La Oficina del Contralor publicó el resultado de la investigación de una querella que señala que el superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Bayamón no asistió a un viaje oficial y, en su lugar, se fue a España.

La investigación reveló que el superintendente certificó gastos oficiales por un total de $1,889 -incluyendo boleto aéreo, taxi, dieta y hotel- utilizando capturas de pantalla de estimados de viaje y una certificación en la que alegó haber extraviado los recibos tras un accidente.

Sin embargo, registros de asistencia de la Cumbre de Liderazgo en Texas, la Superintendent Academy XXXI, a la que debió haber asistido del 4 al 6 de enero de 2024, confirmaron que el superintendente no participó en la actividad.

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El superintendente regional de San Juan, también autorizado a asistir a la Academia por la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Gobernación en 2023, certificó que el superintendente de Bayamón no se presentó y que este le indicó que estaría de vacaciones.

Los auditores de la Oficina del Contralor determinaron que, entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, el superintendente de Bayamón no se encontraba en Puerto Rico.

Las hojas de asistencia y solicitudes de licencia reflejaron que el 20 de diciembre se registró como licencia por enfermedad, del 21 de diciembre al 4 de enero como vacaciones, y del 8 al 10 de enero como asunto oficial.

El informe concluye que el superintendente de Bayamón justificó los gastos oficiales con información falsa. La cantidad de $1,889 fue depositada en su cuenta bancaria el 26 de diciembre de 2023. Por esta situación se pudieron haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendada, así como violaciones de otras leyes o reglamentos.

“Ante estos hallazgos, la OCPR recomienda a la secretaria de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental que evalúen el referido enviado el 3 de octubre de 2025, y que evalúen la posible violación de leyes o reglamentos. Asimismo, se recomienda al secretario de Educación que recobre el dinero anticipado y considere acciones disciplinarias pertinentes”, explica el informe.