Dos semanas antes de que el país cerrara a causa de la pandemia, el exalcalde de Camuy, Edwin García, ocupó el cargo de Procurador del Ciudadano (Ombudsman).

A 16 de meses de comenzar sus funciones, el camuyano diagnosticó problemas en esa dependencia que van más allá de falta de presupuesto. Es que carecen de “garras” para defender a los ciudadanos de las acciones o comportamiento de las agencias del gobierno. No pueden imponerles multas y mucho menos llevarlos al tribunal para hacerlos cumplir.

“Nosotros queremos reevaluar la Ley 134 en su totalidad. Precisamente, porque las garras que tiene esta oficina para obligar a una oficina que cumpla no son demasiadas, no son muchas. Básicamente, cuando nosotros hacemos una invitación, la agencia responde porque la agencia no quiere estar ante palestra pública (sic), donde el procurador, en este caso el Ombudsman, le está diciendo al público en general que esta agencia no está atendiendo a la gente, no está resolviéndole conforme a derecho. Así que nos quedamos un poco sin garras y por eso queremos reevaluar la Ley 134 en su totalidad, de manera que tengamos garras adicionales para poder obligar a las agencias a cumplir con su deber ministerial”, detalló.

García ya está en conversaciones con legisladores para impulsar cambios a la ley que creó la Oficina del Procurador del Ciudadano. Busca, principalmente, independencia fiscal para poder imponer multas y que con el dinero recaudado puedan llevar a los tribunales a aquellas agencias que no son diligentes en atender los reclamos de los ciudadanos.

“Mientras esta oficina no tenga autonomía fiscal, estamos a expensa del presupuesto. Dependemos de la buena fe del gobernante. Si tuviéramos autonomía fiscal, como el Contralor, eso ayuda a poder hacer investigaciones con mucha más rapidez. Si no tengo personal, no tengo presupuesto, no puedo ir al tribunal, la gestión que pueda hacer se queda un poco vacía al final del camino”, reconoció el procurador.

¿Cómo funciona?

El Ombudsman se creó hace 44 años para “fiscalizar administrativamente todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas”, explicó.

No tienen jurisdicción sobre la Oficina del Gobernador, la Oficina de Gerencia y Presupuesto ni lo referente a presentación de documentos ante el Registro de la Propiedad. Los gobiernos municipales tampoco están ante su jurisdicción, pero se reciben las quejas para luego canalizarlas.

Hay varias modalidades en las que un ciudadano puede hacer una denuncia: comunicándose al 787-724-7373, escribiendo al correo electrónico ombudsmanpr@opc.pr.gov o en la página cibernética ombudsapp.com. La principal es un reclamo contra alguna agencia por incumplimiento.

A modo de ejemplo, García expuso que atendieron casos contra el Departamento del Trabajo por no cumplir con los términos impuestos para atender casos del Programa de Desempleo Pandémico (PUA).

“Si el Departamento del Trabajo le dice que antes de nosotros autorizar el PUA tienes que presentar documentos en 10 días, hay que cumplir con ese requisito. Si cumple y la agencia quedó en contestar en 10 días adicionales y no lo hizo, ya eso se puede convertir en un reclamo con la oficina del Ombudsman”, expuso.

La próxima modalidad es una orientación. Ocurre cuando no se ha dado un incumplimiento de una agencia, pues al ciudadano todavía le quedan pasos disponibles para agotar. Entonces, se le asesora al ciudadano sobre los pasos que tiene que dar antes de formalizar un reclamo.

“Tanto el reclamo como la orientación van a llegar porque el ciudadano entiende que la agencia no ha resuelto, no ha atendido o la decisión no ajusta a derecho”, manifestó García.

Las coordinaciones son la tercera modalidad con la que impacta esta dependencia. Se trata de llevar la queja que haya dado al ciudadano hasta el municipio o donde el procurador que tiene jurisdicción en el tema, si es que se trata de asuntos relacionados a envejecientes, veteranos, pacientes o energía, entre otros.

¿Cómo resuelven los reclamos?

García estipuló que su misión es llevar los reclamos de los ciudadanos “hasta las últimas consecuencias”. Pero, es el diálogo con lo único que cuentan para tratar de persuadir al gobierno a actuar.

Estipuló que cuando una agencia no resuelve, entonces emprenden una investigación especial en la que se mira el problema de manera más amplia. A modo de ejemplo, informó que han abierto una pesquisa contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por el problema de recogido de neumáticos que durante meses se acumularon.

Dijo que, aunque en la actualidad el gobierno activó a la Guardia Nacional para recoger los neumáticos de las gomeras, el asunto es un problema de años para el cual no se tiene una solución final.

“Proponemos que no solo se ponga un parcho con la Guardia Nacional, que se le piden cosas que no se deben pedir, sino que se tenga una solución, máxime cuando se le impone una tarifa al ciudadano”, estipuló.

Comentó que en estas investigaciones se cita al secretario de la agencia para que dé explicaciones. En el caso del DRNA, se citaría a Rafael Machargo para que les exponga el plan de acción y que se establezca cómo ese problema no se repetiría. Pero, García reiteró que al final “se necesita otras garras” para hacer que la agencia cumpla con lo prometido, como lo son las multas.

Para atender las múltiples quejas de los ciudadanos, la procuraduría cuenta con 58 empleados y oficinas en San Juan, Hormigueros, Caguas y Humacao.

Tienen un presupuesto de $3.5 millones, que al restarle la aportación al Sistema de Retiro les deja disponible $3.1 millones. De esta partida, solo $33,000 fue adjudicada para la contratación de abogados, lo que le limita poder llevar a las agencias ante el tribunal, destacó el funcionario.

Logros y retos

Aun cuando no pueden exigir a las agencias que cumplan, García destacó que en el año y medio que lleva en funciones ha obtenido logros a favor de los ciudadanos.

A modo de ejemplo, mencionó a una residente de Guaynabo, a quien identificó como Betzaida Toledo, que le entregaron los incentivos federales que otorgaba el Departamento de Hacienda durante la pandemia, gracias a la intervención que tuvieron para que le corrigieran su apellido.

“En diciembre logramos la comunicación que queríamos con la agencia y Betzaida cobró el 31 de diciembre de 2020”, afirmó.

Asimismo, comentó que el Departamento del Trabajo les cobró a dos comerciantes $20,000 por el desempleo que habían cobrado unos empleados que se negaban a regresar a trabajar. Estos llevaron el reclamo ante el Ombudsman.

“Levantamos el planteamiento y les dio razón a comerciantes. Ahora procede que le devuelvan los $20,000 a comerciantes y una acción de cobro a las personas que cobraron el desempleo”, dijo.

También lograron que el Departamento de Asuntos del Consumidor llevara a los tribunales a un contratista que desde el 2007 le debía un dinero a una consumidora que había ganado un caso en la agencia por vicios de construcción. García relató que en marzo pasado la mujer cobró el dinero y que le dio para saldar tanto la propiedad mal construida como la que vive en la actualidad.

En casos de mayor magnitud, el exalcalde señaló que se acordó con el Departamento de la Vivienda que se les asigne a los municipios los fondos federales disponibles para que reparen las viviendas que todavía tienen como techo los toldos azules.

Informó que también se logró un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal para que la Universidad de Puerto Rico pueda entregar, bajos ciertos controles estipulados, los más de $150 millones que tiene para un fondo de becas para los estudiantes. Se espera que la distribución comience ahora en agosto.

Pero, no siempre han tenido éxito. García aceptó que no ha logrado que se le asignen fondos al Centro de Diabetes de Puerto Rico, que opera con un presupuesto anual de $338,000. Comentó que esa suma representa como 50 centavos por cada uno de los 600,000 diabéticos que hay en la Isla.

Tampoco han logrado resolver el problema que los ciudadanos tienen con la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Comentó que la entidad tiene 560 casos sin atender en los pasados tres años, debido a que no tienen recursos económicos para convocar a la junta que atendería los casos.