de la Ley 80.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa líderes del Movimeinto 447-compuesto por empleados públicos activos del gobierno cobijados por la Ley 447 de 1951- al adelantar que el reclamo iniciará mañana a las 12:00 del mediodia en el lado sur de la Casa de las Leyes, y se extenderá con una caminata hasta La Fortaleza, donde exigirán ser atendidos por el gobernador Pedro Pierluisi.

Según los portavoces, la inquietud tras el acuerdo de la JSF con el gobierno de Puerto Rico, les ha creado dudas sobre qué pasará con las pensiones de los empleados activos cobijados por la Ley 447 o la Ley 1 en diversas agencias del gobierno, pero que ya tienen más de 35 años de servicio o más de 60 años de edad, lo que los hace hábiles para pensionarse.

“Se habla de eliminación de pensiones definidas, tenemos también el concepto de sistema de retiro de retribución uniforme a empleados públicos. Pero, ¿qué empleados públicos?, ¿activos?, ¿qué significa para ellos una retribución uniforme efectiva a enero de 2023? Finalmente, y mucho más importante: ¿en qué estatus está la implementación de la Ley 80? Esta es la última ley de justicia para los empleados de la Ley 447 y la Ley 1″, acotó la presidenta del Movimiento, Enilda Mundo.

El Plan de Ajuste de la Deuda separará más de $850 millones, del cual se le sufragará un retiro que sume al 50% del salario actual de los policías retirados, esto por los próximos 15 años y directamente a sus cuentas de aportaciones definidas. Esto beneficiará a aquellos quienes dejaron la fuerza después de agosto de 2020. De otra parte, a los oficiales correccionales, los maestros y los bomberos se les daría un aumento de sueldo, condicionado a que las agencias realicen otros ajustes e implementen medidas de eficiencia.

La Ley 447 (1951) estableció el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno. Mientras que la Ley 1 (1990) enmendó la Ley 447 para la otorgación de mayores beneficios de retiro y mantener la solvencia del sistema. Sin embargo, la Ley 3 de 2013 modificó ambos estatutos y esto provocó que los empleados públicos tuvieran una pensión menor a la estipulada y en algunos casos esa reducción fue de hasta un 30%.

“Estamos hablando de alrededor de 40,000 empleados públicos que están hoy día perdidos de qué es lo que va a pasar con su futuro, tanto con sus pensiones ya ganadas y sus pensiones aseguradas en los diferentes sistemas: pensiones aseguradas al 2013, pensiones bajo el híbrido que se trabajaron entre el 2013 y el 2016, sus aportaciones bajo la Ley 106 y lo último que es un plan como si fuera un 401K”, expresó Mundo al calcular en 5,000 las personas que pudieran llegar al Capitolio para participar de la manifestación.

“No sabemos qué va a pasar con los empleados públicos y tenemos hasta el 15 de marzo para hacer cualquier movimiento que sea necesario para eliminar cualquier perjuicio que haya para los empleados públicos activos con relación al plan de ajuste”, acotó en referencia a la Ley 80, que creó un programa de retiro incentivado para algunos empleados del gobierno, incluidos los cobijados por la Ley 447 y Ley 1, las cuales cubren a servidores activos que trabajan desde antes de 1990.

El 15 de marzo se hace efectiva la reestructuración si el PAD no es objetado por los acreedores, el gobernador o la Legislatura.

“El gobierno, durante todo este tiempo, ha aplaudido o vitoreado que ya arreglaron las pensiones dando por concluido que todas las personas retiradas o que vayan a retirarse, ya su retiro está arreglado cuando lo que ellos establecieron, entre comillas, fue las pensiones de las personas ya pensionadas, no de las personas que están próximas a retirarse”, subrayó por su parte Esteban Escribano, portavoz del Frente Unido de Empleados Públicos.

Estableció, además, que lo que se entiende por beneficios a congelarse por 10 años, redunda en una eliminación de pensiones para los empleados de la Ley 1 y la Ley 447. “Actualmente, tenemos empleados de la Ley 447 que ya están entrando en 40 años de servicio y no los dejan salir con este beneficio de la Ley 80″, puntualizó el hombre.

“Se estableció que esta ley se iba a implementar parcialmente para empleados esenciales pero nadie en el gobierno -ni las agencias, ni la Oficina de Gerencia y Presupuesto ni la Junta de Supervisión Fiscal- han querido definir qué es la plaza de un empleado no esencial llevándonos así a un limbo”, agregó Escribano.

“Premisa incorrecta” que el PAD afecte beneficios de retiro actuales

Tras la convocatoria de la manifestación que los empleados públicos llevarían a cabo mañana, el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis M. Collazo Rodríguez, sostuvo que es una “premisa incorrecta” que el PAD afectaría a los participantes de las leyes 447 y 1, ya que estos, según el titular, conservarán todos los derechos y beneficios acumulados al presente bajo sus respectivas leyes y enmiendas.

“Estos participantes, a la edad de retiro correspondiente, recibirán una pensión vitalicia basada en los años de servicio acumulados hasta el 30 de junio de 2013, junto a una anualidad del programa híbrido para el cual aportaron del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017. De igual forma, recibirán sus aportaciones realizadas al Plan 106 más los intereses que devenguen dichas aportaciones según la opción de inversión que hayan seleccionado”, informó Collazo Rodríguez en un comunicado de prensa.

El titular de Retiro explicó también que la congelación de beneficios contenidos en el PAD está contemplada solo para los jueces y maestros, quienes, al presente, cotizan para programas de beneficios definidos. Dicha congelación ya había sido efectuada el 30 de junio de 2013, para los empleados de Gobierno Central, Corporaciones y Municipios. Mientras tanto, este planteó que continuará con las orientaciones individuales a maestros y miembros de la rama judicial.

“Próximamente nos estaremos reuniendo con líderes sindicales para aclarar dudas e informar de primera mano los detalles del Plan de Ajuste para que, asimismo, puedan orientar a su matrícula”, concluyó el director ejecutivo.